Antecedentes para el futuro de CFK en Casación y la Corte: celeridad con Boudou y extensas demoras con Menem
Tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso Vialidad llegará en 2023 a los tribunales superiores para la revisión de la sentencia, que también incluye su absolución por el delito de asociación ilícita. A las características inéditas del juicio contra una vicepresidenta en ejercicio del poder, se suma el contexto del año electoral, el renunciamiento de la candidatura de la líder del kirchnerismo que obligará al reordenamiento político y la profundización del enfrentamiento de la expresidenta con los jueces que deberán definir su sentencia firme y por ende, la ejecución de su pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tres jueces de la la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país- y la Corte Suprema serán los encargados de confirmar o revocar la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2. Aunque el caso de Fernández de Kirchner tiene características únicas, estos mismos tribunales, han intervenido en condenas y absoluciones del expresidente Carlos Saúl Menem y en la condena al exvicepresidente Amado Boudou, tal vez los casos más aproximados al de Fernández de kirchner por el peso del poder político del primero y el cargo del segundo.
elDiarioAR revisó los tiempos que se tomaron estos dos tribunales para revisar la condena a Boudou en el caso Ciccone y las condenas y absoluciones a Menem en los juicios orales y públicos del contrabando de armas a Ecuador y Croacia; la encubrimiento del atentado a la AMIA; los sobresueldos; y la venta del precio de La Rural.
El resultado fue muy disímil. Mientras que la condena a Boudou quedó firme en el lapso de dos años y medio, en los casos de Menem las dilaciones del sistema judicial encontraron el camino para incluso garantizar absoluciones en vida o extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte en expedientes que llevaban más de dos décadas abiertos.
Debido a que el historial completo de los expedientes penales que llegan a la Corte no está registrado en una única base de datos pública, elDiarioAR realizó este relevamiento a través de la búsqueda de los expedientes en el sistema público de consulta del Poder Judicial de la Nación; el archivo del Centro de Información judicial (CIJ); el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia de la Nación; el sitio web de consulta del Ministerio Público Fiscal; la consulta a jueces, fiscales, abogados defensores que intervinieron en las causas; y fuentes de la Corte Suprema de Justicia.
Ciccone: firme en dos años y medio
El exvicepresidente Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación.
Con los votos de dos de los tres jueces del tribunal (Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabel), ordenaron su inmediata detención. La jueza María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia.
El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.
Tras la condena, la defensa recurrió a la Cámara Federal de Casación y pidió su absolución pero la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó las condenas en julio de 2019, once meses después de la sentencia. Estos mismos jueces de Casación deberán analizar la condena a Fernández de Kirchner en Vialidad.
La defensa de Boudou volvió a recurrir la confirmación de la condena ante la Corte. El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados y dejó firme la condena en diciembre de 2020.
Armas: el juego de los plazos
El expresidente Menem murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por “plazo razonable” que le dictó la Cámara Federal de Casación en octubre de 2018 seguía circulando por el máximo tribunal, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación.
Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”, mientras que el juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.
La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.
El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. El máximo tribunal no llegó a revisar la decisión final en el caso y Menem murió absuelto.
La causa armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita, estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió rápidamente.
En 2007, luego de que la causa pasara al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años.
En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.
El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, vinculada a la supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
La Rural: 2,9 años y sigue
Menem fue condenado en marzo de 2019 a una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de peculado por la venta a precio vil del predio de La Rural durante su mandato. El Tribunal Oral Federal número 2 también condenó al exministro de Economía, Domingo Cavallo, por lo que el expediente continúa tramitando en la Corte a pesar de la muerte de Menem.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini determinaron que la venta del inmueble ocasionó pérdidas al Estado por cerca de US$100 millones. La causa se había iniciado 18 años antes, en 2001.
En diciembre de 2019, los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación revocó por mayoría las condenas y sobreseyó a Menem y a Cavallo. Fue por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Juan Carlos Gemignani planteó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y votó en disidencia con sus colegas.
Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, el caso llegó a la Corte en julio de 2020. Menem murió siete meses más tarde sin que el máximo tribunal llegara a tratar el caso para revisar si debía ser condenado. El expediente continúa circulando por la Corte. El último movimiento registrado es del 20 de noviembre último. Aún no hay fallo para dejar firme la absolución de Cavallo.
Sobresueldos: siete años y sigue
El expresidente y Cavallo fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015 por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Fueron acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.
Tres años más tarde, en octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.
En diciembre de 2018, el caso llegó a la Corte. Desde entonces, el expediente circula por la Corte. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, quien ya remitió su posición sobre si las condenadas y la absolución deben ser ratificadas o revocadas.
El último movimiento del expediente en la Corte es de mayo de 2022.
Encubrimiento AMIA: casi 3 años y sigue
Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. El febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos.
El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.
La causa aún está en la Cámara Federal de Casación, que celebró las últimas audiencias en noviembre último para escuchar a los acusadores, que recurrieron la absolución de Menem y otros acusados. Los jueces deberán dar su fallo pero Menem ya no será sometido a la Justicia.
ED
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