Con subsidios, sin actualización de tarifas y con cortes, Edenor y Edesur acumulan deudas por más de $100.000 millones

Según datos del mercado eléctrico, las empresas de distribución de energía acumulan deudas por casi 300 mil millones de pesos, mientras piden por actualización de tarifas y retacean inversiones. Un tercio corresponde a Edenor y Edesur, las dos distribuidoras de electricidad del área metropolitana. El resultado, un servicio deficiente que le cuesta una fortuna en subsidios al Estado.

En julio último, el Gobierno Nacional anunció un “acuerdo histórico” que iba a dar “sustentabilidad y previsibilidad” al sector eléctrico. En líneas generales, bajo el paraguas del Artículo 87 del Presupuesto 2021, el acuerdo permitía regularizar las deudas que las distribuidoras de energía eléctrica tienen en el mercado mayorista en un período de hasta cinco años con un semestre de gracia y una tasa de interés que es la mitad de la que se aplicaba para actualizaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En criollo, el Estado absorbía los costos a través de generosas reestructuraciones a las empresas deudoras y de créditos a las empresas cumplidoras (18 en total), bajo la promesa de inversiones. Sin embargo, no resultó como se esperaba. En el sector, coinciden en que se avanzó en acuerdos con distribuidoras de algunas provincias como Entre Ríos, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santa Fe y unas 25 cooperativas del interior de Buenos Aires. Pero el grueso todavía no cerró acuerdos y continúa con la acumulación de deudas.

Ese acuerdo se rubricó con los números al 30 de septiembre del 2020, fecha en la que las distribuidoras debían a Cammesa unos $ 137 mil millones de pesos. En 15 meses, la deuda ascendió a $ 287 mil millones; es decir, aumentó en un 110%; más del doble.

Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) es una Sociedad Anónima administrada por el Estado y por representantes de las empresas del sector. Allí, se coordinan las operaciones de compra y venta en el mercado mayorista de electricidad. Las distribuidoras cobran a los usuarios y luego pagan por la energía mayorista a Cammesa, que a su vez es la encargada de pagar a las generadoras.

En septiembre, Edenor y Edesur eran las máximas deudoras, con $ 16 mil y $ 14 mil millones, respectivamente. Hoy, siguen en la cima de la tabla, pero con números abismales: Edesur debe $ 58 mil millones y Edenor, $ 50 mil millones, según un resumen al 9 de diciembre, al que tuvo acceso este medio.

Siempre según el mismo documento, el 75% de la deuda se reparte en apenas 10 empresas, casi todas privadas: las citadas Edenor y Edesur, con un pasivo de $ 108 mil millones (casi el 40% del total de la deuda); la misionera Emsa, con un pasivo de $ 21,9 mil millones; la provincial chaqueña Secheep, con $ 19,5 mil millones; Eden, con $ 13 mil millones; Edelap, con $ 12,4 mil millones; la mendocina Edemsa, con $ 11,3 mil millones; Edea, con $ 11,1 mil millones; la riojana Edelar, con $ 9,8 mil millones, y la rionegrina Edersa, con $ 8,9 mil millones.

Edelap, Edea, Eden y Edes son las 4 grandes distribuidoras del interior de la provincia de Buenos Aires. En el rubro, se las conoce como “las 4 hermanas”, ya que todas pertenecen al Grupo Desa, de Rogelio Pagano. Entre todas, deben a Cammesa más de $ 40 mil millones y, en el último ejercicio, pagaron apenas el 35% de la energía que compraron.

Edesur, de la multinacional italiana Enel, hizo lo propio, mientras que Edenor, del Grupo Vila-Manzano, pagó alrededor del 50%. Se trata de dinero que se cobra a los usuarios, pero que no se paga en el mercado mayorista. No son las empresas generadoras de energía eléctrica las perjudicadas, ya que reciben su parte. Quien absorbe las diferencias es el Estado.

Pese al 3 mil por ciento de aumentos que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri, las empresas del sector plantearon que no podían seguir pagando la energía que después vendían, producto del congelamiento tarifario implementado en el último año del gobierno macrista, en la previa de las elecciones nacionales, y en los dos de Alberto Fernández, en medio de la crisis sanitaria.

El Presupuesto 2021 destinaba 4.848 millones de dólares a la energía eléctrica (el 70% del total de subsidios a la energía). Según estimaciones privadas la actualización efectiva de ese monto ascendería a US$7.000 millones. El Gobierno anunció una suba de entre un 17% y un 20% para 2022 y trabaja en un plan de reducción de subsidios.

