“Salías a comprar pan y te llevaban”: en Santa Fe, trans y travestis consiguieron una reparación histórica por la violencia policial

La Monic le pinta los ojos con rimmel y delineador a la Yani Saucedo. Completa los párpados con sombras de colores, le pone rubor en los pómulos y le hace unos labios rojos. 

Es una noche de verano de 1987 y es la primera vez que la Yani se monta para salir a trabajar. Se pone un chupín gris y un topcito negro. Se arregla el carré. La Monic es una trava más grande, la conoce de los carnavales de La Mandarina, en el sur de Rosario. Le marca a las travitas más chicas las zonas menos peligrosas para prostituirse, ahí donde la Policía no las tiene tan junadas. La Yani va a Montevideo y Colón, detrás de la Facultad de Ingeniería y del Politécnico. Tiene 16 años y en Argentina hace cuatro volvió la democracia. 

Llega y a la media hora un Falcon se le para al lado. Se acerca para hablar con el posible cliente y cuando mira de cerca ya es tarde. Dos hombres adelante y dos travestis atrás. Detenidas. 

—Moralidad Pública —dice uno de los policías de civil. 

Es la primera de un número de detenciones que, más de 30 años después, no puede recordar. 

—Imposible. Era algo de todos los días. O corrías o caías. 

En 1991, después de estar 60 días en el calabozo, la Yani se exilió. Salió de la comisaría a la mañana y a la noche fue a trabajar a la avenida del puerto. Ahí empezó la cacería: patrulleros de Moralidad, del Batallón de Infantería, de la cuarta y la primera. Nunca había visto tantos canas juntos. Las arrastraban por el asfalto y las subían de los pelos mientras les pegaban patadas en las costillas. La Yani corrió y se metió en el puerto con otra chica. Se escondieron en un vagón de tren, se agarraron las manos y se juraron que si zafaban se iban de Santa Fe. Al día siguiente, tomó un colectivo a Buenos Aires y no volvió por 10 años. 

Lo que sí sabe la Yani es que las detenciones son muchas más que las que figuran en su prontuario. Tiene la carpeta con antecedentes desde hace dos años, cuando con un grupo de compañeras y un abogado decidieron que el Estado tenía que reparar a las travestis y trans por las violencias vividas. 

Cuatro días después del triunfo de Javier Milei como presidente de la Argentina, lo lograron.

La ley de las travestis

La Ley 14.220 de Reparación Histórica para las Sobrevivientes Travesti-Trans Pos-Dictadura fue sancionada por la Legislatura de Santa Fe el 23 de noviembre de 2023. Salió por unanimidad del Senado, después de la media sanción de Diputados en junio del mismo año. Mientras la Argentina entraba en un período de retroceso en derechos humanos, Santa Fe se convirtió en la primera provincia del país en reconocer la violencia del Estado contra las personas trans y travestis en un período democrático. Y también en el primer Estado de Latinoamérica en tener una ley de este tipo. 

La reparación reconoce la violencia policial por identidad de género como una práctica sistemática. Toma al período de diciembre de 1983 a junio de 2010, cuando fueron derogados los códigos contravencionales que permitían a la policía detener en la calle bajo las figuras de travestismo, ofensa al pudor, merodeo y prostitución escandalosa. Pero no es solo un reconocimiento simbólico. Es, ante todo, una reparación económica. Equivale a dos pensiones mínimas y cobertura de obra social. El derecho es hereditario a cónyuges, hijos e hijas. 

El proyecto fue escrito por la Mesa por la Reparación, un colectivo formado en Rosario en 2022 por un grupo de travestis y trans y un abogado. Lo presentó la diputada peronista Matilde Bruera y tuvo apoyo de la mayoría de los partidos políticos. 

Pero la ley existe por la insistencia. No estaba en la agenda de ningún legislador, ni era la prioridad de ningún gobierno. Fueron las travestis y trans las que buscaron, uno por uno, los votos. Fueron ellas las que juntaron los apoyos institucionales, organizaron marchas, debates y acampes, convencieron a cada presidente de comisión, salieron en los medios y armaron colectivos y caravanas para bancar la ley. Un camino de dos años de rosca política trava para lograr una ley trava, como la definen desde la Mesa. 

—Una ley que salva vidas —agrega Yanina Saucedo. Tiene 52 años y por primera vez en su vida tendrá un ingreso formal y obra social. 

Presas políticas

La ley de reparación tiene como antecedente otro proceso reparatorio. En 2018, el Estado de Santa Fe reconoció a 33 mujeres trans y travestis como presas políticas durante la última dictadura militar. Después de un trabajo de recopilación de prontuarios y de testimoniar en la Justicia, las incluyó dentro de la ley 13.298, que da dos pensiones mínimas y cobertura de salud a víctimas del terrorismo de Estado. 

