Guzmán, entre las mil dudas de la oposición y el apuro del Gobierno para cerrar con el Fondo

Entró de día y se fue de noche, después de casi siete horas en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Tres meses después de haber enviado los números de la ley de leyes 2022 al Congreso, Martín Guzmán fue a defender los números de un ejercicio que como, reconoció en más de una oportunidad, ya quedó desactualizado. 

Los 90 días que se perdieron en el camino, según dijo el ministro de Economía de Alberto Fernández, se explican por la recomendación que le dio Sergio Massa: lo mejor era no debatir el tema en medio de la campaña electoral. A decir verdad, la ventana de tiempo que se abrió entre septiembre y diciembre servía sobre todo para incorporar las objeciones del propio oficialismo, en especial las críticas de Máximo Kirchner, que finalmente no llegaron a alterar el borrador inicial.   

Acompañado por su equipo de colaboradores, Guzmán se enfrentó en el Congreso a una larga lista de cuestionamientos, producto de la enorme lista de problemas estructurales que acumula la economía argentina y de la heterogeneidad de posturas económicas y políticas que se expresan en Diputados. Entre los legisladores que se anotaron para preguntar y opinar estuvieron Luciano Laspina (PRO), Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal) Nicolás Del Caño, Myriam Bregman y Romina Del Pla (FIT), Blanca Osuna (FDT), José Luis Espert (Avanza Libertad) Ricardo López Murphy (Juntos) y Martín Tetaz (Evolución). Con una mezcla de paciencia y diplomacia que ya es parte de su estilo -felicitó y le deseo lo mejor a cada uno de los que obtuvieron una banca en las elecciones de noviembre-, Guzmán anotó en su cuaderno rojo mientras hablaban los diputados y les respondió a casi todos. Pero lo hizo aferrado a su manual, sin moverse más de un metro de sus posiciones.  

Apurado como siempre está el Frente de Todos, el ministro puso la cara para la aprobación de un proyecto que el gobierno quiere tener votado en las dos cámaras la semana que viene y que, como él mismo admitió, no conforma a casi nadie. “Es difícil que genere demasiado entusiasmo porque las necesidades sociales son inmensas y el presupuesto está diseñado en función de las restricciones que tenemos. Es un estrecho corredor. Si la política fuera más expansiva, eso tendría efectos desestabilizantes. Pero si hubiera ajuste fiscal, eso también tendría efectos desestabilizantes desde lo social”, dijo Guzmán, a manera de cierre, cuando una parte de los diputados ya se había ido.

El Presupuesto es en este contexto lo que el ministro es al interior del Frente de Todos: tampoco conforma a nadie. Sin embargo, sigue en el cargo respaldado por el Presidente y apalancado en la falta de alternativas del peronismo para avanzar por un campo minado que no reconoce salidas virtuosas. En el cristinismo lo cuestionan por ortodoxo, algo que algunos gurúes del mercado le reconocen, pero en la oposición de Juntos lo cuestionan por improvisado y voluntarista. 

Para el objetivo del ministro, que Argentina actúe como un Estado-Nación de cara a la negociación con 190 países, la urgencia vuelve a jugar en contra. “Usted tiene que salir fortalecido pero para eso nos tienen que dar tiempo a discutir”, le dijo el lavagnista Rodríguez. Parece difícil.

El ajuste

Guzmán remarcó los datos de crecimiento, insistió en que no hay rebote sino recuperación y destacó la mejora en el empleo, la producción, las exportaciones y la inversión. Nada más lejano que la agenda opositora. Desde Luciano Laspina, el vicepresidente de la comisión que objetó durante media hora la política del Gobierno y las previsiones del ministro, hasta Nicolás Del Caño, en la oposición se extiende la coincidencia de que el presupuesto de Guzmán blanquea el ajuste que se busca acordar con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán lo negó una vez más, reiteró que el objetivo 2021 -prioridad junto con el crecimiento- es la recuperación de los ingresos de trabajadores y aseguró que no está en los planes oficiales cambiar una vez la fórmula jubilatoria. 

Subordinadas al entendimiento con el acreedor privilegiado de la Argentina que no tiene asignadas partidas en el presupuesto, las proyecciones de Guzmán son consideradas inviables por la mayor parte de la oposición. Desde el crecimiento de la economía (4%) hasta el dólar oficial a fines de 2022 ( $131,1), la inflación anual (33%), el salario real (+4%), déficit primario (3,3%) y déficit financiero (4,9%). Sin embargo, la mayor parte de los bloques de la oposición parece dispuesta a votar y no poner obstáculos: a Juntos, se deduce, le conviene que el Frente de Todos avance con el ajuste pese a todo.

