Corte y FMI: desmanes ultras imperan ante una oposición atascada

El Gobierno se metió en una encerrona con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. Para el primero, el número de apoyos en el Senado parece factible, pero difícil. Más allá de complicidades que atraviesan todos los bloques, entran a jugar intereses contrapuestos, como un playmobil fallado en el que siempre queda una pieza suelta y reclama lo suyo. En cuanto el segundo, el necesario aval de los dos tercios del Senado asoma imposible.

Al haber optado por la designación vía decreto, la situación se complica todavía más. El bloque de poder queda girando sobre sus contradicciones.

García-Mansilla cuenta con el aval de la elite económica y los sectores más conservadores del ámbito judicial, político y religioso. Esa facción se metió de lleno en su tradicional simulación de preocupación republicana para rechazar el nombramiento de Lijo como supremo, a quien reprochan sus terminales en sindicatos, tribus peronistas y negocios conurbanos que no se sientan a la mesa de la Asociación Empresaria Argentina, ni remiten al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sello que agrupa a los estudios corporativos con más pedigree.

El desembarco de comisionados del Ejecutivo en el máximo tribunal dispuesto por los hermanos Milei deja atónito al establishment. A saber, ¿qué espacio le queda al mutimedios La Nación para denunciar un contubernio a favor de Lijo, si el atajo corona una silla en el máximo tribunal para un abogado vinculado al Opus Dei y la industria del petróleo? Aunque parezca mentira, García-Mansilla era, hasta el momento de su postulación, director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), puesto desde el que negociaba intereses empresariales con sindicatos, gobernadores y proveedores que pueblan causas sobre las que ahora deberá expedirse.

¿Qué espacio le queda al mutimedios La Nación para denunciar un contubernio a favor de Lijo, si el mecanismo de designación corona una silla en el máximo tribunal para un abogado vinculado al Opus Dei y el petróleo?

Bajo un régimen de torcimiento de voluntades y fugitivos en Paraguay, todo puede pasar en el Senado, pero la oposición está cerca de llevar el pliego de García-Mansilla al recinto y rechazarlo. Si eso ocurre, el Gobierno y los animadores televisivos que lo acompañan argumentarán que la designación en comisión es válida hasta noviembre. Podrán decirlo, pero ante los ojos del mundo, incluidos tribunales internacionales, el postulado de que los pintorescos Milei vulneran las reglas básicas de la democracia habrá encontrado un argumento incontrastable.

“Peteco” acerca ideas

El correntino Eduardo “Peteco” Vischi, presidente del bloque de senadores de la UCR, imaginó una vía para que Gobierno saliera de la encerrona por arriba: solicitar por nota al Ejecutivo que retire los pliegos de García-Mansilla y Lijo, de modo que la designación “en comisión” no choque con un rechazo explícito en la Cámara Alta.

La propuesta de Vischi en una reunión de su bloque de trece miembros causó entre indiferencia y estupor, y no porque entre sus pares falten voluntades para darle una mano a Milei.

Ocurre que Vischi quedó escaldado hace diez días, luego de presentar un proyecto para formar una comisión investigadora por la presunta criptoestafa de Milei y, horas más tarde, votar en contra de su propia iniciativa. En un cuerpo que funciona bajo la sombra de Edgardo Kueider, el peronista fugitivo aliado de Milei atrapado en la frontera con Paraguay escondiendo dólares, la pirueta de “Peteco” dejó secuelas. A ello se suma que la santafesina Carolina Losada, del sector “republicano” anti-Lijo, le desconfía porque el presidente del bloque firmó el dictamen para aprobar el pliego del alfil de Comodoro Py.

En una dinámica de desconfianza mutua en el arco paraoficialista que incluye a libertarios, PRO, casi toda la UCR, provinciales y disidentes peronistas —dato útil bajo el precepto “divide y reinarás” para un Gobierno que necesita consolidar un bloque por las buenas o por las malas—, a Vischi —como a otros— le atribuyen más margen de acción propio del que parece. El supuesto seguimiento autómata de lo que le indique el gobernador de su provincia, Gustavo Valdés, radical sometido a la tensión de encontrar un sucesor, deja al senador en un lugar poco edificante, pero lo exceptúa de explicar sus salidas de gira. Si son los propios senadores quienes tiene un canal propio de negociación con el Gobierno, la historia cambia.

Con ese background, diputados y senadores deberán lidiar con una ampliación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional.

Trump-Caputo-FMI, toma dos

A los Milei se les ocurrió anunciar que el Ejecutivo enviaría al Congreso un DNU para cumplir con la exigencia de la aprobación parlamentaria de un aumento de la deuda externa bajo jurisdicción extranjera, según lo establecido en una ley votada casi por unanimidad en 2021.

La norma, conocida como “ley Guzmán”, fue concebida con la idea de no repetir una estampida de deuda externa como la gestada durante el Gobierno de Mauricio Macri para saldar la avidez del carry trade por la que inversores obtuvieron ganancias siderales en dólares. Responsables tanto de aquel y como del actual Gobierno se atrevieron esta semana a cuestionar el procedimiento.

