Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranos y Forzados - Documento CEPAL 2022 - Análisis

‘Y no comieron perdices’: matrimonios y concubinatos infantiles, tempranos y forzados en América Latina y el Caribe

Los matrimonios infantiles se consideran prácticas culturales o tradiciones perjudiciales, junto con la mutilación genital femenina, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, la violencia relacionada con la dote, los ataques con ácido, los crímenes cometidos en nombre del honor y el maltrato de las viudas.

El reciente documento Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranos y Forzados: Prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe elaborado y dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la alianza estratégica de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con el Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, liderado por el UNICEF y ONU-Mujeres, tiene como declarado propósito visibilizar la práctica de los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranos y Forzados (MUITF), particularmente como un factor que detona y profundiza las desigualdades de género para  niños, niñas y adolescentes, enfocado  en  las consecuencias particulares que sufren las niñas.

Los MUIT son fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas, limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes. Los MUITF son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones para las mujeres y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales, hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación. En algunos países la pertenencia a pueblos indígenas se relaciona significativamente con mayor prevalencia de MUITF.

Los MUITF constituyen una violación de los derechos humanos y son considerados una práctica nociva que pone en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció en 2015 que “[…] el matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación, un abuso o un menoscabo de los derechos humanos y una práctica nociva que impide que las personas lleven una vida sin ninguna forma de violencia, y que tiene consecuencias múltiples y negativas para el disfrute de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva” (CDH, 2015).

El término “infantil” hace referencia a todos los matrimonios y uniones que tienen lugar antes de los 18 años, el final de la infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño. La palabra “temprano”  refiere al hecho de que el matrimonio y la unión de niñas y adolescentes conspira contra su escolarización, su entrada al mercado laboral y su desarrollo físico, psicológico y emocional  y ayuda a enfatizar  que un matrimonio o unión puede ser disruptor en el desarrollo de una joven y tener consecuencias negativas en diferentes momentos de su vida adulta. El término “forzado” resalta las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que impulsan y generan los MUITF que determinan si un matrimonio o una unión es realmente una “elección” para las niñas y adolescentes. Algunas de estas condiciones dan cuenta de las bajas expectativas que tienen las niñas o sus familias con respecto a su futuro, las situaciones de pobreza o violencia en el hogar, el trabajo doméstico, el control que experimentan en sus hogares y el compromiso limitado con su escolarización.

Usos y costumbres de la inequidad de género

En la base de esta práctica nociva se encuentra un conjunto de normas y estereotipos que visibilizan las desigualdades de género que comienzan en la infancia y se perpetúan en la vida adulta: ubican a las niñas en el ámbito de lo doméstico y privado, y los niños en el ámbito público y productivo, reproduciendo patrones socioculturales de subordinación y dependencia de la mujer frente al hombre desde la primera infancia. Para muchas niñas y adolescentes educadas bajo estos mandatos de género, el matrimonio no sólo es algo deseable, sino un objetivo de vida al haber interiorizado su supuesto rol naturalizado de madre y esposa y tener limitadas perspectivas y oportunidades más allá de estos roles. La idealización del amor romántico y de la vida de pareja también lleva a muchas niñas y adolescentes a entrar en MUITF, con el triste descubrimiento a menudo de que la realidad es el aislamiento, una vida de trabajo no remunerado o el abandono de la pareja y valerse por sí mismas y por sus hijos/as.  En la región se agrega el término “uniones” para reflejar los matrimonios informales o uniones libres que son más habituales. El término “matrimonio” incluye las uniones que no están formalizadas por el Estado pero que son bastante equivalentes al matrimonio en términos de la forma que asume y el impacto en las vidas de niñas y adolescentes.

