En medio del debate por los planes, el Gobierno apunta a enlazar programas sociales con empleo formal en cinco sectores clave

Transicionar de la asistencia social al trabajo. Esa es la consigna que el Gobierno eligió para articular su discurso, la que matchea mejor con la promesa de campaña de “reconstruir” la Argentina. Tras un año y medio de crisis pandémica, el equipo del Frente de Todos espera poder quitar algo de atención de la emergencia y comenzar a delinear políticas de más largo plazo. 

La estrategia con la que se buscará dar las primeras señales en el plano laboral es la compatibilización de los beneficios sociales con el trabajo formal en un puñado de sectores clave. Una especie de “puente” entre ambas orillas, ya intentado otras veces, que esta vez se enfocaría en cuatro ramas de bajos ingresos y alta informalidad: construcción, actividad textil, sistema de cuidados, reciclado y producción de alimentos.

Este lineamiento recibió su piedra inaugural el 12 de agosto pasado, en la ciudad entrerriana de Concordia. Alberto Fernández, acompañado por el recién asumido ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta —para entonces no había cumplido 48 horas al frente de la cartera— presentó un plan para que los trabajadores rurales temporarios puedan ser contratados de manera formal sin resignar sus beneficios sociales. 

“Ahora va a dejar de ser incompatible la idea de tener un plan social que los auxilie con la idea de trabajar. El objetivo nuestro no es que la gente tenga planes sociales, es que la gente tenga trabajo, es dignificar el trabajo”, dijo Fernández desde una planta procesadora de cítricos y destacó que fue una iniciativa recogida de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Lo planteó como una solución al “dilema” que enfrentan muchos argentinos y argentinas: “Me quedo con lo seguro, que es mi plan, o me arriesgo al trabajo y no sé qué va a pasar mañana”. 

Según los cálculos oficiales, ese programa —que fue formalizado poco después con el decreto 514/2021— alcanza a 150.000 trabajadores golondrina (dentro de un universo total de 250.000) que son beneficiarios de programas como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar y podrán ser contratados sin que eso implique perderlos.

La iniciativa recoge también el reclamo de los empleadores de distintos sectores, desde productores agropecuarios a industriales. “Nos encontramos en las fábricas con gente que quiere trabajar pero en negro, no formal, para no perder el subsidio”, había expuesto poco tiempo atrás el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Según un informe reciente del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Bolsa de Comercio de Córdoba entre personas de la misma edad, sexo y nivel educativo, el porcentaje que no busca empleo es casi 21% mayor entre quienes reciben transferencias monetarias del Estado.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba el porcentaje que no busca empleo es casi 21% mayor entre quienes reciben transferencias monetarias del Estado.

Finalizada la veda electoral que le impide hacer anuncios, el Gobierno replicará la medida en otros sectores. Si bien todavía el plan de acción no está completamente definido, se anticipa que se enfocará en esos que ya había dejado señalados el ministro de Desarrollo Social saliente, Daniel Arroyo, como los ejes para incorporar a las personas que están en una situación informal: construcción, actividad textil, sistema de cuidados, reciclado y producción de alimentos, donde se inscribe el trabajo rural. 

El comienzo por los trabajadores rurales tiene que ver con el rasgo central del empleo, que es temporal y de algún modo simplifica el empalme. El marco legal es más complejo en esos casos en los que la relación laboral tiene continuidad. Para eso se está evaluando la posibilidad de hacer compatible los planes con el trabajo formal por una cantidad limitada de meses, con el objetivo de que terminado el plazo la persona quede empleada de manera permanente. El desarrollo de la medida requiere el trabajo conjunto de distintos ministerios para no colisionar con la normativa y los convenios colectivos vigentes. Una vez definido los marcos, se emitirían resoluciones sector por sector, tal como se hizo con los trabajadores rurales.

Según fuentes cercanas al ministro Zabaleta, la hoja de ruta está enfocada ahí y no en el programa Potenciar Trabajo, que tiene hoy 1,1 millones de beneficiarios y no se prevé ampliar en el futuro inmediato. Sin embargo, este programa condensa también esta idea de “empalme”: los beneficiarios reciben la mitad del salario mínimo ($14.040 en agosto) y trabajan 4 horas en contraprestación en el sector público o privado. 

La idea de transicionar de planes sociales a trabajos no es nueva. Incluso en el gobierno de Mauricio Macri se lanzó un programa denominado “Empalme”, que habilitaba a las trabajadoras y los trabajadores incluidos en programas nacionales (por ese entonces Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Construir Empleo) a que mantuvieran sus ayudas económicas por hasta 24 meses. Del mismo modo que en la iniciativa del Frente de Todos ese dinero que aportaba el Estado podía ser contabilizada por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta mensual, por lo que funcionaba en los hechos como un subsidio al empleo privado. 

Macri proyectó 80.000 “empalmes” por año; pero los números estuvieron más cerca de 12.000

El programa impulsado por Mauricio Macri proyectó 80.000 “empalmes” por año. Sin embargo, de acuerdo a las presentaciones hechas al Congreso por el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, el dato anual de incorporaciones anuales estuvo en torno a los 12.000 entre 2017 (año en que se lanzó) y 2019.  

“En esto no hay miradas diferentes dentro del Gobierno; todos estamos en la misma página de que hay que salir del plan al empleo”, aseguró una fuente oficial en respuesta a la consulta por declaraciones cruzadas entre funcionarios del Frente de Todos y organizaciones sociales. La polémica, según admite, está más focalizada en la iniciativa del ingreso básico universal que acercaron dirigentes como Juan Grabois y Claudio Lozano y que en los movimientos sociales consideran necesaria para evitar una escalada del conflicto social. Si bien en el gabinete económico consideran que la iniciativa es válida y apunta a atender una situación que merece atención, señalan que resulta difícil de respaldar cuando se ponen los números sobre la mesa. 

DT