El Gobierno prohibirá el uso de lenguaje y la perspectiva de género en la administración nacional

El Gobierno Nacional anunció hoy que se avanzará en la prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública nacional. El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que ya no se podrán usar la letra e, el @ y la x. Además, agregó que se deberá “evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos”.

Durante la conferencia de prensa habitual, Adorni justificó la medida alegando que “las perspectivas de género se han utilizado como negocio de la política”. El movimiento de mujeres y diversidades rechazó la medida y advirtió sobre el retroceso cultural, social y de derechos humanos que provoca. “Tiene un implicancia concreta en términos de la posibilidad de nombrar otras identidades de género”, le dijo la referenta del colectivo Ni Una Menos Luci Cavallero a elDiarioAR.  “Ha sido una política importante en relación a que el Estado reconozca la existencia de otras identidades de género y se ponga en cuestión el universal masculino que históricamente ha invisibilizado y negado la participación de las mujeres en los espacios de poder. También la negación de una parte de la población que nunca fue nombrada ni tenida en cuenta como hacedora y como parte de este país”, agregó la socióloga.

Cavallero incluyó este anuncio dentro de la crisis que vive el país, como un intento de desviar y focalizar el malestar en el movimiento feminista. “Lo hace también con referentes sociales y sindicales, con lo cual hace que la discusión pública se centre en la estigmatización y criminalización de determinados movimientos”, agregó.

En ese sentido también se pronunció la economista Mercedes D’Alessandro, exdirectora Nacional de Economía, Igualdad y Género de la Nación , que sostuvo que es una forma de desviar la atención sobre la política económica. “Nos distraen con mil cosas. Que prohíban todas las E que quieran pero que den de comer a la gente. Es tremendo el nivel de pavada. Le dan centralidad al lenguaje inclusivo para darle de comer a sus seguidores porque no tienen logros económicos que mostrar”, declaró a este medio. 

Por su parte, la activista trans y exfuncionaria del Ministerio de Mujeres Alba Rueda denunció que la prohibición afecta el reconocimiento de ciudadanías que son diversas y atenta contra el derecho a la identidad. “No es solamente en el plano de los usos del lenguaje, tiene implicancias en el ejercicio de la ciudadanía, sobre todo cuando fueron derechos reconocidos y se quitan”,  dijo en diálogo con este diario.

En Argentina existen la Ley de Identidad de Género, del año 2012, y el Decreto 476, del 2021, que reconoce a las identidades no binarias en el documento de identidad y en el pasaporte. “Ya hay un reconocimiento de la ciudadanía que es por fuera del binarismo, ya hay una posición de Estado que se refiere a este grupo poblacional. Con este decisión, el Ejecutivo excluye a un sector de la ciudadanía de los documentos oficiales y lo que hace es seleccionar a quienes sí les reconoce los derechos”, agregó la activista.

Al ser consultado sobre las identidades que no están representadas en el género masculino, Adorni sostuvo que no es un debate que le interese al Gobierno. “El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos en la lengua castellana, es el español”, respondió. En este punto también hay críticas. “Lo que se pretende aniquilar es la discusión socio política argumentando desde la gramática y desde la Real Academia Española (RAE)”, afirmó la periodista especializada Norma Loto, autora del libro “La lengua no se calla” (Sudestada).

“Esta decisión no es de cotillón, implica el intento de la aniquilación de sentido y de los derechos de la otredad. Se argumenta desde la RAE y la Academia de Letras que esto apunta sobre lo gramatical, pero la RAE nunca vio por los derechos y las necesidades de reparación de las poblaciones vulnerabilizadas a lo largo de la historia. No se puede negar la evolución natural de la lengua, el lenguaje inclusivo vino con la misión de reparar y dar derecho. Es sacar el registro histórico de las luchas que muchas veces se manifiestan en palabras”, explicó Loto a este medio.

Esta no es la primera decisión regresiva que toma el gobierno de Javier Milei en cuanto al lenguaje. La semana pasada, el Ministerio de Defensa prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las Fuerzas Armadas y en todos los organismos dependientes de esa cartera. A través de una resolución, el ministro Luis Petri indicó que la utilización de términos como “generala”, “sargenta”, “soldada” o “caba” son faltas al reglamento. Algo similar sucedió en el canal Diputados TV que depende del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Una de las primeras órdenes fue “no utilizar el lenguaje inclusivo: todxs, o todas y todos, sino expresar todos”. Además, prohibió la expresión “diputados y diputadas” y en su lugar solo se puede usar el masculino.

La presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Sandra Chaher, advirtió sobre el ataque a la libertad de expresión: “Al prohibir el lenguaje inclusivo estás prohibiendo que algunas personas se expresen libremente”.  “Es una manera autoritaria de resolver un tema que es cultural. Cuando desde el feminismo en los últimos 30 años se empezó a plantear que el lenguaje era sexista y que había una necesidad de democratizarlo, nunca se planteó como obligación. En Argentina hay resoluciones de escuelas, universidades, organismos del Estado habilitando la posibilidad de usar el lenguaje inclusivo, pero no una obligación. Es central porque a las transformaciones culturales no las podes resolver por ley”, explicó Chaher a elDiarioAr.

Esta decisión se enmarca dentro de otros retrocesos en el ejercicio de derechos como el cierre del INADI o del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, algo que el presidente Javier Milei engloba dentro de la “batalla cultural”. “Esto es una batalla cultural, es la violacion de los derechos humanos, un ataque directo a las comunidades LGBT y es fijar una posición conservadora. Es inaceptable, no se llama batalla cultural es violacion a los derechos humanos”, afirma Alba Rueda.

CDB/ MG