Entre la espera y la supervivencia, las familias migrantes en la Ciudad de México

La traductora pide un minuto y corre al puesto ambulante que montó con su papá, donde un hombre haitiano pregunta a gritos el precio de una maleta y otro le cobra una deuda. Después de entenderse con ellos, la niña de 13 años abandona el papel de vendedora y vuelve a asumir el de intérprete de creole haitiano, aunque lo que ella habla es creole francoguayanés.

Aznaika Persaud llegó a México con su mamá, su papá y su hermanita de tres años desde la Guayana Francesa. “Pasé por 13 países para llegar aquí”, dice. Su estadía suma cinco meses en la alcaldía Tláhuac, en las periferias de la Ciudad de México, en un barrio empobrecido. La familia espera la cita para solicitar asilo en Estados Unidos.

Como miles de personas migrantes más, los cuatro han llegado a esta capital que no estaba acostumbrada y no quiere acostumbrarse a tener tal nivel de población migrante racializada. Pero las políticas de Estados Unidos para frenar la migración indocumentada de países de Latinoamérica y el Caribe, así como de África y Asia, a través del territorio mexicano, les retienen allí.

Para solicitar asilo en Estados Unidos, deben registrarse en la aplicación móvil CBP One y esperar la asignación de una fecha para una entrevista. La app verifica que la geolocalización de quien se inscribe sea en el centro o norte de México, lo que ha provocado la llegada de miles de personas a esta ciudad. Pero las citas están tardando meses.

“El fenómeno de la migración en México dejó de ser un asunto exclusivamente de las fronteras del norte o del sur”, dice José Antonio Silva, coordinador de Proyecto de Migración en la Ciudad de México de Médicos sin Fronteras (MSF). La concentración de personas principalmente de Venezuela y Haití comenzó a finales del 2021. “Desde ese momento hasta ahora, esta situación está desbordando las capacidades del gobierno y de los actores privados para dar respuesta”, dice el funcionario de MSF. 

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que, entre enero de 2023 y marzo de 2024, más de 547.000 personas programaron citas en lugar de arriesgar sus vidas en manos de contrabandistas. Las principales nacionalidades que han sido procesadas son venezolana, haitiana y mexicana.

  

Ruta: Venezuela, Perú, México 

—En todo este trayecto, desde que salieron de Perú, ¿qué te han dicho tus hijos?

—¡Qué no me han dicho! Yo todos los días les pido perdón y les prometo que yo los voy a sacar de aquí —dice Gabriel Pineda, un venezolano de 41 años que llegó al campamento de la Plaza Giordano Bruni, en la colonia Juárez, en enero de 2024 con su esposa y sus dos hijos de 9 y 6 años.

Esta colonia que fue fundada por familias adineradas en la dictadura de Porfirio Díaz a inicios del siglo XX, ahora es habitada por población de clase media. Sin embargo, la vida en esta parte de la capital se ha encarecido por la llegada cada vez más numerosa de personas de Estados Unidos y Europa.

Gabriel y su esposa Xiomara González dejaron Venezuela en 2016. Trabajaban en empresas contratistas del gobierno de Hugo Chávez. Ambos estudiaron Ingeniería. “Teníamos un buen futuro”, comentan. Cuatro años después de que Nicolás Maduro asumiera el poder, el matrimonio, con un niño pequeño, migró a Perú. Se quedaron ahí por siete años y la pareja tuvo su segundo hijo.

“Subimos (a México, desde Perú) porque nos dijeron que era más fácil entrar a Estados Unidos, que estaban dando asilo. Pero nos encontramos con que en México hay bastante trabas”, dice Gabriel.

Salieron de Perú en noviembre de 2023 y a México llegaron a mediados de diciembre. Lograron llegar a Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos.

“Pero el 30 de diciembre, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) nos agarraron con engaños. A nosotros y a otros nos dijeron que nos acercarían a Estados Unidos, pero nos llevaron a Tenosique, Tabasco, en la frontera con Guatemala”, relata Gabriel.

Después de pasar el año nuevo en la calle, la familia tomó el rumbo para la Ciudad de México. Ellos llegaron en enero de 2024 al campamento de la colonia Juárez y desde entonces esperan la cita con la aplicación CBP One. 

 

Políticas migratorias desalentadoras

Desde finales de 2018, las caravanas migrantes se convirtieron en la forma más segura de entrar a México y de llegar a la frontera del norte. Así, era más difícil que los cuerpos policiacos les detuviran y en grupo se pueden proteger mejor del crimen organizado.

“México había sido un país de expulsión, recepción, tránsito, de desplazamiento interno —sobre todo en los últimos años— y de retorno de mexicanos. Es decir, todas las caras de la migración. Pero con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, el panorama cambió”, dice Eunice Rendón, especialista en temas migratorios.

En 2020, Trump utilizó el Título 42, una sección de la Ley de Servicio Público de Salud que autoriza al gobierno a implementar medidas migratorias extraordinarias ante una emergencia epidemiológica, para expulsar a miles de migrantes sin posibilidad de solicitar asilo. Luego, en enero de 2023, Joe Biden amplió las restricciones a personas de Cuba, Haití y Nicaragua. Pero también anunció que les daría 30.000 visas mensuales a migrantes de esas nacionalidades y de Venezuela si pedían el asilo desde sus países.

Las personas que incumplieran los requisitos serían expulsadas a México. En ese momento, el país se covirtió en un tercer país seguro, aunque el gobierno siempre ha rechazado esa definición.

