Biden termina con el veto de Trump al aborto que afectó a miles de mujeres en países pobres

En 2017, la ONG colombiana Profamilia se vio forzada a terminar con un programa con el que apoyaba a 60.000 adolescentes afectados por el conflicto. En Mozambique, otra organización tuvo que cerrar casi 18 clínicas que prestaban servicios de planificación familiar a jóvenes del país. La razón que les empujó a cortar sus proyectos era la misma, a pesar de encontrarse a más de 12.000 kilómetros de distancia: la llegada al poder de Donald Trump se tradujo en la retirada de fondos de su donante principal, Estados Unidos, ya que la matriz de ambas organizaciones prestaban servicios relacionados con el derecho a abortar.

“Era un programa básicamente de empoderamiento a las poblaciones jóvenes en ocho municipios de Colombia, una población particularmente afectada por el desplazamiento y el conflicto armado”, explica la directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo. No obstante, el proyecto también ofrecía “formación con los chicos y las chicas en salud, en derechos sexuales y reproductivos”, entre los que se mencionaba todos los mecanismos de prevención del embarazo no deseado. No pasaba el visto bueno de Trump.

“La Constitución colombiana indica que las mujeres tienen el derecho a optar por una interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales [cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, si hay grave malformación del feto y en caso de violación]”, indica Royo. La directora también recalca la paradoja en la que se encuentran las ONG de los países en los que el aborto es legal. “Para poder seguir trabajando con un proyecto de cooperación con el gobierno americano tienes entonces que ir en contra de las leyes existentes en tu país”.

Un veto que se remonta a 1984

Ocho días después de llegar al poder, el presidente Joe Biden, firmó un decreto para revocar el veto del magnate republicano y volver a permitir el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero. Esta pelea que afecta a proyectos humanitarios de todo el mundo entre republicanos y demócratas empezó en 1984 con un decreto que promulgó Ronald Reagan, entonces mandatario de Estados Unidos, durante la conferencia de Naciones Unidas en la capital mexicana, razón por la que a esta medidas se la conoce como la política de Ciudad de México o como la “ley mordaza global” entre los más críticos.

No obstante, Trump, como fue habitual durante su mandato, hizo que la medida fuese lo más estricta posible y, además de implantarla, en 2019 su administración anunció que las organizaciones extranjeras que reciban financiación de su país tendrán prohibido apoyar a grupos que estén a favor del aborto. “Estamos dejando claro que nos negaremos a brindar asistencia a las ONG extranjeras que dan apoyo financiero a otros grupos extranjeros en la industria global del aborto. (…) Los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para financiar abortos”, dijo el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, cuando anunció el endurecimiento.

La base de la política de Ciudad de México es la enmienda Helms, ley que fue aprobada por el Congreso en 1973 que establece que “no se pueden utilizar fondos de asistencia extranjera para pagar la realización de un aborto como método de planificación familiar o para motivar o coaccionar a cualquier persona para que practique abortos”.

Según Royo, el desarrollo de un país va de la mano con el servicio de salud sexual y reproductiva. “La autonomía reproductiva de las mujeres no debería depender de cuando llega o se va un gobierno”. La activación de la política de Ciudad de México para Profamilia significó la pérdida de 1.200.000 dólares (1.002.918 euros) en donaciones. Mientras que los recortes para la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés) se elevaron a 100.000.000 dólares (83.576.500 euros), afectando así a 53 proyectos (uno de ellos Profamilia) en 32 países.

“En Mozambique un miembro asociado tuvo que cerrar casi 18 clínicas que trabajaban específicamente para brindar servicios a los jóvenes, tuvieron que parar algunos de sus programas para pruebas y tratamiento del VIH. En el caso de Etiopía perdimos 8 millones [de dólares] (6.686.120 euros) en fondos”, dice la directora de alianzas estratégicas y desarrollo de IPPF, Riva Eskinazi. La financiación perdida por las organizaciones que apoyan a los servicios de planificación familiar se canaliza a otros programas más restrictivos que aconsejan la abstinencia como prevención de un embarazo no deseado. Los expertos han demostrado, en repetidas ocasiones, que las restricciones estadounidenses no reducen las tasas de aborto. Un informe publicado en julio de 2020 en la revista británica The Lancet señala que a menudo los recortes llevan a un aumento de los abortos inseguros o clandestinos.

Objetivo: eliminar definitivamente la “ley mordaza”

Eskinazi ve el anuncio de Biden como la luz verde para comenzar un trabajo arduo y “deshacer el daño causado por la anterior administración estadounidense”, pues sabe que a la IPPF no le será fácil volver a ganar la confianza de las organizaciones con las que trabajaba antes de la aplicación de la política por parte de Trump y que, además, habrá que esperar meses para que el dinero vuelva a fluir entre las ONG.

“Lo que realmente queremos ver, junto con otras organizaciones de salud reproductiva y nuestros miembros asociados, es la derogación permanente de la ley mordaza global. Para que podamos evitar que un futuro presidente restaure la medida de nuevo”, dice la directora. Este también es el objetivo de Population Connection Action Fund, organización que busca, entre otras cosas, instituir una prohibición legislativa permanente de la política de Ciudad de México.

“Estamos presionando para que se apruebe una normativa que se llama ley de derechos y empoderamiento de la salud global (HER, por sus siglas en inglés) que derogaría permanentemente la política [de Ciudad de México] y haría que un futuro presidente no pueda restablecerla”, apunta la directora de relaciones congresionales, Stacie Murphy.

La activista explica que el mismo día que Biden derogó la política, el proyecto de ley fue enviado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ya que para salir adelante necesita ser aprobada por el Congreso y firmada por el presidente. Murphy cree que la ley podría aprobarse este mismo año, pues los demócratas controlan las dos Cámaras y, además, la medida cuenta con el apoyo de las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski.

Otro objetivo de la organización es terminar con la enmienda de Helms. “Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la ley mordaza se elimine para siempre. Hay mucha educación y mucho alcance que todavía se necesita hacer en lo referente a la enmienda Helms y los daños de esa parte de la legislación. Vamos en esa dirección, pero ese es un proyecto a más largo plazo”, concluye Murphy.