La visión de las empresas

Desde la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), se desmarcan de la política privada: “Las cooperativas no tenemos grandes deudas con Cammesa, no tenemos cortes porque realizamos las inversiones correspondientes y tampoco dejamos sin servicio a los morosos”, argumentan.

FACE nuclea a unas 240 cooperativas eléctricas que brindan servicio en 14 provincias. “La generación alcanza. Se generan 33 mil megas por día. El día del apagón hubo una demanda de 25 mil megas y voló todo. ¿Por qué? El problema es el sistema de transporte y distribución, y la forma de consumo. El crecimiento del aire acondicionado en los últimos años obligaba a cambios e inversiones más fuertes. Pero esas inversiones no se hacen y se prenden fuego los transformadores porque no resisten el tipo de consumo de los aires”, explicó a elDiarioAr José Álvarez, presidente de FACE.

“Las grandes distribuidoras no están haciendo ningún tipo de inversión y están pagando el 50% de la factura a Cammesa. Si la energía cuesta $ 100, la mitad ya está subsidiada por el Estado. De los otros $ 50, se paga la mitad o menos. Así, de algo que vale $ 100, se está pagando $ 20 o $ 25”, graficó.

Muchas cooperativas no pueden comprar de manera directa en el mercado mayorista, por lo cual tienen a las distribuidoras habilitadas (privadas o provinciales) como intermediarias. “Muchas veces ocurre que la cooperativa le paga a la distribuidora intermediaria, pero esta no le paga a Cammesa. O sea, no solo se quedan con la de ellos, sino también con la nuestra”, concluyó.

Edenor se encuentra en el ojo de la tormenta por estos días, producto del apagón del 11 de enero. Ante la consulta de este medio por el acuerdo de reestructuración de deuda, apuntaron: “En nuestro caso, no tenemos novedades de negociación por el momento”. Al mismo tiempo, aseguraron que al 31 de diciembre su deuda con Cammesa es menor a la expresada anteriormente: “La deuda actual es de aproximadamente $ 26.700 millones (más los intereses). Venimos pagando entre el 70 y el 80% de la factura con Cammesa mes a mes. En noviembre y diciembre estuvimos en el 70%”.

Con respecto a las inversiones, en Edenor destacaron: “Desde 2013 a la fecha, hemos inyectado US$ 1.700 millones en la red, lo cual nos ha permitido reducir los cortes de 2014 a la fecha en un 60%”.

En los últimos dos años, “mucha obra no pudo realizarse producto del ASPO y todo lo que sobrevino en materia Covid, que ralentizó y paró mucha obra”, por lo cual la misma estuvo centrada en el mantenimiento. “Así y todo, se ha logrado reducir las interrupciones a 4,3 por año, con una duración promedio por cliente de 11,2 horas. Cabe recordar que en 2014 el promedio era de 9,5 cortes por año y con una duración de 33 horas por año”.

Por su parte, desde Edesur expresaron en un comunicado: “Las empresas de distribución de energía son muy intensivas en inversiones. No existe otra forma de sostener la mejora del servicio que requieren nuestros clientes, sin recursos tarifarios o subsidios”, planteó Claudio Cunha, CFO de Enel en Argentina.

La queja de los municipios

En los últimos años, un grupo importante de municipios bonaerenses (principalmente, de la zona sur del Conurbano) ha realizado distintas acciones directas contra las distribuidoras privadas. En algunas oportunidades, incluso, han pedido la quita de la concesión.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, participa activamente de ese grupo y apuntó: “Nos presentaron (Edenor y Edesur) un plan de inversiones que no se hizo porque si no, no habría este nivel de corte en verano y en invierno. Ellos (las empresas) dicen que hay una deuda teóricamente del Gobierno Nacional y que la tarifa no se actualiza. Por lo que pude hablar con los municipios, nunca está la inversión prometida y siempre están muy atrás de lo que deberían. Esto se ve reflejado en el nivel de reclamo, que es muy alto, y Edesur siempre pica en punta”.

Para Lorenzino, “no solo no invierten, sino que no dan respuesta”. “La gente va a los municipios a quejarse. Hay personal y cuadrillas municipales destinadas a atender los reclamos eléctricos porque las empresas no dan respuestas”, concluyó.

En la misma línea, se ubican distintas asociaciones de defensa al consumidor. “A las distribuidoras hay que estatizarlas. Hay que terminar con la estafa energética. Hace 20 años que dicen que el negocio no les cierra y sin embargo se siguen llenando de plata, a costa de la gente que paga un servicio básico y esencial como es la energía”, disparó Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).

JR/WC