El Gobierno ratificó que Milei vetará la mejora para los jubilados y que si el Congreso insiste, habrá recortes “de todo tipo”

La oposición en la Cámara de Diputados puso en jaque al Gobierno al aprobar el miércoles en sesión un proyecto para establecer una nueva la ley de movilidad jubilatoria. Esta iniciativa busca recuperar los ingresos jubilatorios afectados por la inflación desde diciembre pasado, algo que complica aún más el panorama político para la gestión de Javier Milei.

Ante esta situación, el Presidente fue contundente y prometió vetar la medida si el Senado la convierte en ley: “Me importa tres carajos”, declaró, calificando a los legisladores que apoyaron la medida como “degenerados fiscales”.

Esta mañana fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió a confirmar el sentido de los dichos de Milei, con otras palabras, claro: “Obviamente el Poder Ejecutivo la va a vetar, como anticipó el Presidente, no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese incremento porque no tiene los recursos. Entonces, en principio, la va a vetar y después habrá que ver cuál es el proceso que sigue: si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos, entonces el Gobierno deberá cumplir la ley y en ese caso la decisión del Presidente es mantener el equilibrio fiscal y cortar otras partidas presupuestarias para pagar eso”.

En una entrevista con LN+, el periodista Eduardo Feinmann le preguntó a Francos “qué partidas podrían llegar a cortar” y el funcionario respondió: “Las que aparezcan, de todo tipo”.

El Congreso tiene la facultad de ratificar la ley si obtiene dos tercios de los votos en ambas cámaras, un objetivo que algunos creen alcanzable. El acuerdo político entre la oposición dialoguista y el peronismo permitió avanzar con la media sanción en Diputados. La nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, que reemplaza el mecanismo impuesto por decreto por Milei, se votó tras una intensa jornada de debate. El proyecto propone una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una compensación extra del 8,1% para cubrir la inflación de enero.

El veto presidencial, un recurso usado por todos los presidentes desde la vuelta de la democracia, no significa necesariamente que una ley no pueda ser aprobada. Si ambas cámaras insisten en su sanción con dos tercios de los votos, el Ejecutivo debe aceptarla y reglamentarla. En la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados, junto con otros aliados, sumando un total de 85 votos a favor del gobierno, dejando al resto con 172 legisladores. Desde la vuelta de la democracia, el veto presidencial se ha utilizado 390 veces, siendo ratificado por el Congreso en 39 ocasiones.

La posibilidad de que el Congreso ratifique la ley tras un veto presidencial añade una nueva capa de incertidumbre al ya complejo escenario político, subrayando los desafíos que enfrenta el gobierno en su intento de mantener el equilibrio fiscal y gestionar los recursos disponibles.

JJD