La primera reparación abrió un proceso de memoria. Las travestis y trans, todas mayores de 60, contaron las torturas que habían sufrido antes, durante y después de la dictadura. Marcia Echenique no sabía cuándo había sido su primera detención. Recién cuando vio el acta policial comprobó que había entrado al pozo de la ex Jefatura en 1979, con 16 años. 

El ejercicio de memoria fue colectivo. Primero, cinco de ellas hicieron una obra de teatro, Finalmente reparadas. A la salida de una de las funciones, una pareja de policías les pidió disculpas en nombre de la fuerza. Después, armaron el Archivo de Memoria Travesti Trans. Juntaron testimonios y accedieron a otros prontuarios que evidenciaban lo que ellas ya sabían: la violencia no había terminado con la dictadura. Es que, si para la Argentina 1983 fue el año de la libertad, para las travas la democracia empezó recién 29 años después, con la Ley de Identidad de Género de 2012.  

La expectativa de vida de travestis y trans en Argentina es de 35 a 40 años. Quienes superan esa edad son consideradas sobrevivientes. Por eso, siempre supieron que la reparación tenía que abarcar más allá de la dictadura. La primera reunión para gestar la ley fue en Rosario, en febrero de 2022. Asistieron cinco travestis y trans y un abogado. 

—Es una ley trava —repite Matías Gómez, abogado de la mesa. —Yo la escribí pero lo hice con ellas. 

Tiene 38 años, trabaja en la secretaría de Derechos Humanos provincial y estuvo detrás de la letra chica de la primera reparación de las sobrevivientes de la dictadura. En esa primera reunión les propuso que escribieran una ley con el antecedente burocrático y jurídico que ya estaba funcionando. Y se sumó como un activista más, redactando la ley y la memoria que presentarían en 2023 a la Legislatura. 

—Fue muy importante trabajar con ellas y probar que hubo un grupo de personas que por su identidad de género sufrió violaciones sistemáticas de derechos humanos en democracia. Construimos una verdad jurídica que es un antecedente para todo el país.  

Con la fuerza de la ley

El 13 de junio de 2023, la Cámara de Diputados de Santa Fe votó dos veces el proyecto de ley de reparación. La primera contabilizó 27 votos a favor de 50. Amalia Granata pidió la palabra y exigió votar de nuevo por un tecnicismo. La segunda dio 28.

—Tomá —gritó Karla Ojeda desde uno de los balcones. 

—No quiero escuchar más a estos patoteros —dijo la diputada.  

Karla es una de las integrantes de la Mesa por la Reparación. Y es una topadora. Siempre está de una punta a la otra de Rosario resolviendo problemas. Es parte del Archivo de Memoria Trans y trabaja en gestión en la Universidad Nacional de Rosario. Va a todos los actos y marchas, reparte ropa y colchones entre compañeras, ayuda a una a buscar casa mientras atiende la situación de violencia de la otra, cría a su hija.  

Tiene 53 y tampoco se acuerda cuántas veces estuvo detenida. Cuando recibió su prontuario sintió que, por primera vez, tenía una prueba de lo que siempre había sido una certeza. Sí recuerda todo lo que hacían para no caer presas. 

—Acuendá que viene la sidilcri —gritaban para avisar que llegaba la policía en carrilche, la lengua que se inventaron las travas argentinas como un código secreto ante en situaciones de peligro. Y ahí era correr, subirse a los árboles, meterse debajo de un auto o donde sea para zafar. Las detenciones eran desde un par de días hasta tres meses.

—Era salir a comprar el pan y que te llevaran. 

Las travas se hacían amigas en la construcción de la identidad y en las comisarías. Desde conseguir las hormonas o la silicona líquida, hasta la ropa o pasarse la data de calles y pensiones seguras. Karla empezó a prostituirse a los 21. Creció en una casa donde aceptaron su identidad, algo poco común entre sus compañeras. En los 90 conoció a Miguel, con quien está en pareja desde hace más de 30 años. Se fueron a España cuando las detenciones eran cada vez más violentas. Ya de vuelta en Argentina decidieron tener una familia y en 2017 adoptaron a Agustina cuando tenía 11 años. 

Karla fue una de las piezas clave del activismo por la ley. Con el trabajo en el Archivo se dio cuenta que podían hacer algo por las mayores de 40 y 50 que seguían vivas y habían pasado la mayor parte de la edad laboral productiva en un calabozo.  