En mayo de 2023, ya sin pandemia, Biden no tuvo más opción que poner fin a la implementación del Título 42. El anuncio de las visas en enero de ese año hizo suponer a muchas personas, como Gabriel Pineda y su familia, que podría pasar a Estados Unidos sin mayor dificultad. Pero no fue así.

“Las políticas de Estados Unidos, con gobiernos republicanos o demócratas, tienen el propósito de cansar a la gente y logran, por cansancio, que los migrantes permanezcan en México”, dice Eunice Rendón. “Por eso crecieron las solicitudes de refugio en más de 1.000%. Pasamos de tener en 2016 cerca de 5.000 solicitudes de refugio a cerrar los últimos años con más de 100.000”, agrega.

 

Aprender el español

Laurore Bazil es uno de los miles de haitianos que ha decidido quedarse en México. “Dice que trabaja en el Oxxo. Que no le han pagado. Que ya tiene su plástico. Que tiene dos amigos mexicanos. Que México es bonito”, Aznaika Persaud, de 13 años, traduce lo que el hombre de 63 dice en creole haitiano.

El plástico al que se refiere es la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH), expedida por el INM. Antes, hizo una solicitud de asilo a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar) que está en proceso.

Aznaika, su papá y Laurore están en la acera de la avenida Heberto Castillo, en la alcaldía Tláhuac. Hasta el año pasado ahí había un albergue. Y cuando ya no pudo hospedar a más migrantes, las personas ocuparon casi un kilómetro de esa vía.

El albergue, operado por una asociación civil, cerró sus puertas definitivamente y el gobierno de la ciudad no cuenta con refugios para esta población. Se solicitó una entrevista con autoridades capitalinas para este reportaje, pero no hubo respuesta.

Al cerrar el albergue, la mayoría se fue, pero muchas otras personas permanecen en esa parte de la ciudad. Esta es una zona, ubicada en las periferias, donde el 37% de su población vive en pobreza y el 5%, en pobreza extrema.

Para hacerse de ingresos, las mujeres migrantes venden pelucas y extensiones, agua de fruta y comida haitiana. La clientela son los mismos compatriotas. Por eso Aznaika Persaud vende maletas. “Hoy vendí una, ayer cero, otro día no sé. No sabes cuándo las vendes”, expresa.

— Yo iba a escuela, pero no voy más. En Estados Unidos no quiero ir a la escuela.

—¿Por qué?

—No conozco a nadie.

Aznaika recuerda el recorrido de 13 países como una aventura. La Selva del Darién, donde las autoridades panameñas hallaron 124 cadáveres entre enero de 2021 y abril de 2023, según Human Right Watch (HRW), ella la describe como un lugar donde “no hay comida, pero hay plantas y animales bonitos”. En su trayecto y en el tiempo que lleva en México, ella aprendió a hablar español. 

 

La calle no es albergue

Pocos días después de la charla con Gabriel Pineda, el martes 4 de junio de 2024, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para cerrar de manera temporal la migración en la frontera con México. Dejará de recibir solicitudes de asilo. Apenas un día después del anuncio, agentes del INM y elementos de la Guardia Nacional desalojaron el campamento de la Plaza Giordano Bruni, en la colonia Juárez. Dos semanas atrás, la oficina de la Comisión Nacional de Ayuda para los Refugiados (Comar) cerró sus oficinas en la Ciudad de México, las cuales estaban a una cuadra de la Plaza.

El INM informó que había 432 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes en el campamento. Los migrantes provenían de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.

“Una de nuestras demandas era que se retirara la Comar y ya tiene 15 días de eso y realmente no hay un cambio. Las personas siguen asentadas aquí”, se quejaba Patricia Vivar, representante vecinal de la colonia Juárez, un día antes de la intervención del INM y la Guardia Nacional.

En diferentes ocasiones, vecinos y vecinas realizaron protestas. También, se manifestaron en las redes sociales con el hashtag #LaCalleNoEsAlbergue.

“En los cuatro cierres de vialidades que hemos hecho, lo primero que pedimos es el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes”, dice Vivar, quien se defiende ante las acusaciones de racismo, xenofobia y clasismo de los que han sido señalado su movimiento.

“Ellos necesitan un albergue. Los niños pequeños corren por la calle porque no tienen más espacio. A cada rato se oyen los frenos de los coches, de las motos. El agua la obtienen de una fuente cercana, pero no es potable. Para hacer sus necesidades, improvisaron una letrina arriba de una coladera. Ahorita están padeciendo el calor, pero en época de lluvia se les mojan todas sus cosas. Necesitan irse a otro lugar y el Estado se los debe proveer”, expresa Vivar. 

En X, dede la cuenta @LaColoniaJuarez se informa con fotografías sobre la expulsión: “Así amaneció hoy la Plaza Bruno de la #ColoniaJuarez, tras el operativo de anoche en el que autoridades federales retiraron a cientos de migrantes para trasladarlos a otro punto. Todo se dio en completo orden y respeto a sus derechos humanos. Agradecemos a #LaCalleNoEsAlbergue”.

Gabriel Pineda, su familia y otras 400 personas fueron llevadas, según el Gobierno de la Ciudad de México, al Estado de México y Morelos, dos entidades colindantes con la capital del país. Pero lo que se necesita “es una respuesta ajustada a las necesidades de la población en movimiento”, dice José Antonio Silva, de MSF.

“La migración ya dejó ser un tema de las fronteras, ahora es un tema de la Ciudad de México”, insiste. “Hemos visto buenas prácticas de algunas estructuras de salud, que acercan sus servicios, pero queda mucho trabajo por hacer y un camino importante por avanzar”, concluye.

“Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext”