La eutanasia ya no se discutirá este año

Derecho a morir: dos proyectos “cajoneados” en Diputados

A más de un año de que tres proyectos para legalizar la eutanasia en la Argentina -dos por Diputados y uno por Senadores- entren en el Congreso, todo indica que el Derecho a Morir está lejos de discutirse. Tampoco prosperó el intento de siete diputadas de distintos bloques que firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en las reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados a fines del 2021.

“La presidenta de la Comisión de Salud ni siquiera habilitó las reuniones informativas a pesar, incluso, de haber ofrecido el listado de expositores y estábamos muy avanzadas entre las coautores. Y presentamos dos veces el artículo 109 pidiendo que se trate el tema pero no hemos avanzado”, dijo a elDiarioAR Jimena Latorre, diputada por Mendoza. El artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados indica que si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos.

En la Argentina, desde 2012 la ley permite que un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pida que le retiren el soporte de hidratación y alimentación. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: puede consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Debe intervenir un escribano. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo.

Tres proyectos en total: dos en carrera y uno que debería volver a presentarse

En diciembre del años pasado, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

Por lo pronto hay dos proyectos en carrera. “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.

La “Ley Alfonso” es un mix entre el presentado por Cobos y el de Jimena Latorre, que fue escrito junto a Alfredo Cornejo -en ese momento diputado, ahora senador-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso, y excluye a los menores de edad. Como el de Cornejo, Latorre y Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

VDM/MG