Vialidad: las defensas apuestan a desarmar testigos y la fiscalía se apoya en prueba documental

El juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de empresas de su exsocio Lázaro Báez avanzó con nuevos testigos la semana última, con el trasfondo de la sentencia por lavado de activos agravado contra el empresario patagónico. Durante 2021, las audiencias del juicio conocido como Vialidad se centrarán en las declaraciones de testigos, que el tribunal apuesta a que culminen a finales de año para proceder con los alegatos durante 2022 y el posterior veredicto, sostuvieron fuentes directas del juicio. 

Distintas defensas consultadas sostienen que, hasta el momento, los testimonios vienen siendo “favorables” para los acusados, pero los acusadores disienten y además afirman que la base de la prueba está en los documentos y expedientes que demostrarían que Austral Construcciones nació sin capacidad para ganar los contratos de obra pública y que los obtuvo gracias a supuestas maniobras edificadas desde el Estado, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes directas del proceso.

Desde mayo de 2019, la expresidenta es juzgada por el Tribunal Oral Federal número 2 junto Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados acusados de integrar una supuesta asociación ilícita para favorecer a la constructora Austral Construcciones, entre otras empresas de Báez, con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Las acusaciones incluyen supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra. 

Todos los involucrados niegan las acusaciones y la vicepresidenta encuadra el avance de la causa en una supuesta persecución política del entonces gobierno de Cambiemos. 

Báez fue condenado a 12 años de prisión por el lavado de unos US$ 60 millones producto de dos delitos, según el voto de mayoría del Tribunal Oral Federal número 4: la defraudación fiscal y la corrupción en la obra pública, argumento basado en la elevación a juicio del caso Vialidad, según explicaron fuentes del tribunal. Si bien el veredicto de Báez funcionó como una ratificación de las sospechas del juicio contra la exmandataria, no define el destino del proceso, según explicaron fuentes directas del caso.

En la ronda de testigos que se extenderá todo el año, la semana última fue el turno de los primeros miembros de la Comisión Permanente de Verificación de Deuda de la Dirección Nacional de Vialidad.

Báez adquirió a esas empresas, pero las constructoras seguían compitiendo entre sí por las licitaciones en Santa Cruz.

Uno de los puntos que los acusadores buscan demostrar es que los técnicos de Vialidad recibieron órdenes de los entonces funcionarios políticos para favorecer a las empresas de Báez por sobre otras compañías. En ese marco, analizaron la documentación sobre los pagos anticipados de obra, en especial, los que se autorizaron en base a la resolución número 899 de 2010, firmada por el entonces administrador general de Vialidad, Nelson Periotti.

“Santa cruz fue una provincia relegada a la hora de las obras viales y la decisión de estos funcionarios fue una reparación histórica. Querían terminar las obras y por eso se adelantaban los pagos. Casi todas eran para obras de Báez, es cierto, porque era prioridad de la gestión”, dijo un exfuncionario de Vialidad a elDiarioAR. 

Testigos de turno

Periotti es un hombre de extrema confianza de los Kirchner. Acompañó a Néstor Kirchner desde su paso por la intendencia de Río Gallegos hasta la Presidencia y continuó al mando de Vialidad Nacional durante las presidencias de Fernández de Kirchner.

La resolución de 2010 analizada en las últimas audiencias del juicio habilitó que las empresas proveedoras de obras viales solicitaran el pago adelantado de obra en casos de “emergencia”. El abogado de Periotti, Federico Paruolo, dijo a elDiarioAR que la resolución se dictó luego de un alud en Comodoro Rivadavia, Chubut, que provocó un desprendimiento del cerro Chenque, y buscaba que las constructoras no frenen las obras en la zona. Sin embargo, según el expediente, gracias a esa resolución, las compañías de Báez recibieron adelanto de los pagos por obras realizadas en la provincia de Santa Cruz.

La fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani, solicitó copia de todos los expedientes que tramitaron adelantos de fondos públicos en el marco de esa resolución y hasta 2015. La conclusión es que se usó casi exclusivamente para las empresas de Báez, con algunas excepciones, según sostuvo una fuente con acceso directo al expediente. Entre las beneficiadas están Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hermanos y Adelmo Bancalari, todas compañías del empresario patagónico.

Las partes interrogaron esta semana a tres de los técnicos que tramitaron esos adelantos de obra en la Comisión Permanente de Determinación de Deuda de Vialidad: Eduardo Semino, María Celina Vetrano y Omar Riveros.

Querían terminar las obras y por eso se adelantaban los pagos. Casi todas eran para obras de Báez, es cierto, porque era prioridad de la gestión.

“Los certificados de obra vencían en enero y las empresas de Báez se presentaban en noviembre y obtenían el pago por adelantado en 24 horas”, explicó una fuente del juicio que participó de las testimoniales. 

“Uno de los técnicos que declararon sostuvo que los pedidos venían del (entonces) gerente de Administración en Vialidad, Sergio Passacantando, y generaban malestar porque las solicitudes aparecían con urgencia los viernes y había que tramitar los adelantos en el mismo día”, agregó la fuente consultada. “Las órdenes que dio Passacantando fueron siempre en el marco de una resolución oficial de su superior que habilitaron esas decisiones y de acuerdo a las reglas del organismo. Esas medidas que se tomaron tenían el visto bueno de todas las áreas de Vialidad. En ningún punto configuraron un delito. Jamás hicieron algo ilegal ni Passacantando ni sus subalternos”, dijo un allegado al exgerente.

