Ajuste por inflación y cuotas de colegios privados entre los principales cambios en el proyecto de Presupuesto
El FdT logró emitir dictamen de comisión para que el proyecto de Presupuesto del ministro de Economía Sergio Massa se vote el martes próximo en el recinto de Diputados.
Incluyó una catarata de modificaciones que, a último momento, incorporó el oficialismo en el texto. Entre las más importantes:
-Cláusula gatillo
Determina que si la pauta de inflación (estimada en 60%) o la recaudación superan lo previsto para el año el Gobierno no puede disponer de esos fondos extra como quiera y lo obliga a que envíe un proyecto de ampliación de los gastos y recursos.
El nuevo texto plantea que si “al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria” y fija que no se puede ampliar el presupuesto por decreto.
La cláusula era un reclamo de la oposición. En los hechos, le impedirá al Gobierno que, en su último año de gestión, reparta recursos extrapresupuestarios en plena campaña para las elecciones generales.
- Todos los miembros del Poder Judicial comenzarán a pagar el Impuesto a las Ganancias.
El pago de Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley 27.346, impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli y sancionada en diciembre de 2016. El nuevo presupuesto dispone que pagarán todos, con independencia de su fecha de incorporación. Fue un pedido del diputado Marcelo Casaretto (FdT)
De este modos, jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial pagarán el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar $237.000 millones a las arcas públicas.
-Régimen de exenciones
Eleva el impuesto interno de 6,5% a 9,5% para la fabricación de productos en Tierra del Fuego. Al mismo tiempo, el arancel para los productos importados –la competencia de los productos fueguinos– aumentará de 17% a 19%.
La oposición dijo que no acompañará y que la decisión encarecerá celulares, notebooks, televisores a costa de los consumidores
-Subsidios al transporte
La discusión se dio en medio de la convocatoria a un paro del servicio por tres días en las provincias anunciado para la semana próxima por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones las partidas para 2023, según un acuerdo logrado por Massa con los gobernadores del Norte Grande. Para lo que resta de 2022 el objetivo es incrementar la partida en $13.500 millones.
-Refuerzo de las partidas alimentarias y del plan Progresar
Para calmar los ánimos dentro de la propia tropa, sobre todo de aquellos que representan a los movimientos sociales, Massa accedió a reforzar las partidas alimentarias y el plan de becas Progresar, que en el presupuesto original venían con fuertes recortes.
También se incluiría un artículo para restringir desalojos a quienes se desempeñan en la economía popular.
UNICEF había presentado horas antes un documento en el Congreso en el que señalaba los “riesgos de desfinanciamiento significativos para algunas políticas fundamentales para la niñez, como la prestación alimentaria”.
-Educación y Ganancias
A propuesta del bloque de Evolución Radical, el oficialismo aceptó que se puedan deducir de Ganancias hasta el 40% de los gastos educativos de las familias. Incluye las cuotas de escuelas privadas y todos los gastos escolares, como por ejemplo los libros y materiales de estudio.
- Lo que no cambia
El oficialismo no admitió desprenderse de las facultades que le da el presupuesto al Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de las retenciones a las exportaciones del productos del campo (una atribución del Congreso).
Si bien hubo un compromiso del ministro de Agricultura Juan José Bahillo de no mover las alícuotas, esa facultad fue uno de los motivos por los que Juntos por el Cambio no acompañó la firma del dictamen de comisión.
El diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina dijo que su bloque nosotros proponía en cambio retrotraer a diciembre de 2019 el valor de las alícuotas de las retenciones a la soja, es decir, que vuelva al 30% desde los actuales 33%.
Una iniciativa del diputado oficialista Sergio Palazzo había dispuesto cobrar a las prepagas y obras sociales un 15% sobre el total de lo que recaudan de los trabajadores que pagan para tener esa cobertura. Esos recursos recaudados se destinarían al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de los reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alto costo y complejidad.
La modificación no apareció finalmente en el dictamen. La iniciativa de Palazzo había generado el rechazo de las empresas, que advirtieron que deberían trasladar la suba a la cuota de los asociados. La oposición no había acompañado los cambios.
Este artículo se modificó a las 15:40 del 23/10/22, con la aclaración sobre el impuesto a prepagas.
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