Guzmán consigue que el G20 apoye su pedido de que el FMI elimine los sobrecargos de la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se anotó este miércoles una victoria en su renegociación del préstamo récord que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al gobierno de Mauricio Macri. Convenció en Washington a sus pares del G20 (Grupo de las 20 principales economías del mundo) de que apoyaran su reclamo para que el FMI deje de cobrar sobrecargos a los países deudores. Se trata de una declaración clave dado que el directorio del organismo está dominado por las naciones del G20.

Los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del grupo solicitaron que el FMI revise su política de sobrecargos. Accedieron además a otro pedido de la Argentina y México: manifestaron la necesidad de que una parte de la nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) sea dirigida voluntariamente hacia los países de ingresos medios y bajos.

Además, se le solicitó al FMI que establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para financiar a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. En línea con lo que viene solicitando la Argentina, este financiamiento permitiría reducir riesgos futuros para la estabilidad de la balanza de pagos, incluidos aquellos derivados de las pandemias y el cambio climático.

“Agradecemos al FMI su actualización sobre la política de sobrecargos y esperamos con interés seguir debatiendo en el directorio ejecutivo del FMI en contexto de la revisión interina de los saldos precautorios”, sostuvo el G20 en su comunicado. Sobre el reparto de los DEG para enfrentar la crisis económica de la pandemia, declaró: “Celebramos la asignación general de DEG implementada por el FMI el 23 de agosto de 2021, que ha puesto a disposición el equivalente a 650.000 millones de dólares en reservas adicionales a nivel mundial. Apreciamos los recientes progresos realizados por el FMI para ofrecer opciones viables a los miembros con fuertes posiciones externas (N. de la R.: en referencia a las naciones desarrolladas) para canalizar voluntariamente una parte de sus DEG asignados, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, para ayudar a los países vulnerables”. 

“Pedimos al FMI que establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés) -en consonancia con su mandato- para proporcionar financiación asequible a largo plazo para ayudar a los países de bajos ingresos, a los pequeños estados en desarrollo y a los países vulnerables de ingresos medios a reducir riesgos futuros para la estabilidad de la balanza de pagos, incluidos aquellos derivados de las pandemias y el cambio climático”, señaló el comunicado. La idea es que los países de ingresos bajos y medios reciban fondos para luchar contra la crisis climática.  

Previa a la declaración del G20 y en el marco de la asamblea anual del FMI, su directora gerenta, Kristalina Georgieva, se refirió en una rueda de prensa a la reunión que había mantenido el día anterior con Guzmán: “El trabajo se apoya para encontrar una senda para que la Argentina pueda tener políticas firmes para inducir el crecimiento privado, generar empleo genuino y focalizar el gasto público”. Este último comentario apunta contra los subsidios a la energía, que el Fondo y el ministro quieren recortar pero que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner defiende. El FMI también aboga por reducciones impositivas a la inversión -que el ministro está adoptando para sectores como el agroindustrial, el automotor, el de hidrocarburos y el de economía del conocimiento- así como a una flexibilización laboral, que este miércoles negó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En cambio, sí está en revisión la doble indemnización y la prohibición de despidos que el Gobierno estableció por la pandemia.

“Tenemos que encontrar un buen punto de acuerdo, donde el acuerdo sea creíble y útil para Argentina”, afirmó Georgieva. En la conferencia de prensa, la directora gerenta había sido interrogada por los sobrecargos. “No hemos tomado una decisión”, había respondido. Con la declaración del G20 puede abrirse el camino a una reforma en el directorio.

Período de gracia

Hace unos días, Fernández había dicho que al acuerdo con el FMI sólo le faltaba por resolver el capítulo de los sobrecargos. Pero todavía resta una discusión más amplia sobre el programa económico que seguirá el Gobierno a cargo de que le posterguen por los vencimientos de la deuda que caen sobre todo entre el año próximo y el siguiente. Altas fuentes del oficialismo dan por seguro que el Fondo otorgará un periodo de gracia de cuatro años dentro de un acuerdo de diez, no de 20, como pretende Cristina Kirchner.

Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, están discutiendo cuestiones muy técnicas sobre cuánto será el déficit fiscal de los próximos años y cuáles serán las fuentes de su financiamiento. Para el organismo, cuanto menos emisión monetario, mejor. El ministro coincide.

En cuanto a la acumulación de reservas del Central, todavía no se conversó sobre objetivos, que dependerá de los niveles de importaciones. Sí se está debatiendo con bastante detalle distintos ítems de las cuentas externas, la política monetaria, el financiamiento y el gasto. Los negociadores calculan tasas de crecimiento para los próximos años, de ellas se desprenden ciertos niveles de recaudación tributaria y de rojo fiscal y a partir de entonces se debate cómo se financia. Además, la expansión económica determina determinados montos de importaciones, de saldo comercial y, por tanto, de acumulación de reservas.

En cuanto a la meta del tipo de cambio, el proyecto de presupuesto 2022 prevé que el oficial termine ese año en $ 131 y la idea de Guzmán y Pesce consiste en mantener ese número en la negociación con el FMI. Ni el Gobierno ni el organismo calculan que el tipo de cambio está atrasado y requiera de una devaluación.

A partir de las proyecciones de crecimiento, origen del financiamiento y saldo externo, los negociadores podrán discutir las estimaciones de inflación, otro de los temas centrales del diálogo. En cada variable se debe empezar por definir cómo se calculará. Todo eso está en veremos. No por nada altas fuentes del oficialismo reconocer que sólo en enero próximo se firmaría el pacto. La fecha límite es marzo: para entonces, o arriba a un convenio o cae en default con el FMI, lo que podría aislar aún más a la Argentina en términos financieros, según advierten las potencias occidentales. ¿Y China? Es una incógnita. Por lo pronto, hasta la vicepresidenta está de acuerdo con buscar un acuerdo, aunque economistas cercanos a su visión como Andrés Asiain, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), que sólo debe rubricarse un acuerdo que dé “márgenes de autonomía política para dar respuesta a las demandas sociales” y si no se puede llegar a un consenso, recomiendan extender “eternamente” la negociación con declaraciones públicas de voluntad de pago hasta convencer al acreedor.

AR