—Pensábamos que nunca íbamos a tener esos archivos. Hay muchos que no están porque los destruyeron, como los de Moralidad Pública. Pero además teníamos otra prueba: nosotras como testimonio vivo. 

En los 80 y 90, Santa Fe era una de las provincias más difíciles para el colectivo travesti-trans. Había una saña particular de la Policía, encarnada en Moralidad Pública. La división había nacido en 1969 y patrullaba las calles aplicando los códigos contravencionales. La unidad quedó disuelta en 2004, cuando fue asesinada Sandra Cabrera, secretaria general de Ammar. Después del crimen, las detenciones bajaron pero no terminaron hasta 2010. 

—La reparación es darle un cachetazo al Estado y mostrar lo que sucedió. Nosotras en democracia no elegimos ni tuvimos derecho a nada. Lo único que elegimos fue ser travestis y nos mataron por eso—dice Karla. 

Conseguir la ley fue un trabajo dentro y fuera de la Legislatura. Cada acción construyó un anecdotario de una forma de hacer política travesti. Desde el día que bajo la lluvia Karla fue a encarar al presidente de una comisión en Rosario, mientras otra compañera hacía lo mismo en Santa Fe con el presidente de otra, y ninguna de los dos los dejó en paz hasta asegurarse la firma, hasta cuando llegó a la Legislatura una delegación de legisladores estadounidenses y les gritaban “aprobeishon de la repareishon”. Porque a pesar de la expectativa de vida bajísima, de la violencia con la que conviven desde la infancia, de las marcas en los cuerpos siliconados e inyectados, de las amigas que mueren todos los años, esa forma de hacer política está atravesada también por un lenguaje y un humor travesti contagioso. 

—Nosotras vamos travestizando la comunidad, marica. Hubo voluntad política sí, pero lo que hubo fue insistencia y política trava. Una construcción propia de memoria, verdad y justicia. 

Después de la media sanción, Karla supo que no podían dormirse. Tenían que pasar el Senado antes de que terminara el año. Con la composición 2024 de la Cámara iba a ser más difícil. Karla hacía lobby con la presidenta del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, mientras Lali Naranjo, una travesti de San Lorenzo, se ocupaba de Armando Traferri, el más influyente entre los peronistas. 

La semana que Milei ganó el balotaje, les avisaron que había chance de tratar la ley. Alquilaron un colectivo, se endeudaron y fueron una vez más a Santa Fe. En la capital, las esperaba Fabiana González, una travesti fundamental en la organización de las actividades en la Legislatura y en el poroteo de los votos. Ese día el calor se sentía tan fuerte como los cantos y los bombos. 

—Las travas están, sí están. Las travas están, sí están. Entonces, vote, vote, vote Senado vote —gritaban sin parar. 

A las 17.30 un asesor les avisó que podía entrar un grupo de no más de seis personas. Era la señal. Chorreaban de transpiración cuando se ubicaron en los balcones y vieron a los 19 senadores votar la ley. Traferri pidió la palabra y se disculpó en nombre del Estado. 

Karla salió a la puerta de la Legislatura a abrazar a las que habían quedado afuera. Recién ahí se largó a llorar. 

Poner la ley en acción

Desde la sanción, el poder ejecutivo tiene 90 días para reglamentar la ley. La implementación la hará la Dirección de Diversidad Sexual, a cargo de la referenta trans Pamela Rochi, junto con la Caja de Jubilaciones. 

Pamela ya había estado en la gestión provincial durante el gobierno de Miguel Lifschitz e impulsó la obra de teatro Reparadas. Es una aliada clave para la mesa. Un día después de asumir, las recibió para trabajar en la aplicación. 

La mesa presentó un borrador de la reglamentación, ahora está en manos del ejecutivo avanzar con los primeros expedientes. Estiman que serán alrededor de 100 las beneficiarias: 40 en Rosario, 30 en Santa Fe y otras 30 en el resto de la provincia. Pero el número está en construcción. En la provincia hay 1569 travestis y trans que hicieron el cambio de identidad en el DNI y se calcula que la población asciende a unas 500 personas más. El beneficio llegaría a apenas el 5 por ciento de la comunidad. 

Para acceder, las personas trans deberán presentar documentación que certifique que fueron detenidas entre 1983 y 2010 en la provincia. También podrán sumar testimonios, historias clínicas y otros archivos que sirvan para probar esas detenciones sistemáticas. 

La reparación no es por edad, sino por las violencias sufridas. Apunta a las mayores de 40 años pero lo que reconoce y prueba es la violencia del Estado. Los documentos recolectados pasarán a ser parte del archivo provincial de derechos humanos. A nivel nacional, hubo distintos intentos para que el Congreso sancione una ley de reparación pero hasta 2023 no logró tratamiento.

