Nuevo decálogo de la CEPAL para el desarrollo de la economía latinoamericana

Cómo vacunar a Latinoamérica contra la crisis económica post pandemia

El documento publicado a mitad de año por la CEPAL de la ONU presenta un panorama general de los impactos socioeconómicos de la pandemia en los países de América Latina y el Caribe. En particular, la contracción de la actividad económica y la posterior recuperación, que resulta insuficiente, las consecuencias negativas sobre el mercado de trabajo, el aumento de la pobreza y la desigualdad, los impactos directos sobre la salud de la población, la educación, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, así como las repercusiones sobre la movilidad y  acceso a los servicios básicos.

Fruto del trabajo realizado, se ha formulado un decálogo de conclusiones y una tríada  de recomendaciones para facilitar la implementación de  medidas consideradas prioritarias, que aquí se reseña y resume.

Las diez conclusiones

En primer lugar, se establece que la salud de la población de América Latina y el Caribe ha sido de las más afectadas en el mundo. En América Latina y el Caribe se encuentra el 8,4% de la población mundial, pero al 28 de febrero de 2022 ya había sumado casi 66 millones de contagios (un 15% del total mundial) y 1,65 millones de muertes (un 28% del total mundial). La pandemia también ha evidenciado lagunas y debilidades históricas de los sistemas de salud de la región, cuya segmentación, fragmentación y falta de financiamiento dificultó la respuesta sólida, coordinada e integral exigida por la inesperada  situación, en particular a inicios de la pandemia.

En segundo término,  se ha corroborado que las mujeres y la igualdad de género han sido particularmente afectadas. Por otra parte, el cierre de las escuelas y el teletrabajo han generado una tormenta perfecta en las familias con hijas e hijos pequeños y en edad escolar, debido a que las tareas domésticas tradicionales se superponen con las responsabilidades laborales y las tareas de crianza y de apoyo educativo. La masiva salida de mujeres del mercado de trabajo implicó un retroceso de diez años en materia de participación laboral en 2020 y ha sido  decisiva para el ensanchamiento de las brechas de género en el mercado laboral remunerado.

Se anota en tercer lugar que la pobreza y la pobreza extrema han tenido un fuerte aumento. En 2021, el número de personas en situación de pobreza extrema habría llegado a 86 millones (13,8% de la población de América Latina) y las personas en situación de pobreza alcanzarían los 201 millones (32,1% de la población de América Latina), cifras mucho más altas que las de 2019 (70 millones de personas y 187 millones de personas, respectivamente).

Esta grave situación pudo haber sido peor de no adoptarse  las medidas de protección social de emergencia. La continuidad, aunque parcial, de estas disposiciones en 2021, junto con el rebote económico de este último año, permitieron revertir parte de este aumento de la pobreza durante 2021, pero aún hay incertidumbre respecto de cuál será la tendencia en 2022.

La cuarta conclusión sostiene que la desigualdad social ha aumentado – no de igual manera en todos los países- conforme se expresa en un índice de Gini promedio regional un 0,7% más alto en 2020 que en 2019. Otra cara de este deterioro redistributivo es el aumento del peso de los estratos de ingreso bajo, sobre todo en 2020, y una movilidad descendente en los estratos de ingreso medio, que no suelen ser destinatarios de las políticas de protección social y los programas de transferencias de ingreso. 

La quinta corroboración refiere a la actividad económica que anotó una contracción histórica. En 2020, la contracción se expresó en una caída del 6,8% del PIB y del 7,7% del PIB per cápita, la mayor caída anual en los 120 años de historia estadística de la región.

En sexto lugar, la crisis económica tuvo un impacto inmediato y devastador en el mercado laboral. A escala regional, se ha estimado un incremento en la tasa de desocupación del orden de los 3 puntos porcentuales entre 2019 y 2020: del 6,8% al 9,8%. El cierre masivo de actividades generó una expulsión también masiva de la fuerza de trabajo. El rebote de la economía en 2021 ha permitido revertir parcialmente esta debacle, pero los indicadores continúan ubicándose en niveles inferiores a los registrados antes de la pandemia.

La séptima conclusión acerca del  importante esfuerzo fiscal realizado por los países confirma que ha estado marcado por una doble contingencia: por una parte, la caída de los ingresos públicos debido a la histórica contracción de la actividad económica, y, por la otra, la necesidad de un despliegue extraordinario para evitar mayores estragos en el tejido productivo y para apoyar de forma directa a la enorme cantidad de personas y familias cuyos ingresos se vieron afectados de forma rápida y drástica por la crisis. El gasto público que alcanzó niveles  históricamente altos fue impulsado por las erogaciones públicas derivadas de los planes fiscales, que, en promedio, equivalieron a un 4,6% del PIB en la región en 2020. En esa línea, varios países registraron tasas de crecimiento real del gasto primario superiores al 10%, y en cuatro de ellos las tasas fueron equivalentes o superiores al 20% en 2020.

