La Justicia investiga el supuesto pedido de coimas del Gobierno a empresarios de la pesca
La Justicia federal de Mar de Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investigan un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector pesquero que habría ocurrido en el marco de la asignación de cuotas de captura en el Mar Argentino para los próximos 15 años.
Como órgano especializado en casos de corrupción de agentes de la Administración pública nacional, la PIA abrió una investigación de oficio luego de las versiones sobre este presunto pedido de sobornos, que sacudió al sector en las últimas semanas y que tensó su relación con el gobierno de Javier Milei, como informó elDiarioAR.
Al mismo tiempo, el caso es investigado también por la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una denuncia presentada por Gustavo Pulti, diputado provincial bonaerense (Unión por la Patria) y ex intendente del partido de General Pueyrredon, informaron a este medio fuentes judiciales al tanto de la causa.
De acuerdo a las versiones sobre el presunto pedido de soborno, difundida inicialmente el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno nacional habrían pedido US$15 millones a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi, pendiente de renovación, mantuviera para los próximos 15 años el esquema de reparto que rige desde 2009. El marco vigente vence el 31 de diciembre y la nueva cuotificación debe fijar los márgenes de captura hasta 2039.
La revelación sobre el supuesto pedido de coimas se produjo en la primera semana de septiembre, mientras los empresarios dedicados a la captura de esta especie aguardaban con expectativa que el Consejo Federal Pesquero (CFP) definiera la nueva cuotificación. Tras el impacto causado en el sector, esa resolución fue postergada. Un mes más tarde, sigue pendiente.
En el marco de la investigación iniciada, la PIA, conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó información al respecto al CFP y a la Administración pública para un primer análisis, indicó una fuente con acceso a la causa.
Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere
En los tribunales marplatenses, Pulti, quien preside además la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”. La causa en la Justicia federal de Mar del Plata se encuentra en su etapa inicial, y la Fiscalía número 2 solicitó a su vez la asistencia de la PIA, como órgano especializado.
La versión
De acuerdo a la información difundida un mes atrás, supuestos intermediarios del Gobierno nacional que invocaban la representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en los últimos meses encuentros informales con referentes de las empresas pesqueras pendientes del reparto de las nuevas cuotas de captura de merluza hubbsi, para exigir presuntamente el pago de coimas. elDiarioAR se comunicó con voceros de la Casa Rosada para conocer la respuesta del Ejecutivo ante estas versiones pero nunca obtuvo respuesta.
Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, precisó incluso que estas reuniones se habrían realizado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo a su vez que en uno de esos encuentros habría intervenido incluso “gente armada”, lo que precipitó el final de los intercambios, ante el enojo de al menos uno de los empresarios de mayor peso en el rubro.
Ese medio aportó además precisiones en cuanto a los montos de las presuntas coimas exigidas: US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi que fuera asignada como cuota de captura, y US$1.000 por cada una de merluza negra. El dinero debía ser aportado por una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”.
Las cuotas de pesca de captura de merluza negra fueron asignadas de acuerdo a lo previsto en los primeros días de septiembre, pero el grueso de las capturas, correspondientes a merluza hubbsi, siguen pendientes.
En recientes declaraciones periodísticas, Carlos Liberman, representante suplente de la provincia de Buenos Aires en el CFP, aseguró que al organismo encargado de definir la política pesquera del país no llegó ninguna denuncia por el hecho y que las demoras en la nueva asignación responde a cuestiones técnicas. “Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere”, señaló en una entrevista con Revista Puerto.
Liberman agregó que “es la Justicia la que tiene que establecer si hay algo que investigar, qué es lo que hay que investigar y resolver sobre la cuestión”.
El silencio
Según la versión inicial de LPO, el presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity. A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana aseguró: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.
Pulti presentó días después de la revelación un pedido de acceso a la información pública ante la Cancillería para conocer “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”.
Según pudo confirmar este medio, la cartera que conduce Diana Mondino respondió la solicitud, pero sin contestar la cuestión consultada puntualmente por el diputado: señaló que el reparto de las cuotas de pesca era responsabilidad del CFP y no de ese ministerio, pero no precisó si hubo o no algún requerimiento desde el Palacio San Martín a la embajada por el presunto pedido de coimas.
A nivel judicial, fuentes con acceso a las investigaciones iniciadas indicaron que la posibilidad de requerir información a la embajada estadounidense era una posibilidad, pero tanto el mecanismo para hacerlo como la eventual utilidad de un requerimiento de ese tipo estaban bajo análisis.
En el puerto de Mar del Plata, donde el impacto de esta revelación fue definido un mes atrás como “un sismo”, la reacción pública del empresariado sigue siendo la misma: el silencio. En la reciente botadura de un buque en un astillero marplatense, un referente del sector resumió su deseo, compartido por muchos de sus colegas: “Lo mejor que puede pasar es que el tema se olvide”.
“Pescan gratis”
El cimbronazo por el presunto pedido de coimas puso la lupa sobre la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.
El principal objetor del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Considera que los empresarios “pescan gratis” y milita por la apertura del régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, aunque la iniciativa fracasó por las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros.
Fuentes de la industria y dirigentes políticos de la región entienden que el presunto pedido de coimas parece parte de un nuevo capítulo de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo.
De fondo, hay un negocio de casi US$280 millones. Según cifras del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Esas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los US$269 millones exportados en 2022.
ED
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