Vivir escapando

Fabiana González no tiene recuerdos de la ciudad de Santa Fe que no sean dentro de un calabozo o escapando de la policía. 

—Algún que otro de la primaria quizás, pero pienso en esos años y solo me acuerdo de estar escondiéndome. No es que la policía te encontraba de casualidad. Andaban de día por los barrios cazándonos. Entraban a tu casa y te sacaban sin ninguna orden. 

La primera vez que la detuvieron fue en 1986. Había salido a hacer las compras cuando un auto con dos hombres se le paró adelante. Ella vestía un jardinero de jean y un suéter marrón. 

—Ninguna vestimenta de mujer, ni tacos, ni vestido, ni pintura. Solo mi identidad femenina. 

Tenía 16 años. Los policías le mostraron una placa de Moralidad Pública y la subieron a los empujones. La llevaron a la Jefatura. Fue la primera vez que conoció el centro de la ciudad. La encerraron en un cuartito y le tomaron declaración. Ella repitió varias veces que era menor pero no le creyeron. Al rato apareció uno de los policías con el pantalón por la rodilla y le dijo que si no se la chupaba no iba a salir. 

—Me asusté y me largué a llorar. Ahí me dejaron ir. 

Fabiana tiene 54 años. Empezó a prostituirse a los 18 cuando una travesti más grande le dijo: “Marica, deja de estar muriendo de hambre. Ponete un vestido, pintate y venite a putear acá. Yo te voy a enseñar”. Hasta ese momento, Fabiana pensaba que solo las mujeres cis cobraban por trabajo sexual. 

Las detenciones no pararon desde la adolescencia. Al principio a ella le parecía algo natural. Pero a los 20 habló con travestis de clase alta que nunca habían estado presas. Una de ellas le contó que su papá le había conseguido un habeas corpus para que no la detuvieran. Pero ella era pobre y no tenía esos contactos. Otra le habló de una serie de artículos de la Constitución que servían para defenderse de los códigos de falta. Fabiana los imprimió y los repartió entre las travas para que supieran cómo protegerse. 

Los policías empezaron a ser más violentos. Una noche la detuvieron en la zona donde trabajaba y, en vez de ir a la Jefatura, la llevaron a un callejón. La golpearon, la obligaron a practicarle sexo oral a todos y la dejaron tirada. La escena se repitió varias veces hasta que en 1996 se fue a Buenos Aires. 

En la crisis de 2001 migró a Barcelona después de que todos sus ahorros quedaran en el corralito. Volvió para hacer el cambio registral por la Ley de Identidad de Género y pidió ver su prontuario. 

—Un policía me lo mostró y era enorme, como dos diccionarios viejos de los de antes. 

Quiso revisarlo para hacerle un juicio al Estado pero no la dejaron. Diez años después, cuando lo buscó para el proyecto de reparación, se encontró con una carpeta más chica. 

—No estaban las fotos. Cada vez que nos metían presas nos desnudaban y nos sacaban fotos.  

A Santa Fe volvió en 2015, cuando su mamá se enfermó de alzheimer. Hace dos meses trabaja en el Instituto de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Entró por cupo laboral trans y es su primer empleo formal. Alguna vez soñó con ser paleontóloga pero no pudo terminar la escuela nocturna por los maltratos.

—Todos nuestros proyectos de vida fueron frustrados por la sociedad que no nos aceptaba. No estamos vivas porque somos unas genias, lindas o inteligentes. Estamos vivas porque tuvimos suerte. 

Fabiana fue la pata en la ciudad de Santa Fe para conseguir los votos y armar las movilizaciones. Una de las intervenciones que organizó fue una pegatina de prontuarios en un museo.

—Que el proyecto haya salido de nosotras mismas es la demostración de cómo después de tanto daño nunca lograron que nos convirtamos en personas de odio. Todo lo que nos hicieron lo transformamos en lucha y en amor. Siempre conquistamos derechos por las vías democráticas sin pasar por encima de nadie. 

El día de la votación pensó en las que no estaban. Algunas incluso se fueron en el proceso de debate. Jésica Moyano, integrante de la mesa, murió en diciembre de 2022. 

—Siempre vivimos con el fantasma de que nos vamos a morir jóvenes. A mí no me repara nada, no cambia lo que el Estado y la sociedad le hicieron a mi cuerpo. Sí sentí paz y tranquilidad por mis compañeras y por haber conseguido un poco de justicia por ellas. Para que a esta edad no tengan que pararse en una esquina para comer.

AB/MA