Denuncian a Rodríguez Larreta por haber tercerizado 9900 vacunas en siete sanatorios y obras sociales

La acusación judicial es contra el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Salud Fernán Quirós. Fue presentada por la abogada Natalia Salvo. Es por la supuesta “privatización del acceso a la vacunación contra el coronavirus”. La denuncia apunta contra una medida controversial del gobierno porteño: haber acordado con siete sanatorios privados y obras sociales para que les apliquen, a sus afiliados en forma exclusiva, las vacunas contra el Covid-19. ¿Cuántas dosis cedió el Estado porteño a esas instituciones? Según le dijo el oficialismo a elDiarioAR, fueron 9900 vacunas.

Desde el larretismo explicaron que se trata de una política de descentralización. Y agregaron que las instituciones elegidas (en realidad, las que se postularon) deberán seguir los criterios de prioridad establecidos por la Ciudad. Es decir, que tanto las vacunas administradas por el Estado porteño como por los siete privados tendrán un destino común: en esta primera etapa, las dosis estarán destinadas a los mayores de 80 años. Ese universo etario es de unas 150 mil personas en la Capital. Las 9900 vacunas repartidas abarcan el 6,6% de tal población de riesgo.

La oposición, al igual que la denuncia presentada en Comodoro Py, argumenta que la tercerización del larretismo genera una desigualdad de acceso: más facilidades para los socios de las prepagas y las obras sociales, en comparación con los más-80 sin esa capacidad. La web del sistema de turnos porteño colapsó el viernes pasado. 

El acuerdo entre el oficialismo abarca al Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Sanatorio Güemes y CEMIC; más las obras sociales OSECAC (empleados de comercio) y OBSBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires).

Fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad explicaron a elDiarioAR que se ofreció a todas las obras sociales y los sanatorios privados la posibilidad de descentralizar allí la aplicación de vacunas a sus afiliados. Esas instituciones debían ocuparse del protocolo de logística, transporte y refrigeración de las dosis. Aceptaron siete prestadoras, que son las que figuran en la web, y están invitadas a sumarse al convenio todas las otras prestadoras.

Esas mismas fuentes explicaron que la distribución de dosis se hace de acuerdo a la cantidad de afiliados que cada prestadora tiene en los grupos que van sumándose a la campaña de vacunación. “En este caso, nos pasan la nómina de los afiliados +80 y distribuimos en base a eso”, dijeron. 

A la vez, desestimaron la posibilidad de que en esas prestadoras empiece a vacunarse antes que en la Ciudad en general a los grupos que siguen, por ejemplo, los mayores de 70 años.

“No es que las prepagas prestan el espacio físico para vacunar. Directamente administran un bien escaso como el de las vacunas. Es una privatización que genera desigualdad entre los clientes y los otros. Si tenés prepaga no se te cae el sistema”, opina Salvo. 

La abogada Salvo es la representante del empresario Pedro Etchebest, quien denunció al fiscal Carlos Stornelli y a Marcelo D'Alessio por extorsión. La denuncia contra Rodríguez Larreta y Quirós les imputa el delito de mal desempeño de funcionario público, que prevé una pena de 6 meses a 2 años.

En paralelo, la diputada porteña del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes. Exigió que el Gobierno de la Ciudad indique cómo se realiza el reparto y el control de la aplicación de la vacuna en las empresas de medicina prepaga y obras sociales.

“El escándalo de privilegios que estalló en el ámbito de la nación ahora tiene sus repercusiones en la Ciudad, donde parece haberse privatizado el sistema de vacunación”, se quejó Bregman. 

AF