Qué lástima pero adiós: el presidente AMLO ratifica el poder oficialista con una victoria y una controversia

Con mayoría calificada en la cámara de senadores, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) logró que se apruebe la reforma constitucional que modifica aspectos centrales del Poder Judicial. La reforma es amplia, pero el interés se ha concentrado en un aspecto de ella que cambia la forma en que las autoridades entran en funciones. Según la nueva normativa los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por el voto del electorado, que significa la elección de 16.000 cargos en los siguientes años.

El político más popular de la historia mexicana se va de la presidencia con un triunfo

Esta reforma constitucional profunda de la Justicia mexicana es posiblemente la última victoria de López Obrador fungiendo como presidente, cargo que dejará el primero de octubre de 2024. La iniciativa presidencial se favoreció de la entrada en funciones del nuevo poder legislativo votado en junio de 2024. Esa justa electoral le dio al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) una mayoría de dos tercios en la cámara de diputados, así como una bancada en senadores muy próxima a esa mayoría calificada. Con el legislativo inclinado en favor de MORENA, los operadores del partido oficialista no tuvieron problemas en convencer (o negociar) los votos de los senadores que le faltaban. Se concreta así la aspiración del presidente saliente de transformar un poder judicial que calificó hace un año de “podrido” y que pretendía intervenir al menos desde 2023. 

La aprobación de la iniciativa no ha estado libre de polémica y son varios los argumentos esgrimidos en su contra. Uno de los temas de polémica es la elección de los jerarcas del Poder Judicial. Se ha sostenido que al poner a jueces a competir por el voto del electorado se propende al establecimiento de acuerdos electorales en los que se intercambian votos por favores judiciales. De tal modo las autoridades responderían a sus promoventes antes que al espíritu de las leyes. La cuestión causa preocupación en un país en el que el narcotráfico tiene mucho músculo financiero y se teme que sea usado para poner jueces. El gobierno ha señalado que en cuanto la reforma prohíbe el uso de fondos públicos y privados para buscar los cargos en el poder judicial, el peligro de financiamientos ilegales está prevenido. Sin embargo, quedan inquietudes sobre las formas prácticas que tome el problema.  

Aun enemigos de AMLO votaron a favor de su reforma 

Otro tema de discusión reciente en México ha sido el modo en que se aprobó la reforma constitucional. La cámara del senado mexicano dispone de 128 escaños, de los cuales 83 son hoy ocupados por legisladores del frente oficialista. Ni bien empezada la legislatura, los dos senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pasaron al oficialismo. El 10 de septiembre, día de la votación en el senado, el representante de Veracruz por el Partido de Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Marquez se alineó con MORENA y se sumó a los dos tercios necesarios para aprobar la reforma.  

El voto del panista fue sorpresivo incluso entre las líneas morenistas. Yunes Márquez ha sido señalado junto a su padre y su hermano como beneficiarios de la corrupción en Veracruz y en instituciones del gobierno federal desde la década de 2000. En particular el padre de Yunes Marquez, Miguel Angel Yunes Linares, es un viejo enemigo de AMLO, a quien en el pasado llamó “loco” y “vividor”. Yunes Linares, que es el senador suplente del escaño ocupado por su hijo, además es conocido por haber sido parte de la represión de organizaciones populares en la década de 1990. Los modos recientes de la victoria legislativa de MORENA han llevado a preguntarse por los costos políticos con los que se logró.

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