Guzmán, el Fondo y un frente que no puede cumplir con todos

A Alberto Fernández el optimismo lo acompañó hasta que bajó de las escalinatas del avión. Apenas aterrizado, el Presidente vio cómo la presión devaluatoria llevaba el dólar a 200 pesos y la brecha escalaba otra vez hacia el 100%. Su amigo, el radical Miguel Pesce, decidió prohibirle a los bancos que compren dólares y darle un “biandazo” a la cotización de la divisa para bajarla unos centavos el viernes. 

El Presidente volvió de su gira satisfecho por el anuncio de inversiones en hidrógeno verde que le acercó el lobbista Agustín Pichot y por las recomendaciones que los países del G20 le hicieron al Fondo en su declaración final. Junto con el embajador argentino en Washington Jorge Arguello, confía todavía en que el organismo de crédito que le prestó a Mauricio Macri 57.000 millones de dólares tenga un gesto de piedad con el país del Papa Francisco. Bastante más cauto es Martín Guzmán, el ministro de Economía que advierte cómo la arquitectura financiera global responde a los intereses de los poderosos y está lejos de concretar el giro humanista que prometía Kristalina Georgieva. 

Dueño de nervios de acero, Guzmán regresó del viaje a Roma convencido de que Joe Biden no ayudará a la Argentina y más consciente que nunca de las debilidades de Georgieva en el frente interno. La titular del Fondo enfrenta la ofensiva del establishment motorizada por el trumpista David Malpass y el poderoso David Lipton, número 2 de la secretaria del tesoro norteamericana Janet Yellen. Con una sucesión de traspiés que lo golpearon en los últimos meses y tienen impacto en las elecciones estaduales, el propio Biden busca consuelo en Francisco y los halcones se fortalecen en la disputa más grande. Georgieva, que llegó a su sillón con el aval de los países de Europa, nunca tuvo el apoyo de Estados Unidos. 

El drama argentino queda lejos de las prioridades y Guzmán lo sabe. “No hay una bala mágica”, le dijo el ministro de Economía a su regreso a uno de los pocos funcionarios de Fernández que se quedó en Buenos Aires. Se refería a la negativa del Fondo a abrir un programa específico para la Argentina como el que reclaman sin eco desde el fin del mundo Cristina Fernández y Máximo Kirchner. La postura de Guzmán es la de cerrar un entendimiento y esperar a que se active finalmente el Fondo de Resiliencia que pidió crear el G20 para migrar, en ese hipotético caso, una parte del programa a ese esquema de mayores facilidades. 

Guzmán libra una disputa en dos direcciones a la vez. Por un lado, quiere que el Círculo Rojo entienda la necesidad de respaldar la postura argentina en lugar de presionar para que el gobierno ceda al pliego de condiciones que fija el Fondo. A eso alude cuando repite la necesidad de construir un Estado-Nación y dejar atrás el sálvese quien pueda. El discípulo de Joseph Stiglitz no solo considera que la oposición más dura está jugando para el rival. Además, advierte que los dueños de empresas y factores de poder que defienden un mal acuerdo con el organismo de crédito se están dañando a sí mismos. 

Algo es seguro: lo que viene después de las elecciones es un escenario de mayor tensión. Si el default sería un shock muy duro, sostiene Guzmán, un acuerdo que obligue a una dosis de sacrificio desmedido sería como desangrarse con un impacto aún más definitivo y el valor de las empresas también se desmoronaría. El respaldo que sueña el gobierno precisa de un liderazgo empresario que hoy no abunda pero también que el oficialismo se ponga de acuerdo consigo mismo. La contradicción en el FDT es tan evidente que los aliados que sonríen un día ante el Presidente en la Casa Rosada y hasta se convierten en voceros oficiales son señalados al día siguiente como responsables de la inflación.   

Guzmán no le cierra a casi nadie. Es demasiado fiscalista para el cristinismo y demasiado intransigente para los voceros del mercado. “Yo no me endurecí. Siempre sostuve la misma postura. El gobierno no va a firmar algo que no pueda cumplir”, responde. Guzmán no lo dice pero piensa que hace falta una mayor presión social para que los factores de poder se encolumnen detrás de la postura del gobierno en la negociación con el Fondo. Que los votantes del oficialismo sean protagonistas de la discusión que hasta hoy se dio siempre entre cuatro paredes: entre la cúpula del FDT y entre el gobierno y el Fondo.

La otra disputa de Guzmán es puertas adentro y conspira contra el objetivo de que las empresas y la oposición respalden al gobierno. La vicepresidenta y su hijo Máximo sostienen que el Fondo lo señalan como el culpable del ajuste que llevo a la derrota electoral. 

Al lado del ministro aseguran que si fuera por él también pediría 200 años para pagar la deuda pero se discute en base al deseo. “Yo puedo pedir o puedo querer pero se construye lo que se puede construir. No tenemos el poder para hacer lo que quisiéramos”, dicen. 

A una semana de las elecciones que decidirán parte del futuro del gobierno, nada es seguro y todo está en duda. Desde la propia continuidad de Guzmán hasta la cotización del dólar y la cohesión del Frente de Todos. La rara alianza pancristinista no encontró hasta el momento otra variante que seguir apostando a Guzmán, más allá de -o quizás precisamente por- sus diferencias internas. La única certeza del gobierno es que a partir de marzo se acaban los dólares para seguir pagando vencimientos de la deuda monumental que dejó Macri. Guste o no, la posibilidad de entrar en un proceso de “arrears”, la cesación de pagos con el Fondo, está sobre la mesa. Para un oficialismo que no se quiere despedir de 2023, la disyuntiva es ceder ante el FMI ahora y entregarse manso a una transición en la que se da por perdida la elección presidencial o negarse a hacer un ajuste de las proporciones que reclama el mercado y aguantar con el propósito de que la bomba le estalle al próximo gobierno. ¿Qué prefiere el Presidente? ¿Y su vice?

