Tramas paralelas mueven las piezas en el país de la impostura
El maestro británico de las novelas de espionaje John le Carré habrá echado una mirada a las peripecias del israelí Amit Forlit.
La saga que involucra a este veterano espía privado israelí incluye supuestas celadas a judíos ortodoxos montadas por una joven actriz en clubes nocturnos y habitaciones de hotel, presuntas operaciones contra un millonario disidente de Kazajastán, una trama que habría expuesto las relaciones turbias de un importante editor de The Wall Street Journal que perdió el puesto, mercenarios italianos, tareas para un emirato petrolero... Los expedientes sobre sus supuestas andanzas han tramitado en tribunales de Londres, Nueva York y otras ciudades, y describen escenas en latitudes múltiples.
Forlit fue detenido en el aeropuerto de Heathrow en Londres, cuando intentaba abordar un avión rumbo a Israel, informó la agencia Reuters. Pesaba sobre él una alerta roja de Interpol a pedido de un tribunal de Estados Unidos por “conspiración para cometer hacking informático” y “fraude electrónico”. El jueves pasado, un juez británico rechazó la extradición de Forlit por un motivo procesal: no fue llevado al juzgado dentro de los plazos establecidos por la ley. “No depende de mi criterio”, escribió el juez Michael Snow, citado por la agencia británica.
Amy Labram, abogado de Estados Unidos ante el tribunal, explicó un motivo central del pedido de extradición: una empresa de relaciones públicas y lobby de Estados Unidos pagó US$20 millones a las empresas de Forlit “para reunir información relacionada con la crisis de la deuda argentina”.
La información conocida no detalla si el supuesto espionaje ilegal en que habría incurrido Forlit estuvo relacionado con los holdouts de los canjes de 2005 y 2010, con quienes el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se enfrentó a muerte, o la reestructuración de bonos por US$66.100 millones llevada a cabo en 2020, sobre la deuda dilapidada por el Ejecutivo de Mauricio Macri. O si se trata de una acción más reciente, porque la crisis de deuda argentina es una película en continuado. El monto de la supuesta contratación para un trabajo de hackeo, US$20 millones, da la pauta del negocio en juego.
El pasado reciente brinda algún indicio.
La negación de Nix
Alexander Nix, ex CEO de la empresa Cambridge Analytica, quedó en el ojo de la tormenta en 2018, cuando salió a la luz que su empresa había comercializado información sobre las preferencias y costumbres de millones de usuarios de Facebook, en abierta connivencia con la empresa de Mark Zuckerberg.
El caso motivó acciones judiciales y de los parlamentos de Estados Unidos y Reino Unido. Nix se presentó el 10 de junio de 2018 ante la comisión de Digital, Cultura, Medios y Deportes de la Casa de los Comunes (diputados) británica.
El ejecutivo de Cambridge Analytica buscó mostrarse no amilanado y arremetió contra “los medios liberales del mundo” que objetaron que él y su empresa facturaran decenas de millones de dólares con un uso artero de los datos sustraídos a los usuarios de Facebook.
El presidente de la comisión, Damian Collins, introdujo el capítulo Argentina. Nix comenzó a titubear.
—¿Trabajó en Argentina?
—Sí, trabajamos en Argentina.
—¿Para quién fue?
—Como dije la última vez, generalmente no nos gusta hablar de clientes específicos, simplemente porque hay una confidencialidad con el cliente allí.
Collins indagó si Cambridge Analytica había incurrido en una “campaña anti-Kirchner” en 2015 y si había sido pagada por “algún partido opositor o alguien que buscaba cambiar el liderazgo político”. Nix balbuceó frases entrecortadas. Siguió el interrogador.
—Para ser claros: las reuniones giraban alrededor de esa premisa, que era una campaña anti Kirchner, por lo que entonces estaban trabajando para un partido de la oposición u otra persona interesada en influir en la política en Argentina que no estaba apoyando a ese Gobierno.
—Esa sería la apariencia.