Passacantando, según la denuncia de Iguacel, se había desempeñado en la financiera Inverness antes de llegar a la función pública. “Trabajó sólo dos años y medios en esa empresa”, agregaron en su entorno. El exfuncionario no está siendo juzgado en este juicio y forma parte de un segundo grupo de imputados por el caso que aún no son juzgados.

Invernes estaba a cargo Ernesto Clarens, el financista que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos y dijo haber recibido coimas en pesos de parte de empresarios de la obra pública. Con ese dinero, afirmó, compraba dólares o euros, se quedaba con una comisión y entregaba el efectivo a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner.

Los testimonios no pudieron probar aún que el pago adelantado de obra implicó un perjuicio para el Estado, explicaron fuentes directas del juicio, ya que la testigo Vetrano sostuvo que al desembolsar los fondos, Vialidad descontaba intereses a las empresas beneficiadas, en base a la tasa activa del Banco Nación.

El abogado de Periotti sostuvo que el circuito “no era un beneficio económico y no hubo daño al Estado”. Para los acusadores, quedó claro que la resolución se usó casi exclusivamente para las empresa de Báez, según una fuente del juicio que presenció los interrogatorios. 

Uno de los técnicos que declararon sostuvo que los pedidos venían del (entonces) gerente de Administración en Vialidad.

El testigo Semino, por ejemplo, citó el pago de adelantos por la colación de postes en la rutas que costaron unos US$ 100.000 la unidad (al valor del dólar de esas fechas, que este medio no pudo corroborar). Ante la consulta, la defensa de Periotti dijo que se trataba de postes satelitales que implicaban la construcción de cabañas u oficinas para llamadas de emergencia y que el costo elevado era debido a esa complejidad.

Los testigos más esperados aún no han declarado en el juicio. Las defensas tienen la mira puesta en el primer interventor de Vialidad durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, quien presentó el informe de auditoría y la denuncia que dieron origen a esta causa. También a los peritos oficiales que realizaron el informe sobre presuntas irregularidades y sobreprecios en cinco de las obras viales adjudicadas a Báez y bajo investigación. 

Cuando logró adquirir capacidad económica propia, gracias a la cesión de obras de sus socias, Báez adquirió a esas empresas,

Las defensas apuestan a poner en duda las pruebas relacionadas con esos testimonios, explicaron los abogados de algunos de los imputados, cuestionando los cálculos realizados por los expertos y los valores de referencia que se tomaron para sostener que las obras habrían implicado sobreprecios.

Responsabilidades

El desafío de los acusadores sigue siendo hasta dónde llegará la prueba para sostener la responsabilidad penal de Fernández de Kirchner en la adjudicación de contratos de obra pública por $16.000 millones, que la exmandataria nunca firmó. La acusación apunta a una responsabilidad política de la vicepresidenta sobre las decisiones que tomaron sus entonces funcionarios y a los negocios particulares que unen a los Kirchner con Báez, explicaron fuentes directas del juicio en trámite.

La fiscalía de Luciani basó la acusación casi exclusivamente en prueba documental, afirmó una fuente judicial del caso: el análisis de los expedientes de las licitaciones; las condiciones de competencia y adjudicación y de los pagos y plazos supuestamente privilegiados a Báez (con respecto a otras constructoras); informes de la Dirección de Vialidad Nacional (del gobierno de Mauricio Macri); una pericia parcial sobre las obras viales cuestionadas; los documentos que demostrarían la falta de control a las constructoras de Báez; los presupuestos asignados a esas obras; y la documentación sobre la conformación de las empresas beneficiadas. 

Los certificados de obra vencían en enero y las empresas de Báez se presentaban en noviembre y obtenían el pago por adelantado en 24 horas.

Según la acusación, las empresas de Báez fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales. Días antes de la asunción de Néstor Kirchner, el 8 de mayo de 2003, el empresario fundó Austral Construcciones, pero según la elevación a juicio del caso, la compañía no tenía capacidad para competir por las licitaciones. Accedió a sus primeros contratos mediante alianzas con otras constructoras locales que luego le cedían la ejecución de las obras. Así, Austral Construcciones fue ganando capacidad económica propia, en lo que la fiscalía entiende como una supuesta simulación de las condiciones para ganar las licitaciones, que el Estado nunca objetó.

“Cuando logró adquirir capacidad económica propia, gracias a la cesión de obras de sus socias, Báez adquirió a esas empresas, pero las constructoras seguían compitiendo entre sí por las licitaciones en Santa Cruz”, explicó una fuente de la investigación elevada a juicio por el juez Julián Ercolini. Era una permanente simulación, sostuvo la fuente.

Las audiencias del juicio oral y público se realizan los lunes y martes vía zoom, debido a las restricciones por la pandemia. El tribunal autoriza previamente quiénes pueden conectarse y las grabaciones de las audiencias con las declaraciones de los testigos sólo están disponibles para las partes. Ante la consulta de este medio, una fuente del tribunal declinó explicar la razón pero fuentes de las defensas y acusadores sostienen que el objetivo sería evitar la “contaminación” de los testimonios o la influencia de unos testigos sobre otros. También, otorgar cierto resguardo a la imagen de las personas que prestan testimonio.

ED