Aunque buscó justificar el aumento de los precios por la inercia global y la emisión por la pandemia, Guzmán aceptó dos de las grandes consignas de la oposición que, en su tiempo de esplendor, el kirchnerismo relativizaba: la necesidad de bajar la inflación y de aflojar con “la maquinita”. Sobre lo último y pese a las críticas de la ortodoxia, el discípulo de Joseph Stiglitz dijo que este año el financiamiento del Banco Central al Tesoro no llega ni a la mitad del 7,2% de 2020. 

Unas horas después, el INDEC le dio al Gobierno un alivio dentro de una tendencia más que preocupante: 2,5% de inflación en noviembre, 45,4% en 11 meses -cuando la meta oficial era 29% para todo el año- y 51,2% de IPC interanual con una inflación núcleo que genera señales de alarma: 3,3% en noviembre y 55,5% en los últimos 12 meses. ¿Cómo piensa bajar la inflación el gobierno en 2022 si reduce subsidios para aumentar tarifas y suelta el dólar que tuvo pisado? Vital para el futuro del peronismo y de la economía argentina, esa fue una de las respuestas que el ministro no pudo dar. 

Entre el ajuste y la expansión

Ante la pila de cuestionamientos que recibieron las proyecciones, Guzmán contó con el respaldó de un hombre clave, desconocido para el gran público, pero tan importante como para haber ido a Washington la semana pasada a defender los números del Gobierno y aterrizar después directo en Diputados. Fue el secretario de Hacienda Raúl Rigo, un sobreviviente que fue subsecretario de Presupuesto de la Nación entre 2002 y 2017. Fogueado al lado de Jorge Sarghini, Carlos Mosse y Juan Carlos Pezoa, ahora Rigo busca calibrar el destino de los fondos en plena sequía y caminar ese desfiladero entre el ajuste irreductible y la expansión deseada. 

La deuda que Macri contrajo con el Fondo en tiempo récord sobrevoló toda la conversación y el ministro no dio por cerrado el entendimiento con el organismo. De hecho, en más de una oportunidad, habló del “eventual” acuerdo. Mientras Guzmán estaba en el Congreso, se conoció otra mala noticia para el gobierno: el Fondo no tratara por ahora la reducción de la sobretasa que le cobra a los países endeudados como la Argentina. 

Aunque el macrismo considera casi un detalle los 44.000 millones de dólares que se deben, Guzmán se esforzó por remarcar lo que se suponía era una obviedad y hasta economistas como Martín Redrado admiten: no es lo mismo la deuda en dólares que la deuda en pesos. Sin embargo, el déficit cuasifiscal, los intereses que el Gobierno les paga a los bancos por las Leliq y los pases pasivos, también conspiran contra la estabilidad. Aumentar la tasa de interés real positiva, como reclamó el Fondo y, según Guzmán dijo, quiere el propio Gobierno, implicaría elevar esa montaña de pesos con los que se financia la emisión.

También por eso, un capítulo especial tuvo que ver con cómo hará el Gobierno para reducir la emisión el año próximo y cuáles serán las vías alternativas que explorará para financiarse. En la superficie, solo aparece claro el aumento de tarifas segmentado y, Guzmán lo remarcó, el fin de la resolución 46 de Juan José Aranguren, un verdadero regalo para las petroleras que estuvo vigente durante parte del mandato de Macri. 

Todo indica que esta vez ya no habrá Derechos Especiales de Giro del Fondo, salvo que se llegue a un acuerdo bilateral con países como Rusia o China o que Kristalina Georgieva logre aprobar el Fondo de Resiliencia que recomendaron los países del G20. Los 12.500 millones de dólares que espera el Gobierno de organismos de crédito y países que puedan prestarle fueron objetados casi en forma unánime: no hay precisiones sobre quién y cuando le prestará a la Argentina. Por último el precio de los commodities, que en 2012 fue récord, genera un nuevo signo de incertidumbre. Del superávit comercial excepcional que tuvo el Gobierno en los últimos dos años producto de la pandemia -U$S 12.530 millones en 2020 y U$S 13.940 millones- Guzmán lo reconoció, lo que quedó en el Banco Central fue muy poco.

DG