La justicia brasileña prohíbe a Bolsonaro presentarse a las elecciones hasta 2030 por abuso de poder
La mayoría de magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil votó a favor de inhabilitar políticamente durante ocho años al expresidente Jair Bolsonaro por abusos de poder y uso fraudulento de recursos públicos durante la campaña electoral que llevó al poder al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio “Lula” da Silva, en 2021.
Con el voto favorable de la vicepresidenta del TSE, la magistrada Cármen Lúcia Antunes, se completó este viernes la mayoría necesaria para condenar al expresidente brasileño, contra el cual ya habían votado tres de los siete magistrados que conforman el pleno del tribunal.
Después de Antunes, el magistrado Alexandre de Moraes también se mostró favorable a la inhabilitación. Moraes fue atacado por el propio Bolsonaro y la ultraderecha de Brasil durante el proceso electoral que ha protagonizado el juicio.
El magistrado Raul Arújo había defendido la absolución del exgobernante anteriormente y un segundo lo hizo este viernes: Kassio Nunes Marques, juez promovido por Bolsonaro al Supremo y al TSE, de talante ultraconservador.
La votación tuvo lugar este viernes durante la cuarta audiencia celebrada por el TSE en Brasilia, en el marco del primer juicio contra el líder ultraderechista que dio comienzo la semana pasada.
Con esta decisión del TSE, adoptada por cinco votos frente a dos, el líder de la ultraderecha de 68 años no podrá concurrir a cargos electivos ni ejercer puestos en la administración pública durante un plazo de ocho años, contados a partir de octubre de 2022, cuando se celebraron los comicios presidenciales, que Bolsonaro puso en entredicho.
La acusación se centró en una reunión a la que el exmandatario convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la Presidencia, el 18 de julio de 2022, y durante la que descalificó gravemente el sistema electoral, y acusó a la Justicia brasileña y al propio TSE que le juzga de maniobrar en favor de Lula da Silva.
En aquel encuentro, celebrado a puertas cerrada, Bolsonaro vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996. Además, la reunión fue transmitida por la televisión pública y las redes sociales, provocando una verdadera tormenta: YouTube retiró el vínculo y la Justicia multó a Bolsonaro con 20.000 reales (unos 4.000 euros) por uso electoral de la máquina pública.
Por ello, ese día incurrió en varios delitos: “abusos de poder y económicos” y “uso indebido de los medios públicos”, al valerse de la residencia oficial de la Presidencia para esa reunión y ordenar su transmisión por la televisión pública.
Unos tres meses después, el ultraderechista no logró ser reelegido en las elecciones y a día de hoy sigue sin reconocer los resultados que dieron la victoria a su contrincante, por un estrecho margen.
Según Ademar Borges, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, “la reunión con los embajadores es fruto de una secuencia de ataques que ocurrió a lo largo de meses. Había una estrategia sistemática de producción y diseminación de desinformación contra el proceso electoral” por parte del exmandatario.
Este viernes, horas antes de que diera comienzo la cuarta sesión, Bolsonaro reiteró en una entrevista con la emisora Itatiaia que el juicio “no tiene ni pies ni cabeza” y volvió a insinuar que los magistrados actuaron para favorecer al líder progresista en la pasada contienda electoral. “No ataqué el sistema electoral, mostré posibles fallos”, aclaró, según la Agencia EFE.
Asimismo, adelantó que recurrirá para intentar recuperar sus derechos políticos: “Conversaré con mis abogados y habrá un recurso ante el Tribunal Superior Federal”.
LC
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