El año 2015, cuando actuó Cambridge Analytica, estuvo atravesado de punta a punta por la campaña electoral y la sórdida denuncia de Alberto Nisman originada en el inútil memorándum de entendimiento con Irán y la muerte del fiscal. Si el contratante de Nix quería material para trabajar en la batalla anti Kirchner, lo tuvo a raudales. La intoxicación periodística y vía redes sociales gobernó la fraudulenta denuncia de Nisman y las conjeturas en torno a su aparente suicidio. Al año siguiente, ya en Casa Rosada, Macri cerró en tiempo relámpago la disputa con los holdouts, con el pago cash de unos US$10.000 millones.
Capas subterráneas de la realidad
La vida pública argentina se despliega en un nivel de superficie, por lo general altisonante, en el que priman enfrentamientos y miradas divergentes. Hay indignaciones republicanas selectivas y periodistas que alternan incisividad y complicidad, en el marco de una crisis del modelo económico que agobia desde hace más de una década.
No es cuestión de denunciar a Milei, sino de escucharlo
Javier Milei montó sobre ese escenario una esfera de violencia y degradación de principios básicos de una sociedad democrática. El ultra altera la convivencia con sus agresiones cotidianas y conspira declaradamente contra un país con desarrollo educativo y científico, memoria y justicia sobre sus horrores del pasado, el valor de la solidaridad y alguna aspiración de igualdad de oportunidades. No es cuestión de denunciar a Milei, sino de escucharlo.
Los indicios que se vislumbran del espía israelí detenido en Londres o el aguerrido ejecutivo de Cambridge Analytica dan cuenta de una segunda realidad que comanda los resortes del país. Son inferibles presupuestos voluminosos, pagados en última instancia con fondos argentinos que se harán cargo de compensar a sus contratados, sea por algún arreglo espurio o un fallo de un juez extranjero. Indagar en los pormenores de Cambridge Analytica o el personaje Forlit parece quedar fuera del alcance y probablemente la voluntad de los tribunales y el periodismo argentinos.
“Juanjo, va la presentación”
En 2015, una mayoría ajustada de la sociedad mostró un profundo rechazo al kirchnerismo y cualquier factor asociado. Relatado como portador del “hartazgo”, en apariencia vigente y ampliado, el bloque opositor hizo blanco en una economía mediocre en el último mandato de Cristina, un “Estado presente” que mostraba falencias palmarias —un atroz accidente de tren en Once, el mediocre rendimiento educativo, la calidad del empleo— y un Gobierno que le ponía épica hasta a los contratos amañados con socios y amigos de la familia Kirchner. El pueblo eligió a un hombre con historia para encabezar la regeneración ética y democrática: Mauricio Macri.
La esperanza puesta en un excontratista del Estado con varios procesos por corrupción en su haber y una gestión en la Ciudad anegada por el marketing y la pauta oficial terminó como cualquier persona no dispuesta al autoengaño podía presumir: pobreza disparada, multiplicación de la deuda externa, lucrativos negocios a medida de ciertos Macri & Co y una enorme degradación institucional vía el vandalismo judicial y de Inteligencia.
En 2015, una mayoría ajustada de la sociedad mostró un firme rechazo al kirchnerismo y cualquier factor asociado. Relatado como 'hartazgo', sigue vigente y ampliado
Una simple resolución del primer ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, determinó un subsidio de US$1.500 millones recibidos por Techint en su proyecto de gas en Vaca Muerta. Las cosas se hicieron tan llamativamente mal, que la empresa de Paolo Rocca inició una demanda al Estado por un cambio de último momento ejecutado por el Gobierno de Macri, por otros US$640 millones. El expediente late en tribunales.
“Juanjo, va la presentación”, escribió un ejecutivo de Techint a “Juanjo” Aranguren el 27 de marzo de 2017. “Gracias. Recaudos totalmente entendidos”, respondió el ministro. Ese diálogo impropio transcurría mientras se determinaba el marco legal que daría lugar al subsidio, y fue introducido por Techint como prueba a su favor en la demanda por US$640 millones.
Tomó la posta el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina, que pagó sin objeción los subsidios decididos por Macri y Aranguren para Techint. El desquicio de la batalla interna, cotidiana, nimia y egocéntrica marcó el destino del Ejecutivo del Frente de Todos que venía a dar vuelta para siempre la página neoliberal. Curioso. Tanta enjundia de la vicepresidenta para escudriñar hasta la autoría de un whatsapp fuera de tono y ni una palabra del respeto irrestricto por grandes trazos del modelo energético pergeñado por Aranguren, decisión administrada por los delegados de La Cámpora en la Secretaría de Energía.
