La puerta de salida

Cuando le preguntan por la inminencia del acuerdo con el Fondo, Sergio Chodos apela a la palabra “humo”. Aunque prefiere no abundar, el director argentino por el Cono Sur ante el organismo de crédito que preside Kristalina Georgieva descarta por completo la posibilidad de un entendimiento que, según fuentes empinadas del propio gobierno, se cae de maduro. Algo similar sucede en el ministerio de Economía, donde Martín Guzmán no confirma por ahora ningún avance. La versión que el propio Alberto Fernández eligió desmentir el viernes último en su incursión en el CCK surgió de las entrañas del Frente de Todos. A cargo de su embajada paralela en Washington, Sergio Massa fue uno de sus promotores, aunque no el único. También desde la Casa Rosada se activaron las usinas que hicieron correr el rumor a través de canales amigos. Mareado todavía por las imágenes de Olivos, el Presidente afirmó que lo apuran los que quieren que firme cualquier cosa con el FMI y negó cualquier acuerdo, tal vez para evitar algo peor: que el vocero del Fondo, Gerry Rice, sea el que lo desmienta en alguna de sus habituales conferencias.

A dos semanas de las PASO, sorprende la intención de presentar como salvador al mismo Fondo que le concedió a Mauricio Macri el préstamo demencial de 57.000 millones de dólares. Producto de la confusión política o la heterogeneidad de la alianza oficialista, la dirigencia política que vetó los planes de Guzmán para cerrar un acuerdo antes con el argumento -válido- de que el peronismo no podía hacer campaña de la mano del Fondo ahora quiere vender futuro asociada a los burócratas de Washington. 

El organismo que violó su propio estatuto para sostener la aventura de Macri y apareció como aliado del Frente de Todos en la reestructuración de la deuda privada sería el aval del peronismo para la etapa que se inicia después del 14 de noviembre. Tarde o temprano todo indica que el acuerdo llegará, aunque lo que unifica a los que ya lo dan por cerrado es la necesidad de cambiar la agenda e interrumpir la saga de Olivos, ahora con su secuela en la cartelera de Comodoro Py. 

Mientras cerca de Massa sostienen que ya está todo resuelto y Guzmán solo demora para sostenerse en el cargo, en Casa Rosada responden que el ministro apuesta a cerrar un entendimiento con Georgieva antes del 22 de diciembre, cuando cae la guillotina del nuevo vencimiento de deuda que se consumiría casi por completo el regalo del cielo de los Derechos Especiales de Giro que acaba de llegar vía Joe Biden. 

Solo los altos mandos del gobierno saben si la estrategia de Massa, el interlocutor de oficio de Jake Sullivan en el tema 5G, coincide o choca con la frase de Máximo Kirchner, el viernes último en Escobar: “Esa tecnocracia que gana fortunas en miles de dólares lejos de nuestro país, ¿puede explicar por qué le prestó a la Argentina 44 mil millones de dólares y pensó que iba a salir bien?”

Sin que avance la querella criminal por el endeudamiento que anunció el Presidente en marzo y sin ninguna quita a la vista, el gobierno argentino solo pretende atenuar el impacto del muerto que dejó Macri: la reducción de la sobretasa de interés y la posibilidad de que, si surge un nuevo programa, Argentina acceda a dos décadas para pagar lo que se debe. 

Aun cuando el FDT obtenga un resultado favorable en las PASO y salga tonificado hacia 2023, el horizonte del endeudamiento asoma como un campo minado. Según el informe de coyuntura de agosto de un grupo de economistas bonaerenses que lidera Roberto Feletti, el promedio de vencimientos de 1800 millones de dólares anuales que Argentina tiene que afrontar hasta 2024 se quintuplica a partir de 2025 y salta a un promedio de 8500 millones de dólares por año para el período 2025-2030. Ahí entra a tallar la reestructuración de Guzmán en 2020. Si a eso se le suma lo que se busca renegociar con el Fondo, la cifra proyectada rondará los 11.000 millones anuales en la segunda mitad de la década. Sólo una vigorosa recuperación de la economía impediría que los pagos de deuda se traguen el 2,5% del PBI, un porcentaje que según el informe conspira contra la solvencia externa. De ahí, los llamados intermitentes a un pacto político que parten tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Horacio Rodríguez Larreta. 

Las versiones del acuerdo inminente con el Fondo coincidieron con otro operativo de distracción de los últimos días. Las declaraciones de los ministros que proyectan ocho años de gobierno para un Fernández al que le cuesta horrores transitar su día a día. La sorpresa la generó Jorge Ferraresi, un kirchnerista irreductible que vaticinó un nuevo mandato para el Presidente en un momento en que cerca de Cristina no quieren ni oír hablar de Alberto y hasta se dedican a ensayar alquimias posibles hacia 2023. 

Con sus intervenciones permanentes, tantas veces contradictorias, el Presidente desorienta a sus propios aliados. Son los que ven a un Alberto desconocido que sobreactúa y se achica hasta recostarse sobre el voto kirchnerista. Así desoye a los que le piden que no intente decir las cosas que ya dice Cristina y busque recuperar el lugar que alguna vez tuvo. Volver a centrarse en el papel que tenía asignado en el esquema original del FDT, lo que le reclaman los propios, quizás ya no sea posible. 

La confusión en la campaña del oficialismo coincide con una oposición que tiene poco para ofrecer después de su fracaso reciente en el poder y un momento que entusiasma a algunos albertistas en el gobierno: la vacunación acelerada, la reapertura de la economía, el pronóstico de crecimiento de Guzmán en torno al 8% y los indicadores que muestran a la inversión y las exportaciones en ascenso, junto con el acercamiento a sectores empresarios que se vio en los últimos días con el Consejo Agroindustrial, las automotrices y el Consejo de las Américas.

Son datos que contrastan con la inestabilidad de fondo que advierten desde la oposición de mercado: la brecha cambiaria, la presión sobre el dólar y el período en que el gobierno dejará de contar con los dólares de la soja récord. Cómo, con quién y hacia dónde piensa encarar el Frente de Todos la segunda etapa de su mandato es un interrogante que no encuentra precisiones. 

En la misma semana en la que la oposición se aventuró a discutir sobre la deuda y Guzmán defendió su gestión con apariciones en los medios, en el Congreso y los foros empresarios, Cristina eligió reivindicar la explicación de Cecilia Todesca sobre el derrumbe de los sueldos que acumula tres años y medio. En números de la CTA de Hugo Yasky, en el segundo trimestre de 2021 el salario real en el sector privado registrado cayó 4,2% respecto a igual período de 2020 y 5,3% respecto a 2019. Así, el poder adquisitivo del salario es 20,1% menor al cuarto trimestre de 2015. Falta poco para saber si las víctimas de ese deterioro crónico aceptan el argumento oficial aferrados al recuerdo traumático de Macri o si expresan su malestar con el gobierno. 

Con una inflación interanual arriba del 50%, 20 millones de personas que cayeron bajo la línea de la pobreza en los últimos años, el debate mediático está gobernado por la derecha y nadie tiene claro cuál puede ser la traducción política de esa olla a presión en las PASO. ¿Qué tiene para ofrecer en el corto plazo el Frente de Todos a esa franja de la población en la que está su base de adhesión hasta hoy incondicional? Tal como reveló elDiarioAR el viernes último, Guzmán recibió la semana pasada en el ministerio de Economía a Juan Grabois en un encuentro que se extendió durante cuatro horas y en el que se habló del proyecto de Salario Básico Universal que impulsan las organizaciones sociales alineadas con el oficialismo. El objetivo es ambicioso: que el gobierno destine una partida en el Presupuesto que Guzmán debe presentar el próximo 15 de septiembre en el Congreso. 

Con la misión de reducir los índices de indigencia, el borrador de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular apunta a garantizar un piso de ingresos para las personas de entre 18 y 65. Un universo aproximado de 9,4 millones de beneficiarios que recibiría un tercio del Salario Mínimo, Vital y Móvil: a números de agosto, $9.360 mensuales por persona. Cristina y La Cámpora figuraban hasta hace poco como los principales objetores del ingreso universal, pero el kirchnerismo también precisa salir del estado de impotencia política en el que lo estacionaron la correlación de fuerzas ajustada, la pandemia y los errores propios.

La medida le devolvería al oficialismo la iniciativa con un proyecto destinado a su base electoral, pero demandaría un equilibrio de lo más fino para un gobierno que apunta a cerrar cuanto antes con el Fondo y sigue caminando por la cornisa de la escasez. No sólo se discute cómo financiar una partida que rondaría el 1% del PBI sino además por cuánto tiempo. Mientras para la dirigencia política el objetivo es volver a crear “un modelo de producción y empleo” que permita reducir al mínimo la transferencia de ingresos, para los dirigentes sociales el regreso a ese pasado es inviable y la informalidad laboral llegó para quedarse.

Prospere o no, la zona de precariedad que buscan representar los movimientos sociales se convirtió en los últimos años en una demanda urgente para la política. Según el último informe de Analytica, uno de los mayores desafíos pospandemia será generar trabajo en los sectores informales escasamente calificados y el gobierno está obligado a propiciar el empleo registrado, si quiere reducir la distancia entre los trabajadores en blanco y los informales, que padecen más que nadie la caída del salario real. La consultora que dirige Ricardo Delgado señala que la informalidad atenta contra el financiamiento de la seguridad social y le fija un límite a la recuperación económica vía consumo porque acelera la pérdida del poder de compra. Ahí aparece otro elemento importante en medio de una pandemia que profundizó la desigualdad social.

De acuerdo al informe titulado “La grieta también llegó al mercado de trabajo”, en el primer trimestre del año, la participación asalariada en el ingreso fue de apenas 37,2% frente al 45,3% de 2016. A la inversa, se elevaron los márgenes de ganancia por unidad producida: el excedente bruto de explotación del sector privado aumentó 4,1 puntos porcentuales entre 2016 y 2021. Por eso, Analytica afirma: “Si lograsen estabilizarse las variables macro con un programa consistente, estarían dadas las condiciones para reiniciar un ciclo de crecimiento: la caída del costo laboral y un tipo de cambio aún en niveles competitivos hacen que la inversión encuentre incentivos tanto desde la oferta como desde una potencial demanda para crecer en los próximos años”. Sería un ciclo de auge para el capital a partir del deterioro del salario, una puerta de salida más acorde con el programa de la oposición que con los postulados del oficialismo.

DG