Guillermo Lasso, ex banquero, presidente, amo, señor y anfitrión de las Islas Galápagos

El 18 de enero, el presidente Guillermo Lasso reiteró en Suiza su oferta de que el archipiélago de las Islas Galápagos, a mil kilómetros de la costa, reconocido patrimonio cultural de la humanidad en 1978 y reserva de la biosfera en 1984, sea la sede de una conferencia diplomática para firmar en 2025 un nuevo acuerdo global contra la contaminación por plásticos. Desde entonces, ha ido dando detalles de un plan que declara el doble propósito de preservar mejor el medio ambiente del archipiélago y encontrar alivios para el ahogo de la deuda externa nacional.

Hay que decir que los detalles que aporta el Gobierno ecuatoriano representan precisiones, pero no significan sorpresas. Antes que el compromiso ambiental de la administración derechista que gobierna Ecuador desde 2021 son sus objetivos políticos, sin embargo, los que se advierten en un muy primer plano. No habría por qué considerar ilegítimas de por sí las voluntades de mejorar la imagen presidencial o la de situar mejor al país frente a la renegociación de su deuda externa. Pero la apropiación presidencial de las Galápagos, a un tiempo decidida y desenvuelta, como pieza de canje en los intercambios internacionales promete no sólo frustraciones sino resistencias regionales y populares aun más vivas que las que el presidente derechista, es banquero y supermercadista, ha encontrado en el curso de su primer año en el Palacio de Carondelet.  

Atún enlatado y exclusiones isleñas: naturaleza, pesca, riqueza ultramarina y miserias domésticas  

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático / COP 26 celebrada entre el 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, el presidente Lasso anunció con solemne euforia que su gobierno incrementará la reserva marítima de Galápagos en 60.000 kilómetros cuadrados. Los aplausos del jet set mundial presente fueron inmediatos: se oyó al multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, al premiado actor de Hollywood y activista ambiental Leonardo Di Caprio. La iniciativa de extender el área de reserva ya vigente preveía una división económica que dividía al archipiélago pacífico en dos zonas: 30 mil kilómetros cuadrados de no producción pesquera desde la Cordillera de los Cocos y otros 30 mil de zona de no palangre al noroeste de la reserva. En total, la reserva alcanzaría ahora una superficie de 190 mil kilómetros cuadrados.

La ampliación así programada – para un área del Pacífico cuya importante reserva de vida marina atrae año tras año más y más embarcaciones pesqueras de flotas asiáticas- originó encontradas opiniones.  

El presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) ecuatoriana, Bruno Leone, sostuvo que el aumento anunciado de la zona de protección –y exclusión- de la navegación marítima alrededor del archipiélago de Galápagos redundará en un perjuicio “terrible” para las exportaciones de pescado nacionales. La pesca en la franja que se propone conservar  representa el 25% del total de producción anual de Ecuador; en particular, 280 mil toneladas de atún procesadas y enlatadas cada año.

Además, la constitución y gestión del fondo de conservación, según el proyecto, por mor de internacionalizar el conservacionismo, sería manejada desde EEUU. “Ahora queremos que gente de afuera administre nuestro mar territorial”, concluye Leone.

Entre los colectivos que por el contrario ven con mejores ojos la iniciativa presidencial se cuenta Más Galápagos, que reúne a  156 organizaciones nacionales, regionales, y mundiales. Uno de sus referentes, Eliecer Cruz, asegura que la actual zona de protección ha ayudado a preservar el 95% de los leones marinos y el 99,6% del león peletero. En las especies migratorias donde la cobertura es baja, aumentaría. El 21% de los albatros protegidos con la extensión del área pasaría al 91 por ciento. El tiburón martillo ahora protegido en un 40%, subiría al 90 por ciento. Entre las especies en peligro de extinción que más se beneficiarían se encuentran el tiburón ballena y la tortuga laúd, cuya población ha disminuido en 95% durante los últimos 75 años.

Por detrás del anuncio oficial de Quito se advierten otros propósitos del gobierno, a más cercano o alejado plazo, en apariencia –pero sólo en apariencia según la presidencia Lasso- difíciles de conciliar conceptualmente de inmediato con aquel central y declarado de la conservación de las 13 islas ‘encantadas’ que conforman el archipiélago Galápagos per se. La conservación traería dinero, añade de inmediato la administración, porque favorecería un turismo de elite. Así lo expresó por tweet el ministro de Turismo Niels Olsen. Las exigencias mayores de la conservación, los gastos mayores que implicará el mantenimiento, control, atención y prevención y reparación de estragos (el más reciente, y más catastrófico, la erupción volcánica de 2019), se pagarían con un turismo exclusivo que pagaría mucho más: “cada día se vuelve más relevante e importante la sostenibilidad de los destinos para los turistas”. Hay otros fines económicos, reconocidamente más mediados pero abiertamente menos modestos. Así se infiere del anuncio del presidente Lasso, quien aseveró que adoptó esta decisión luego de consultar a representantes de los intereses pesqueros: los recursos que se obtengan servirán también para equipos tecnológicos que permitan la inversión  en infraestructura mínima en las tres principales islas del Archipiélago: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela .  