El anuncio de Milei es un oxímoron. Si quiere cumplir con la legislación y la Constitución, el Poder Ejecutivo envía al Congreso proyectos de ley, no decretos de necesidad y urgencia con el argumento de que la discusión parlamentaria “tarda mucho”.

El “mejor Gobierno de la historia” que “hizo el mayor ajuste de la historia”, tiene “el mejor ministro de Economía de la historia” y logró una economía que “viaja al 5,5%” no debería tener ni necesidad ni urgencia de aprobar un préstamo a hurtadillas, salvo que, en realidad, no se crea su megalomanía y esté computando cómo las reservas en el Banco Central cayeron US$1.500 millones en lo que va del año, quedando en una posición cada vez más parecida a la recibida en diciembre de 2023.

En 2018, el crédito fue para afrontar los compromisos asumidos por la emisión masiva de bonos orquestada por Caputo entre 2016 y 2017, y ahora, servirá para descomprimir una agenda de pagos con el FMI del acuerdo sellado por Caputo en 2018

El vaciamiento absoluto de las palabras en que incurre el Ejecutivo ultraderechista tiene un correlato en la proclama de que los US$10.000 millones a US$20.000 millones, que se sumarán a los US$40.000 millones otorgados por el Fondo a Macri, “no incrementarán la deuda, sino que sanearán las cuentas del Banco Central”.

En los hechos, se anula una deuda intra sector público —del Tesoro con el Banco Central— registrada en letras intransferibles, y se pasa a deber dólares reales a un acreedor externo que impone metas y condiciones.

La similitud con situaciones pasadas llega a la cúspide ante el hecho de que un Gobierno de Estados Unidos en manos de Donald Trump vuelve a motorizar un préstamo de los más abultados de la historia del FMI a un aliado político en Argentina, cuyas finanzas están a cargo de Luis Caputo. En 2018 el crédito fue para afrontar los compromisos asumidos por la emisión masiva de bonos orquestada por Caputo entre 2016 y 2017 y, ahora, servirá para descomprimir una agenda de pagos con el FMI del acuerdo sellado por mismo Caputo en 2018.

A favor del Gobierno ultra, la situación actual conlleva una diferencia con las traumáticas experiencias. El blindaje en 2001 y el préstamo a Macri en 2018 fueron para solventar a gobiernos que no podían domar el gasto público, entre otras razones, porque sus políticas recesivas aumentaban el déficit por la caída de ingresos.

El sistema financiero y el FMI en particular le reconocen a Milei el crédito que da la motosierra durante su primer año de gestión, que rebanó cinco puntos de gasto público como pocas veces en la historia. Los prestamistas confían en que el superávit llegó para quedarse. Las dudas que se abren al respecto son enormes, porque, además del daño a los ingresos, la salud y la educación, las infraestructuras se resquebrajan sin inversión, pero “el mercado” entra en modo terraplanista cuando decide hacer como si no existiera la aceleración de la pérdida de reservas del Banco Central. Caputo dice que esta vez los fondos del Fondo no se quemarán para cubrir el déficit de dólares. ¿Por qué no creerle?

Cámara de Pandora

En el Senado, el bloqueo del DNU del FMI está en el horizonte de posibilidades, pero nadie se anima siquiera a sugerir que la Cámara de Diputados hará lo propio.

El Gobierno cuenta con varias capas de aliados a las que apelar. Desde el vamos, a los bloques PRO-La Libertad Avanza, se suman los denominados radicales con peluca y los Vendidos del PJ Tucumano. La oferta de provincialistas de Córdoba, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz siempre está, y si ese armado falla porque algún gobernador se va de las manos, acudirán al rescate las bancadas “Darle las Herramientas al Presidente” de la UCR que conduce Rodrigo de Loredo, los “moderados” que remiten a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica y, acaso, Margarita Stolbizer. Y si la cosa se complica, habrá fluctuantes del PJ de Catamarca o Santiago del Estero, o la UCR más opositora (Facundo Manes), que, llegado el caso, bien podrían dividirse o ausentarse.

El antidemocrático régimen que da por aprobado los DNU salvo que ambas cámaras lo rechacen explícitamente fue obra de un proyecto de Cristina, entonces senadora, en 2006

A esa debilidad parlamentaria se suma la debilidad argumentativa de Cristina, que se va transformando en una invariante y explica, entre otras cosas, el insólito silencio de la presidenta del Partido Justicialista ante el DNU del FMI y los desmanes en torno a Lijo y García-Mansilla. Un silencio que, al menos, evita caer en el terreno vulgar que proponen los Milei con las alocuciones de la expresidenta bajo el vocativo “Che, Milei”, mayúsculas y groserías.

