“Nadie quiere ir a los paradores”: la problemática de las personas sin techo que desnudó el caso de M.

Unas telas atadas entre dos árboles en las inmediaciones de la autopista Dellepiane. En ese lugar, mostrado insistentemente por las cámaras de televisión en las últimas horas, vivía con su mamá M.B., la nena de siete años secuestrada el lunes pasado por Carlos Savanz y encontrada esta mañana. En condiciones similares viven por lo menos 1.147 personas sólo en la ciudad de Buenos Aires, según datos oficiales, aunque el piso se eleva a 7.250 si se considera un censo hecho por ONGs y organizaciones sociales. 

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del Gobierno de la Ciudad, entre 2019 y 2021 agentes porteños visitaron en más de 20 ocasiones la carpa donde vivía M. con su mamá. “Sólo en tres oportunidades se encontraron con la mujer y siempre rechazó los ofrecimientos de los asistentes sociales de llevarla a algún Centro de Inclusión Social o de ayudarla a tramitar documentación para obtener algún subsidio habitacional”, aseguraron. 

El caso particular desnuda una situación que es general entre las personas que viven en la calle. “Nadie quiere ir a los paradores”, resume Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, que cuenta con centros de integración para personas sin techo que tienen la particularidad de estar abiertos las 24 horas y ser coordinados por la misma gente que los habita. “El modelo de los paradores surgió en los 90 como un lugar en el que la gente come, se baña, duerme y se va. Esa figura no sirve, no sirvió nunca: son lugares muy expulsivos, discriminatorios a la hora del ingreso, que no dan tiempo para trabajar nada en profundidad con las personas”, explica. 

De acuerdo con el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en abril de 2019 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Defensoría del Pueblo de CABA, Proyecto 7 y una larga lista de organizaciones sociales, se registraron 7.251 personas en situación de calle de las cuales 5.400 (el 74,5%) no tenían acceso a paradores ni establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad y directamente dormían en la vía pública. 

El informe relevó que el 16% de esa población estaba conformada por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. “Más allá de ese dato, la gente en situación de calle es una población mayoritariamente joven; casi el 30% es menor de 30 años y el 53% menor de 40”, precisa Rosario Fassina, coordinadora del Programa Derecho a la Ciudad en ACIJ.  

Los paradores son lugares muy expulsivos, discriminatorios a la hora del ingreso, que no dan tiempo para trabajar nada en profundidad con las personas

El número captado por este informe es mucho más alto que el del censo oficial del Gobierno de la Ciudad del mismo año, que identificó un universo de 1.146 personas sin hogar. La diferencia surge de la estrategia metodológica, que incluyó sólo a la gente que efectivamente estaba en calle al momento del relevamiento y no a quienes se encontraban en paradores o a con riesgo habitacional. El nuevo censo, acordado entre el Gobierno porteño y organizaciones sociales se realizará en abril próximo.

Si bien estos datos son los últimos disponibles fueron relevados antes de la pandemia de coronavirus y todo indica que se han incrementado en los últimos dos años. De acuerdo con las estimaciones de Ávila, cuya organización recibe a 400 personas diariamente, el número aumentó alrededor del 30% desde 2019. 

El Gobierno de la Ciudad ofrece dos soluciones frente a esta situación. Por un lado, un subsidio habitacional, de entre $5.000 y $8.000 dependiendo la composición del grupo familiar, destinado a solventar el alquiler de una vivienda o una pieza de hotel. Sin embargo, el acceso a este subsidio no es sencillo y la gran mayoría de los beneficiarios lo consiguen luego de alguna instancia de judicialización. 

Por otro lado, pone a disposición paradores para pasar la noche. Según la página oficial del Gobierno de la Ciudad, en Buenos Aires hay alrededor de 30 hogares y refugios entre instituciones propias y de gestión asociada, a los que se le sumaron algunos otros por la circunstancia excepcional de la pandemia. Los destinatarios son hombres solos de 18 a 60 años y mujeres de 18 a 60 años solas o con hijos menores de edad y para cada uno de estos grupos hay instituciones específicas asignadas, dado que sólo una es mixta. 

Se trata de una solución transitoria. Todos los días las personas deben hacer cola frente al refugio y esperar ingresar antes de que se llene, repetir la rutina al día siguiente. “La gente hace cola desde las 5 para entrar a las 7 u 8 y a veces igual no puede ingresar porque no hay cupo o porque no tiene DNI”, relata Ávila. 

Por otro lado, aparece el miedo a perder las pocas pertenencias que se dejan en la calle. “Vos cuando armás una ranchada armás una estructura alrededor de vecinos, de comercios, que te permiten sobrevivir y por una noche en un refugio arriesgás todo eso. Además, históricamente los paradores han tenido mucha policía adentro, una política muy represiva, con pocos trabajadores sociales y profesionales. Un abordaje más enfocado en la seguridad, cuando lo cierto es que las personas que están en situación de calle no son delincuentes”, apunta Ávila, que vivió en carne propia la experiencia de no tener techo. 

En los paradores tampoco permiten el ingreso con mascotas ni un lugar donde alojar los carros para los cartoneros. Además, al no ser mixtos, en muchos casos obligan a las familias a separarse para pasar la noche. 

Ávila señala que la problemática de los sin techo excede a la ciudad de Buenos Aires y que, además, es muy compleja porque la población de gente en la calle está compuesta de muchos subgrupos con necesidades de abordaje diferente. Entre ellos, mencionó a las personas con problemas de consumo como la madre de M, que demandan resolver ese problema primero. 

En los paradores no permiten el ingreso con mascotas ni un lugar donde alojar los carros para los cartoneros. Además, al no ser mixtos, obligan a las familias a separarse para pasar la noche.

Por otro lado, Fassina destaca que muchas de las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para aliviar el impacto de la pandemia se fueron diluyendo en el último tiempo. Por caso, el 31 de marzo próximo dejará de regir el decreto que congeló los alquileres desde marzo de 2020 y suspendió los desalojos por falta de pago. “Estimamos que la caída de ese decreto va a impactar de manera muy significativa en el universo de personas sin techo”, sostiene.

Según el censo de las organizaciones, más de la mitad de las personas sin hogar relevadas en abril de 2019 estaban en esa situación por primera vez en su vida. El informe arrojó que el 36% estaba residiendo en una vivienda propia antes de quedarse sin techo, que el 32% alquilaba y el 9% vivía en un hotel o una pensión. Sólo el 6% provenía de una institución.

El diputado nacional Federico Fagioli, del Frente de Todos, presentó la semana pasada un proyecto de ley para atender la problemática de personas en situación de calle y familias sin techo a partir de una serie de políticas públicas. La iniciativa, que fue elaborada con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica propone reemplazar el modelo de parador por centros integrales, abiertos las 24 horas, que contemplen apoyo terapéutico, capacitación en oficios y atención a la salud. Además, plantea la creación de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en calle.

DT