La propuesta de Lasso: naturalmente, nada nuevo bajo el sol

La propuesta de financiación de la iniciativa para lograr inversiones ambientales se basa en un canje de la deuda externa del Ecuador. Una iniciativa anterior fue presentada en 2007 por el ex presidente Rafael Correa: la protección del Yasuní-ITT. A cambio de un fondo común de millones de dólares, el gobierno de Ecuador se comprometía a no extraer petróleo y proteger a esa parte del Parque Nacional Yasuní, llamada Yasuní ITT.  En esa región, los depósitos de petróleo llegan a más de 1674 barriles, con un valor de 5.400 millones de euros. El destino de estos fondos se preveía para el ecoturismo y la construcción de escuelas para la población indígena. Sin embargo, el plan de derrumbó cinco años después por el incumplimiento de ambas partes, y comenzaron  las  perforaciones.  

El gobierno terminó autorizando la explotación en el corredor de bloques petroleros de los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (ITT)  en 2013 y fue rechazado el intento de consulta popular emprendido por el YASunidos  contra la extracción de crudo en ITT.

En febrero de 2021, Oceans Finance Company (OFC) y Robert Weary, consultor de The Nature Conservancy, a favor de la conservación propusieron una iniciativa similar al ex presidente Lenin Moreno, sucesor de Correa, y antecesor de Lasso: comprar 1.000 millones de bonos de deuda externa ecuatoriana, con un valor de 600 millones de dólares en el mercado secundario, para financiar los proyectos de protección de las Islas Galápagos. Con el rédito financiero de dichos papeles se buscaba conservar la nueva área marina que complemente a la actual Reserva de Galápagos. El Estado ecuatoriano administraría los recursos obtenidos. El proyecto se enmarcaba en la “economía azul”, preocupada por los océanos.

Carlos Larrea, director del Área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, y Jesús Ramos, rector de la Universidad USFQ, en 2021 relanzaron la propuesta de permuta. Un canje de deuda para intentar salvar 200.000 hectáreas de selva en 10 años, y aportar con un ahorro de 117 millones de toneladas de CO2 en el mundo. 

En lugar de pagar la deuda con China usando dólares o petróleo, Ecuador destinaría los fondos del servicio de la deuda a una acción concreta que reduzca o al menos evite más deforestación. Los recursos serían administrados por un tercero para evitar los riesgos de la corrupción. Tanto Ecuador como  China contribuirían para reducir la pérdida de biodiversidad al proteger la Amazonía. Ecuador, altamente endeudado, dispondría de recursos para asumir esa tarea. China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el planeta, contribuiría a proteger la selva amazónica. 

El desvelo de la deuda externa y el sueño de los pagadores con prisa

El canje de deuda por territorios, antes sin ningún criterio ambiental citable como justificación, es parte de la historia de la “deuda eterna” ecuatoriana. A mediados del siglo XIX el gobierno ecuatoriano buscó una vía expedita para liberarse del yugo de la impagable deuda de la Emancipación nacional entregando en pago territorios en la Amazonía. No cualquier tierra: en la región del Pailón Esmeraldas, con el mejor puerto natural de Ecuador, y en la región de las actuales provincias de Cañar y Guayas. En paralelo, alentaban la inmigración europea para colonizar esas tierras.

Hace menos de 100 años, se cambió, por el Gobierno, el objeto de la permuta express. Sólo un cálculo a la baja de la rentabilidad de los dos enclaves verdes los salvó de la enajenación y degradación ambiental fatales. Porque en el siglo XX, Quito subió la apuesta, y ofreció el único territorio ecuatoriano sin par en el mundo, precisamente el archipiélago de Galápagos. Retrocediendo otros 100 años antes de ese comercio frustrado, en 1835 el naturalista británico Charles Darwin había desembarcado en las islas. Del estudio de tiburones, tortugas, pájaros y reptiles que conoció en el archipiélago volcánico derivó convicciones clave que tomaron forma en su teoría, de siempre vigente relevancia, de la selección nacional y la evolución de las especies. Las Galápagos siguen siendo un laboratorio viviente sin igual, ofreciendo condiciones únicas para las ciencias naturales, pero su valor es fatalmente superior a cualquiera de sus precios.   