El antidemocrático régimen que da por aprobado los DNU salvo que ambas cámaras lo rechacen explícitamente, con amplia discrecionalidad para que se efectivice el tratamiento en el recinto, fue obra de un proyecto de Cristina, entonces senadora, en 2006. El instrumento fue utilizado bastante por Néstor Kirchner, menos por la expresidenta, algo por Alberto Fernández enfocado en la pandemia, pero cobró una fuerza inusitada con Macri, cuando, no bien asumió, derogó por esa vía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada tras una profunda discusión y por amplia mayoría.

Los Milei llevaron el abuso a otra escala, con el DNU 70 de diciembre de 2023, que modifica decenas de leyes, otorga poderes desorbitados al Ejecutivo y alberga pretensiones constitucionales, y sigue vigente porque la Cámara de Diputados no lo trata y la Corte Suprema cajoneó los reclamos de inconstitucionalidad. En un nuevo capítulo, el país se encuentra a las puertas de asumir un nuevo zarpazo de deuda a través de un DNU, gracias a la laxitud del mecanismo arbitrado en 2006.

Fuerte, débil y todo lo contrario

La conformación de la Corte y el nuevo acuerdo con el FMI, dos ejes de la agenda de días pasados y de los que vienen, ponen sobre la mesa la pregunta sobre un gobierno débil o fuerte.

¿Fuerte porque arremete con dos delegados ante la Corte Suprema designados por decreto, o débil porque su vandalismo institucional queda expuesto y podría tornarse inútil? ¿Fuerte porque logra el aval del sistema financiero y de Trump para estirar la apreciación del peso hasta las elecciones, o débil porque Caputo siempre parece retornar al punto de partida?

La criptoestafa $LIBRA también orienta una dicotomía entre la fortaleza que supone la impunidad, o la chapucería que retrata a los hermanos Milei como memes de un probable fraude en medios de todo el mundo.

Las incógnitas sobre quién es quién y cuánto pesa cada uno en el sistema político podrán comenzar a esclarecerse en el transcurso de año electoral, que tiene a la elección de legisladores porteños como una de las primeras citas, el 18 de mayo.

Una hipótesis plausible es que las pujas internas del sello en construcción La Libertad Avanza más la competencia directa por un mercado electoral similar con el PRO y gran parte de la UCR Colaboradora encenderán fricciones, que se disolverán cuando los diputados y senadores electos en octubre ocupen sus bancas y los respectivos bloques retomen la sintonía. De Cristian Ritondo a Patricia Bullrich, de Karina Milei a María Eugenia Vidal, de De Loredo a Martín Llaryora podrán decirse cosas feas en los meses que siguen, pero luego se sentirán convocados por “la ética de la responsabilidad”. Ya ocurrió.

O acaso la batalla podrá dejar heridas profundas.

Una pirómana por excelencia, Lilia Lemoine, la diputada preferida de los Milei, probó un límite de la bajeza cuando atacó a Jorge Macri días atrás.

A su vez, Bullrich lanzó un dardo virtual contra “Macri, Mauricio”, en medio de la pelea por el manejo de la Policía de la Ciudad, la construcción de cárceles y la fuga de presos. Dadas las responsabilidades del PRO en la Nación y en la Ciudad en los últimos veinte años y, en particular, el papel de Bullrich en Seguridad, la pulseada no resiste el menor análisis.

La ministra cerró el ataque con un desliz sugerente. “Gestionar seguridad no es diseñar uniformes”.

En el momento en que Bullrich escribía el mensaje, se definía una licitación para renovar la totalidad de los uniformes de la Policía de la Ciudad, que tendrán nuevos colores y diseños.

“Todos los años se renuevan 2.000 a 3.000 elementos de los uniformes, pero ahora licitan 30.000 completos por US$ 7 millones porque no les gustan los colores”, marcó una voz crítica del proceso, que ve una invención de un negocio para oferentes cartelizados. En cualquier caso, un privilegio estético que sólo puede otorgarse el único distrito del país que vio incrementar los ingresos por transferencias nacionales en 2024, producto del acuerdo alcanzado con los Milei a instancias de la Corte Suprema.

Jorge Macri sigue de cerca el presupuesto de Seguridad en la Ciudad, que no para de crecer para desesperación de subtes, escuelas y hospitales, a través de dos hombres que lo acompañan desde su gestión en Vicente López, Raúl López Presa y Claudio Panichelli, secretario de Coordinación y Subsecretario de Administración de la cartera, respectivamente.

Otra fuente al tanto del proceso licitatorio califica como necesaria y justificada la renovación total de uniformes por razones de practicidad y presencia, resalta la participación de varios oferentes en la compulsa y atribuye a una operación de Inteligencia la intención de plantar la semilla de la duda.

La alusión remite ineludiblemente a que Diego Kravetz recaló en la Secretaría de Inteligencia en enero pasado, proveniente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jorge Macri, tras un año de conflictos con Waldo Wolff, ministro del área hasta días atrás.

Posicionamientos de la campaña que se inicia. Podría darse que los forcejeos entre la derecha y la ultraderecha sean ornamento de campaña, o que alcancen un volumen ingobernable y la chispa encienda la pradera.

SL/DTC

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