El gasto total de los gobiernos centrales de América Latina alcanzó su nivel más alto (un 24,7% del PIB en 2020 y un 23,8% del PIB estimado para 2021) desde que se comenzaron a publicar datos fiscales comprehensivos en 1950. Esta combinación de caída de los ingresos fiscales y aumento del gasto público se tradujo en un deterioro de las cuentas fiscales, que presentaron grandes déficits.

La octava deducción afirma que la pandemia tuvo un rápido impacto en el sector de la educación. Solo en 2020, 32 países cerraron sus instituciones educativas, lo que afectó a más de 165 millones de estudiantes. Si bien en la mayoría de los países se establecieron distintas formas para continuar los estudios a distancia mediante diversas modalidades (a través de Internet, televisión o radio), no queda  duda de que ninguna de estas modalidades puede reemplazar de manera repentina a la enseñanza presencial. En un contexto de marcada brecha digital entre grupos socioeconómicos y en un escenario doméstico adverso y complejo para la enseñanza y el aprendizaje para muchos estudiantes, sobre todo de los grupos más desfavorecidos, tales modalidades de enseñanza pueden ampliar las desigualdades de aprendizaje.

En cuanto a la novena, se advierte un panorama muy complejo en materia habitacional debido a una combinación de factores de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, la pandemia ha afectado al sector de la construcción, directamente por la detención de obras o indirectamente por las restricciones a los desplazamientos y aglomeraciones. El sector público, un mandante o ejecutante clave del sector de la construcción, ha debido redefinir sus prioridades y reorientar su presupuesto para enfrentar la pandemia. El sector privado, también ha visto alterado su funcionamiento y sus perspectivas, y experimenta una incertidumbre que tiende a inhibir proyectos de inversión en construcción e infraestructura. Por el lado de la demanda, la caída de los ingresos y del empleo ha reducido significativamente la capacidad de compra de inmuebles por parte de la población y también ha recortado su capacidad de pago de alquiler. Para la población esto significa un déficit de vivienda a causa de la postergación de proyectos residenciales (ya sea de nuevas viviendas o de mejoramiento de la vivienda actual), el hecho de compartir la vivienda con familiares o amigos, la precarización habitacional y, en casos extremos, el paso a la condición de “sin techo” o “morador de la calle” o residente de albergues, todas situaciones que reflejan diferentes grados de incumplimiento del derecho a una vivienda digna. 

La décima y última conclusión confirma que se han agravado los problemas de acceso a algunos servicios básicos como agua, gas, electricidad, teléfono e Internet, se debe a que el deterioro de los ingresos reduce la capacidad de pago y expone a las familias al corte de los mismos, lo que entraña numerosos riesgos, algunos de ellos vitales. Se han puesto en evidencia las debilidades del transporte público que fue mitigado por la abrupta reducción de la movilidad y la consecuente disminución de los viajes en transporte colectivo, que habían sido un vector de contagio al inicio de la pandemia. Con los procesos de apertura quedó en evidencia que el transporte público de la región no está preparado para ofrecer un servicio sanitariamente seguro en un contexto de pandemia.

Prospectiva y balance

En un recuento general de las acciones de política pública para proteger a la población que permitió  que se abrieran  nuevas oportunidades, se destaca la implementación de transferencias públicas directas de efectivo y en especie a una parte importante de la población que las necesitaba. Si bien estas medidas se adoptaron de forma diferenciada en los distintos países y su sostenibilidad no está garantizada.

A la vez, se amerita el funcionamiento continuo de la red logística esencial, que evitó el colapso alimentario tan temido al comienzo. En las ciudades, esta red se amplió significativamente por la vía de la entrega de productos a domicilio, masificando una modalidad de comercio más bien incipiente antes de la pandemia.

Entre las nuevas oportunidades se encuentran  las relativas a las nuevas modalidades de trabajo y estudio, así como la realización de otras actividades, usando la virtualidad, que han resultado funcionales, la valorización del cumplimiento de las medidas de higiene y de autoprotección por parte de la población, y el reconocimiento del papel clave de un sistema de salud integrado, inclusivo y eficiente, así como de los sistemas de protección social.

La estrategia de vacunación masiva, gratuita y basada en los sistemas de atención primaria de la salud ha demostrado ser efectiva en muchos países de la región y ha sentado un precedente de priorización política, de coordinación institucional y público-privada, de esfuerzo y despliegue nacional, y de garantía de acceso a la salud para el futuro.

La tríada de propuestas cepalinas para hacer frente a la pandemia y sus efectos

• Lograr la autosuficiencia sanitaria a escala regional mediante el refuerzo de la gobernabilidad colaborativa, la suma de fuerzas para la negociación internacional, la cooperación productiva y el intercambio técnico de los países de la

• Construir una nueva arquitectura financiera internacional que, entre otras cosas, resulte funcional para la movilización de recursos en el caso de otras pandemias o embates socioeconómicos mayores

 • Establecer un Estado de bienestar que se adapte a una nueva estructura de riesgos, incluidos los pandémicos, y genere certidumbre y proteja a toda la población, ampliando el horizonte de los derechos e integrando y articulando las nuevas herramientas y oportunidades tecnológicas y digitales, para prevenir, enfrentar y controlar la pandemia y sus secuelas.

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