La supervivencia de los descuentos más aptos para el lucro

Ya cuando la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980 fueron consideradas con progresiva atención y expectativa las posibilidades de obtener descuentos en el mercado secundario. Nuevas vetas de especulación desgastaban su novedad: bancos, financieras y financistas, grandes empresas y grandes empresarios concertaron matrimonios de conveniencia entre descuentos y lucros de la deuda: los primeros perpetuaban a los segundos, los segundos hacían hallar a los primeros. La vía mayor era la compra mayorista, con enormes descuentos, de títulos de deuda, luego transformados en significativas utilidades tras convertirlos en moneda nacional.

Análogamente, los grupos conservacionistas desbrozaron otros caminos para dotarse de recursos que les permitan impulsar y fondear inversiones en su área de preocupación interés. Thomas Lovejoy, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) propuso en 1984 la conversión de unidades de las deudas externas en otras tantas actividades de conservación de la naturaleza.

Antes de la dolarización que llegó con la aurora del siglo XXI, en el Ecuador el canje ‘natural’ se dio casi a la par de varias medidas monetaristas como la sucretización de la deuda externa. Este mecanismo sirvió para estatizar la deuda de los agentes económicos privados. Quienes se beneficiaron con estas operaciones ganaron enormes y desproporcionadas utilidades. Ante todo, de los beneficios de esta inequidad gozaron la banca privada y también varias empresas extranjeras. A la sombra de estas operaciones financieras poco difundidas o, cuando conocidas, presentadas al público como tan desesperadas como salvíficas, tan indeseables como en suma inevitables, empezó a ensancharse el horizonte de conversiones y trueques de deuda por proyectos sociales y ambientales. Ampliamente publicitados fueron estos bocetos. Lucía más fácil, y menos mendaz, la comunicación de beneficios para la sociedad en su conjunto, para la cual se diseñaba la imagen amena de un entorno futuro más verde y sustentable. 

Verde que te quiero verde, canje de deuda por naturaleza

Estas soluciones, sin embargo, también escabullen una solución genuina para el problema de la deuda externa. Y no sólo porque maquillen o camuflen algunos costados más brutalmente ‘financieros’ del asunto. Pero estas ‘soluciones’ tampoco representaron o produjeron aportes determinantes y durables para  enfrentar coordinadamente los retos complejos derivados de la destrucción de la naturaleza.

Aunque desmintieran la embriaguez de sus aspiraciones, sin embargo, vistas con sobriedad, acciones localizadas lograron consumar entornos de protección, no por aislados menos logrados, en algunas áreas naturales en Ecuador. 

El petróleo que ensucia la deuda, y viceversa

Entre 2017 y 2020, Ecuador ha pagado 24.445 millones de dólares, entre amortizaciones e intereses efectivos, de deuda externa. En el mismo período, el sector público no financiero ecuatoriano sumó 34.860 millones sólo en exportaciones petroleras. Es decir que durante estos años el servicio de la deuda externa representó más del 70% de todas las exportaciones de petróleo de Ecuador.

 La exploración y explotación petrolera constituyen un punto importante de la actual administración  de Ecuador, que necesita reprogramar su deuda con China que asciende a más de cinco mil millones de dólares. Y no solo ha pre vendido parte de esta producción -aun no extraída- al país asiático sino que la actual gestión desde su inicio ha acrecentado el extractivismo petrolero con la duplicación de la  tasa de extracción de crudo en la Amazonía, y minero con la flexibilización de la normativa ambiental por los decretos 95 y 151 del 7 de julio y 5 de agosto de 2021, respectivamente. En la práctica, queda en entre dicho la narrativa oficial de proteger las Islas Encantadas.

En suma, el petróleo ecuatoriano contribuye como ninguna otra fuente de recursos al pago de la deuda externa. Que absorbe voraz ese recurso que así consumido de ser tal. La magnitud de la explotación, de aumentar, irá pareja con la conducta del buen pagador de honrar esa deuda (o de premura por desendeudarse): más barriles negros, más drenaje verde. Pero no sólo marcha la extracción efectiva según el ritmo de ese paso. También el volumen de la producción de hidrocarburos marca, sin desarmonía posible. el compás de la degradación ambiental que conlleva.

Por ser tan gruesa y manifiesta, no deja de ser una paradoja la que surge de yuxtaponer política petrolera y política ambiental del gobierno del Guillermo Lasso. La de que un mismo Estado recurra al petróleo, y a la exploración y la ampliación de la extracción, como recurso mayor para el pago de la deuda externa. Y que busque y proponga, para alivio de esa misma deuda, en simultáneo con el programa de hidrocarburos, y en las áreas no degradadas de su territorio -las Galápagos son, como la Amazonia brasileña, uno de los mayores símbolos globales de preservación y biodiversidad-, proyectos de acción cambio ambientalista que involucran montos mínimos, en el mejor de los casos de buen éxito negociador, frente al total de endeudamiento.

AGB