Con Juan Manzur en el Gobierno, la ley de etiquetado frontal suma un oponente de peso

Resistida por la industria alimenticia en todo los países en los que se buscó imponerla, la ley de etiquetado frontal —que intenta transparentar mediante señales de advertencia en los paquetes el contenido de los alimentos que consumimos— suma en la Argentina un nuevo obstáculo. Uno de sus principales oponentes es ahora una pieza central del gobierno del Frente de Todos. Juan Manzur, hasta hace unas horas gobernador de Tucumán y ahora jefe de Gabinete de Alberto Fernández, ha intervenido directamente para bloquear cada una de las iniciativas que rozaron lo que llama la “industria madre” de su provincia, la azucarera. 

Lo dijo en televisión. “Científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud”, opina Manzur, que es médico de profesión y estuvo al frente de las carteras de Salud de la provincia de Buenos Aires, Tucumán y la Nación. La ciencia, sin embargo, no lo acompaña. 

“El azúcar no es un nutriente esencial y hay evidencia sólida que muestra que puede ser perjudicial al contribuir al sobrepeso, la obesidad y la caries dental”, sostiene en un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Enrique Jacoby, exasesor en Alimentación Sana y Vida Activa de ese organismo. Concretamente, las dietas excesivas en azúcar, sal y grasas se vinculan a las enfermedades que explican el 77,6% de las muertes en la Argentina.

De todos modos, el argumento central de Manzur en contra de las iniciativas que buscan recortar el consumo de azúcar no es científico ni sanitario, sino económico. También lo dice en cada oportunidad que se le presenta: Tucumán tiene 15 ingenios activos y en la zona norte del país hay alrededor de 500.000 hectáreas de caña de azúcar que le dan trabajo directo a 50.000 familias.

Manzur también fue el detractor máximo del impuesto a las bebidas azucaradas que intentó introducir la gestión de Mauricio Macri en la reforma tributaria de 2017, medida que demostró tener resultados exitosos para la salud en otros países. La desactivación de la iniciativa fue negociada personalmente por Manzur y José Alperovich —principal padrino político de Manzur— con los entonces ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne y anunciada por los tucumanos como una victoria. La gestión incluyó el trabajo codo a codo de Manzur con Coca Cola, tal como él mismo expuso en sus redes sociales. 

En 2017 Manzur también fue a la Justicia para frenar una ordenanza cordobesa que buscó limitar la provisión de azúcar en locales gastronómicos, causa en la que consiguió un primer fallo favorable, y fue el lobbista principal de los ingenios azucareros en la discusión por la ley de biocombustibles, en la defensa de la industria del etanol de caña de azúcar. Nada del azúcar le es ajeno. 

El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocido como “de etiquetado frontal”, establece la obligación de aplicar sellos de advertencia con forma de octógonos negros a los alimentos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio. Obtuvo media sanción del Senado el 30 de octubre de 2020 casi por unanimidad. Votaron 64 senadores a favor y solo tres en contra. Dos de ellas, tucumanas: Silvia Elías de Pérez, de la UCR, y Beatriz Mirkin, del Frente de Todos. ¿Y el tercer senador tucumano? Es José Alperovich, que no votó porque está de licencia desde noviembre de 2019, tras ser acusado de violación por su sobrina. 

En su paso a Diputados, el avance de la iniciativa se estancó. Sergio Massa, presidente de la Cámara, viajó a Tucumán y se fotografió en la pista de aterrizaje chocando puños con Manzur. “Los productores azucareros tienen que estar tranquilos porque posee un grupo de diputados que pelean por los intereses de Tucumán mucho mejor de lo que puede hacer el Gobierno nacional”, dijo en la visita, y se comprometió a “acompañarlos”. “Creo que hay que atender la potencia que tiene el sector azucarero para Tucumán”, sumó.

A su regreso, Massa giró el proyecto a seis comisiones, en una maniobra que los defensores de la ley consideraron dilatoria. El hecho fue tendencia en Twitter con el hashtag #ExcesoDeLobby y terminó forzando a Massa a volver sobre sus pasos y descartar dos. Finalmente, el 13 de julio el proyecto obtuvo dictamen de comisiones en Diputados pero, a casi un año de la media sanción en el Senado, todavía no llegó al recinto. 

“Todavía no está definida la agenda parlamentaria”, dicen a elDiarioAR cerca de la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la Comisión de Legislación General, que encabezó el plenario en el que se obtuvo dictamen. Antes de las PASO aseguraban que la ley de etiquetado sería tratada en la primera sesión posterior a las elecciones.

La política no es lineal y el nuevo cargo de Manzur no anula por completo la posibilidad de que la ley sea sancionada. Más aún cuando cuenta con un respaldo transversal dentro del Congreso, el aval del Ministerio de Salud y la presión de una sociedad civil cada vez más organizada. De hecho, aunque es conocido como un ferviente católico con posiciones anti legalización del aborto y fue denunciado penalmente en 2019 por obstaculizar el acceso al aborto legal a una nena de 11 años violada, su gestión como ministro de Salud de Cristina Fernández de Kirchner no se reflejó directamente en un repliegue de la agenda de derechos sexuales. Pero sobre este dato no hay duda: es un oponente acérrimo y confeso a la ley de etiquetado frontal, sentado en la segunda silla de mayor importancia de la Casa Rosada. 

DT