En Economía, aseguran que los temblores que provoca el dólar paralelo no se condicen con los números de la actividad económica: la recuperación es heterogénea pero lleva entre 8 y 10 meses y en agosto todos los sectores económicos crecieron, algo que no se daba desde octubre de 2017. El empleo se recupera lentamente, las exportaciones de septiembre crecieron 23,3% en relación a 2020  y la balanza comercial acumula un superávit de 12.322 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. Al 29 de octubre pasado, sin contar el regalo del cielo de los DEGs que ya se usaron para pagar la deuda con el Fondo, las reservas del Banco Central habían aumentado apenas en U$S 3.430 millones.

Con Georgieva debilitada como aliada potencial, el Papa Francisco distante y Biden concentrado en sus propios problemas, la pregunta es de dónde puede sacar la fortaleza el gobierno para soportar la presión sobre el dólar y no ceder a las pretensiones de los accionistas principales del Fondo. 

Los sondeos para el 14 de noviembre se dividen entre los que anuncian una diferencia mayor a favor de Juntos y los que alimentan la ilusión de que el FDT recorte la distancia en provincia de Buenos Aires y en otros distritos en los que gobierna. Sin embargo, un trabajo de Celia Kleiman advierte que el escepticismo sigue mandando en el conurbano bonaerense. La directora de PollData hizo encuestas presenciales durante octubre en la tercera sección electoral, el bastión histórico del kirchnerismo, y preguntó cómo estará la situación económica en los próximos meses teniendo en cuenta las medidas paliativas que anunció el gobierno tras las PASO. El 33,7% respondió que estará igual, el 36,9% que estará peor y solo el 26% que estará mejor. Las cifras coinciden con un estudio de la consultora Circuitos, que muestra que sólo el 25,3% de los encuestados en provincia de Buenos Aires considera que la situación económica puede mejorar mientras el 54,7% piensa que puede empeorar y el 16,4% que seguirá igual. 

El problema que más preocupa es el aumento de precios, una constatación diaria que será noticia el jueves próximo, sobre el filo de la veda electoral. La consultora Equilibra proyecta un IPC de 3,4% para octubre, una inflación acumulada de 41,6% en el año y una suba interanual de 51,9%. 

El acuerdo de Roberto Feletti con la industria farmacéutica para congelar los medicamentos hasta el 7 de noviembre es tan necesario como tardío. Los laboratorios son ganadores permanentes que incrementaron sus márgenes de ganancia de manera fabulosa durante la pandemia y el gobierno de los Fernández. De acuerdo a los datos que difunden desde la Unión Argentina de Salud, la cámara que reúne a las empresas de medicina privada, desde enero de 2020 hasta septiembre pasado el IPC general aumentó 186,8%, el Precio de Venta al Público de los medicamentos escaló 193,5% y el INDEC Salud -que incluye las subas de equipamiento medicinal y prepagas- se disparó un 224,7%. Eso pese a que el 60% de los remedios son importados y el 40% que se fabrica localmente tiene la mitad de los insumos atados a un dólar oficial que corre muy por debajo de la inflación. 

En ese contexto, la reunión que dejó “muy satisfecha” a la jefa de gabinete del ministerio de Salud, Sonia Tarragona, resulta una ironía. La ex titular de la Fundación Mundo Sano de la familia Sigman participó del encuentro en el que también estuvieron Nicolás Vaquer por Pfizer y Marcelo Figueiras por Richmond. 

Un informe de agosto del Observatorio de Costos de la Salud de la UAS indica que, si se compara con el año anterior, el aumento de precios alcanzó 74,70% en el mercado total y 77,11% en los medicamentos de venta bajo receta, un 23% arriba del IPC interanual que en agosto fue de 51,4%. 

Peor aún, las subas de los remedios bate récords a nivel mundial. “En comparación con Estados Unidos, en la Argentina los precios de los medicamentos más utilizados se duplican, triplican y hasta cuadruplican en relación al salario mínimo. El precio de la Bayaspirina es 4 veces más alto que en Estados Unidos en relación al salario mínimo, el ibuprofeno casi duplica el precio en Estados Unidos (también el paracetamol) y supera el doble si se compara con Brasil”, dice el informe de las prepagas, que además remarca que el Estado no controla los precios de los medicamentos de alto costo, lo que dificulta la cobertura y accesibilidad. 

El horizonte después del 14 de noviembre es de lo más delicado para el sistema político por lo que marca el último trabajo de Analytica. Los salarios cayeron 21% en los últimos cincos años y la participación de los trabajadores en el PBI (registrados, no registrados y cuentapropistas) está 12 puntos por debajo de los niveles de 2016: pasó de 52% a 40%. A la inversa, la participación del sector empresario subió 11 puntos respecto de 2016, pasó del 40% al 51% en el segundo trimestre de 2021. Ese cambio, dice la consultora de Ricardo Delgado, complejiza la distribución de los costos de cualquier intento de estabilización.

“La necesaria moderación fiscal y monetaria observada hasta antes de las PASO hizo que el peso del ajuste recaiga casi en su totalidad en los salarios como en la calidad del empleo. Pocas veces en la historia han existido tantas necesidades contrapuestas entre estabilizar la macro y mejorar la distribución del ingreso”. Ir al acuerdo con el Fondo, sugiere, es priorizar el primer objetivo y postergar el segundo, esa gran promesa electoral que el Frente de Todos no pudo cumplir. 

DG