Estas normas de género inequitativas arraigadas desde la primera infancia llevan a que el matrimonio, la maternidad y el cuidar a otros se perciba como un objetivo en la vida de las niñas y las adolescentes de la región. La maternidad es más valorada que el logro escolar en República Dominicana, más que el logro escolar. En El Salvador, las niñas deben asumir trabajo doméstico que compite directamente con la escolarización: cuidado, cocina, limpieza y tareas domésticas. En Guatemala, incluso cuando las niñas estudian, su proyecto de vida consiste en actividades domésticas no remuneradas y en servir a sus esposos e hijos. En el Estado Plurinacional de Bolivia  para las niñas su función es “pensar en sus hijos, cuidar de la casa y obedecer [a sus maridos]”.

Las horas que invierten las niñas en el cuidado de otros y en las actividades domésticas se restan a su desarrollo personal. En algunos países de la región los MUITF aumentan las horas de trabajo no remunerado para las niñas y adolescentes, incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado al cuidado, duplicando el número de horas que sus pares solteros dedican a estas mismas actividades y llegando a ocupar tanto tiempo como una jornada laboral completa. Las niñas y adolescentes casadas o en uniones como mínimo duplican la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados- que sus pares varones casados o en convivencia, y llegan a quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) la carga horaria.

Pobreza, deserción escolar y violencia

El matrimonio infantil y las uniones tempranas tienen cinco veces más probabilidades de ocurrir en hogares en situación de pobreza, en poblaciones rurales, y está vinculado con la pertenencia étnica- racial. En República Dominicana, el 58,6% de las niñas del quintil más pobre, se casa o une antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años  En México, a nivel nacional, el 37,3% de las mujeres que se casaron antes de los 18 años, se ubicaban en un estrato socioeconómico muy bajo, en comparación con el 4,2% de las que pertenecían a un estrato alto. Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentaron proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores al 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz  La misma tendencia se presenta en Paraguay, donde el 25% de las adolescentes de 15 a 19 años actualmente casadas o en unión pertenece al quintil más pobre, frente al 4% del más rico; y el 30% de las niñas pertenecientes a pueblos indígenas están casadas o unidas frente al 14,2% que habla solamente castellano.

La escolarización de las niñas es menos valorada que la de los niños y el embarazo y el MUIT conducen a que las niñas y adolescentes abandonen la escuela, limitando sus oportunidades de formación y empoderamiento. En República Dominicana, de las niñas que se casan antes de los 18 años, el 64% terminó la escuela primaria. En El Salvador, el 89,2% de las niñas abandonaron la escuela debido a responsabilidades derivadas de la maternidad o unión/matrimonio.

Los MUITF exponen a las niñas y adolescentes a mayores riesgos de violencia sexual, física y psicológica y el tiempo dedicado al cuidado propicia la violencia económica – entendida como el control del acceso de las mujeres a los recursos económicos, disminuyendo su capacidad para mantenerse a sí mismas. La violencia basada en género de niñas y adolescentes es mutidimensional y a menudo experimentan múltiples tipos de violencia de manera simultánea.

La violencia obstétrica es prevalente en la región, lo cual incluye adolescentes que sufren abuso, falta de respeto y negligencia durante el parto. Estar casada o en unión antes de los 18 años aumenta la probabilidad de convertirse en madre a una edad muy temprana. Muchas veces, los padres que descubren que sus hijas tienen relaciones sexuales presionan a los compañeros masculinos para que se casen con sus hijas, y así salvar el “honor” de la familia.  En Brasil, el principal factor que impulsa la decisión de unirse es el embarazo, aunque sea no planeado o no deseado. En El Salvador, el 84,2% de las niñas que dieron a luz en 2012, se casaron o estaban en unión antes o un año después del nacimiento del niño En Guatemala, el 70% de las madres-niñas estaban casadas o en unión en el momento del parto.

Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dieron a  luz antes de cumplir 18 años; y la mayoría de estos embarazos fue no deseado. Entre las causas de los embarazos no deseados se encuentran las barreras para que las y los adolescentes ejerzan su sexualidad de manera informada y con acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la violencia sexual. El embarazo adolescente -como los MUITF- significa para miles de niñas y adolescentes dedicarse mayoritariamente al trabajo de cuidados, poniendo en riesgo su educación, sus ingresos laborales y oportunidades de desarrollo. La escasa deseabilidad y la mantención de una alta fecundidad adolescente en la región muestran que las políticas públicas no han garantizado el acceso universal a educación sexual integral y servicios que garanticen el ejercicio de tales derechos, en un contexto en el que el inicio de la sexualidad activa en la adolescencia se ha adelantado y es independiente de las intenciones reproductivas.

La igualdad sustantiva de mujeres, niñas y adolescentes  

Un marco legal sólido para abordar el matrimonio infantil y las uniones tempranas debe estar respaldado por normativas y políticas que promuevan la igualdad sustantiva de mujeres, niñas y adolescentes. El marco normativo internacional con respecto al MUITF ha ido ampliándose y volviéndose más específico, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio, a la última resolución específica sobre matrimonio infantil del Consejo de los Derechos Humanos (2021) con lenguaje contundente sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, incluida la autonomía corporal y la educación integral en sexualidad. A nivel regional, la Convención Belém do Pará, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y los consensos y estrategias regionales de las Conferencias de la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, han sido claves para avanzar en los compromisos de los países de la región y promover las modificaciones y armonización de los marcos jurídicos nacionales.

A nivel nacional, el matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en nueve países de América Latina y dos del Caribe. El último país en legislar esta prohibición fue República Dominicana en enero de 2021. Sin embargo, 13 países de la región todavía permiten el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, los representantes legales o de un juez. En seis países de la región donde está permitido casarse antes de los 16 años por motivos calificados. En Colombia las niñas pueden casarse a partir de los 14 años con autorización de sus padres o representantes legales y en Argentina la menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial.

Las uniones infantiles, tempranas y forzadas –en las cuales niñas conviven sin estar casadas– se encuentran poco reguladas pese a que conciernen a la mayoría de los MUITF en la región. Si bien existen países que reconocen efectos jurídicos a las uniones de hecho, este reconocimiento apunta a extender los efectos patrimoniales del matrimonio a la convivencia no registrada. Por ejemplo, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia  dispone que las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad, singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil. Por su parte, la Constitución Federal de Brasil dispone que, a los efectos de la protección del Estado, la unión estable entre un hombre y una mujer se reconoce como entidad familiar y la ley debe facilitar su conversión en matrimonio. De la misma forma, Colombia reconoce las uniones por la  Ley 54 de 1990, al igual que Uruguay a través de la Ley 18.246 de 2007. Estas uniones son válidas en la medida en que sean conformadas por personas que tengan la capacidad jurídica para contraer matrimonio, y hasta la fecha en ninguno de estos países se ha prohibido el matrimonio infantil.

Con independencia de algunas iniciativas y programas, el MUITF no forma parte de la agenda pública de la región, registrándose muy pocos avances en la atención y erradicación de esta práctica nociva a través de políticas públicas adecuadas, integrales y con fondos asignados. La mayoría de las políticas públicas de la región para abordar los MUITF se inscriben dentro de las acciones en materia de prevención del embarazo adolescente y  generalmente carecen de medidas específicas para prevenir y atender los MUITF, de estrategias para articular cómo las acciones indirectas impactarán sobre los MUITF, de indicadores para medir los avances relativos en esta materia, ni de presupuesto específico. A nivel regional, no se cuenta con un marco común de referencia de leyes, políticas públicas, programas o protocolos integrales y multisectoriales que guíen la acción de los países en la prevención y atención de los MUITF, y que sirvan como un estándar para monitorear y medir el progreso de los países. Muy pocos países de la región reconocen explícitamente la problemática de los MUIT y su vínculo con otros temas de desarrollo y de derechos humanos en sus políticas y programas Solo 8 países (El  Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, República Dominicana y Trinidad y Tabago) mencionaban los MUITF en los planes de prevención del embarazo adolescente o en la normativa de retención escolar de embarazadas.

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