Fumata espesa
La Argentina encontró otro porteño para expresar su hartazgo y su indignación republicana tras las experiencias de Macri y los Fernández: Javier Milei.
En una semana para el olvido, la diputada Margarita Stolbizer sentenció lo que fue para ella “la votación más importante de la ley Bases”. Para la diputada del GEN ingresada en las listas de Juntos por el Cambio, exradical, pretendido rostro progresista del antikirchnerismo, “la votación más importante” fue “reincorporar el impuesto al tabaco”.
La ley ómnibus aprobada en Diputados amenaza al sistema científico, la producción de energía nuclear e infinidad de programas sociales; se propone privatizar o liquidar empresas como AySA y ferrocarriles; eterniza el sablazo a las jubilaciones del último cuatrimestre; rebaja hasta su casi extinción el impuesto a la riqueza; pero para Stolbizer —que votó afirmativamente el proyecto Bases—, el factor decisivo pasaba por el impuesto al tabaco.
Milei fue y vino con respecto a la modificación de la carga impositiva a la venta de cigarrillos. Vía cautelares judiciales, el esquema vigente benefició en los últimos años a Tabacalera Sarandí, propiedad del empresario Pablo Otero, en detrimento de la posición de mercado de Massalin Particulares y British American Tobacco (BAT).
En una primera versión de la ley Bases, para Milei, terminar con el negociado del “Sr. Tabaco” (Otero) era crucial para refundar al país. El proyecto corregido eliminó ese objetivo, sin que los entrevistadores habituales del Presidente se molestaran en preguntarle el porqué del giro, ni tampoco al obediente bloque PRO, en el que descollan Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.
Todo el trámite fue turbio e invita a sospechar sobre el poder de lobby de los comercializadores de cigarrillos, que sirvió para movimientos extraños y una llamativa divergencia en el bloque de Unión por la Patria.
El nudo del conflicto es que la ley 27.430 de 2017 establece un monto fijo alto del impuesto al tabaco actualizable por inflación, o un porcentaje del 70% del valor de venta, lo que sea más alto. Como Massalin (marcas de cigarrillos Philip Morris, Marlboro, Chesterfield) y BAT (Rothmans, Lucky Strike) apuntan a un segmento más alto, asumieron el impuesto en el precio, a diferencia de Tabacalera Sarandí (West Red, Red Point, Master), cuyos productos se venden a menos de la mitad de los de sus competidores internacionales. Otero, que se define empresario pyme pese a que Tabacalera Sarandí ocupa un gran porcentaje del mercado de cigarrillos y tiene 400 empleados, logró suspender la aplicación del cargo fijo gracias a jueces como Ariel Lijo, lo que le abrió camino a ganar ventas.
Los grupos Clarín y La Nación, la Coalición Cívica, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el ocurrente Rodrigo de Loredo lo dieron todo para terminar con el privilegio de Otero. Como resultado, con una ajustada mayoría transversal construida por cívicos, la mayor parte de los radicales, un quinto de los peronistas y varios provinciales, la Cámara de Diputados derogó el martes pasado el impuesto fijo y elevó la tasa de cobro de 70% a 73%.
Es decir, la media sanción en Diputados otorga condiciones impositivas más parejas entre Tabacalera Sarandí, BAT y Massalin Particulares.
La duda esbozada por conocedores del mercado tabacalero es que la recaudación de un gravamen que se impone por razones fiscales y sanitarias (para desalentar el consumo de cigarrillos) podría ser menor si la ley avanza en el Senado y Milei la promulga. En un mercado propenso al a subfacturación, un cargo fijo garantiza un piso recaudatorio. Ahora, al quedar una tasa atada al precio, la cosecha podría ser más baja y obligaría a un Estado en pleno proceso de desmantelamiento a controlar fraudes.
En principio, ganan Massalin y BAT, porque a Otero se le acaba un privilegio, pero podrían perder todos los argentinos en sus bolsillos y su salud.
El “Sr. Tabaco” es pintado como el demonio del lobby, cualidad de las que están al parecer eximidas las impolutas Massalin Particulares y BAT, según se desprende de la gesta del bloque “Déjese Ayudar, Presidente”, Clarín y La Nación.
La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa.
SL/DTC
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