Con el regreso de Maduro a la Asamblea Nacional, Venezuela inicia la era post-Guaidó

El 5 de enero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro tomará control de la Asamblea Nacional, la última institución que estaba en manos de la oposición, y dará el golpe de gracia a Juan Guaidó. Con la renovación del órgano parlamentario, el líder opositor perderá la carta de legitimidad que sostiene su estrategia, además de su inmunidad parlamentaria, factores que aumentan las chances de un exilio. 

Venezuela comienza así una nueva etapa con la oposición y sus apoyos externos obligados a buscar una nueva estrategia. El madurismo ha sobrevivido a la carta Guaidó, pero se encuentra más desgastado que nunca: su apoyo popular es el más bajo desde su llegada al poder; su capacidad de movilización se encuentra erosionada; y su economía intenta hacer frente al colapso con una privatización de activos que se acelera y una dolarización que acecha a su tejido social. Es, como dice el sociólogo venezolano Damián Alifa, el peor momento del oficialismo y la oposición. Un empate que se resuelve con la ventaja deportiva del Estado. 

Las elecciones

El dato saliente de las elecciones no es el 67% que obtuvo el oficialismo sino el 70% de abstención, la peor marca desde 2005, cuando la oposición tradicional también había decidido no participar. La sorpresiva extensión de la hora de cierre de los centros electorales, sumado a presuntas presiones del aparato oficial para que la gente fuera a votar, sugieren que al gobierno incluso le costó llegar al 30% de participación. Según números oficiales, el madurismo obtuvo poco más de 4 millones de votos, 25% menos de lo cosechado en las legislativas del 2015 y casi un 50% menos que en las elecciones para la Asamblea Constituyente del 2017. 

“El chavismo siempre tuvo como bandera a la participación política. No sólo en elecciones sino también en procesos comunitarios y colectivos. Hoy eso ya no existe. El PSUV tuvo que arrastrar a la gente para que fuera a votar”, dijo a ElDiarioAR Marisela Betancourt, politóloga de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela) y analista política.

La oposición tradicional, conocida ahora como G4 por sus principales partidos políticos (Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática), decidió no participar de los comicios, alegando faltas de condiciones electorales, y llamó a la abstención. El madurismo, que había sido cuestionado por la renovación de autoridades en el Consejo Nacional Electoral, intervino judicialmente a los principales partidos, en los que reemplazó las cúpulas. 

En septiembre, Guaidó fue desafiado por Henrique Capriles, excandidato presidencial, quien llamó a participar en las elecciones tras una negociación con el gobierno de Maduro, que incluyó la liberación de un centenar de presos políticos. Capriles intentó presionar por un escenario en el que la Unión Europea enviara una misión electoral; Bruselas pidió por un aplazamiento de la fecha de las elecciones para preparar la misión y obtener otras garantías, un extremo rechazado por el gobierno. Capriles, entonces, desistió de participar, aunque tanto sectores del oficialismo como de la oposición aseguran que el dirigente sufrió presiones por parte de Estados Unidos para bajarse. 

El 70% de abstención no significa a priori una victoria de la oposición tradicional. “Hay parte de esa abstención que viene del chavismo, un sector que ha sido excluido de todo el discurso y estrategia opositora”, señala Betancourt. Por lo demás, una gran parte de venezolanos se siente fuera del proceso político. “El sentimiento que impera es de apatía absoluta. Es una sociedad cansada del conflicto, completamente despolitizada”. Según una encuesta de Datanálisis, publicada en octubre, el 60% de los venezolanos no se identifica ni con la oposición ni con el oficialismo. Y si bien el rechazo ante la gestión de Maduro es mayor (80%), al igual que su figura, el cuestionamiento a la gestión de la oposición es del 75%. 

“En Venezuela la gente está enfocada en sobrevivir. Es el día a día, es cómo llevar comida al hogar. El ciudadano común no está cercano a la política. Las manifestaciones con expresiones políticas son muy pocas”, explicó a ElDiarioAR Marco Ponce, referente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización crítica con el gobierno. Según el último informe de la ONG, de las casi 1500 protestas que hubo en el mes de octubre, un 93% tenían como motivo derechos sociales y económicos, como el acceso a la electricidad, gas y agua potable, y la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, que es de dos dólares mensuales. 

Ante este nivel de apatía y desmovilización, que en las elecciones se tradujo en la abstención, sumado a la fragmentación opositora, el gobierno puede estar más tranquilo que en los últimos años. Pero estas elecciones fueron también un aviso. La oposición tendrá la tarea de repolitizar a la sociedad y volver a sembrar algo similar a la esperanza, pero cuenta con una certeza: el madurismo se encuentra más desmovilizado que nunca. 

La oposición

En las legislativas del 2015, la oposición, nucleada en la extinta Mesa de Unidad Democrática (MUD), el nombre de la coalición de ese entonces, ganó las elecciones legislativas, con una participación del 70%. El oficialismo reconoció los resultados pero, de inmediato, comenzó a restar potestades a la Asamblea. Luego, en 2017, convocó una Asamblea Constituyente para que funcione como poder paralelo. La oposición inventó una una última carta: a principios de 2019, ante un nuevo mandato presidencial de Maduro –obtenido, según la oposición, en una elección fraudulenta–, Guaidó, que había asumido la presidencia de la Asamblea Nacional ese año, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, con el apoyo de más de 50 países, en una apuesta a que la presión externa quiebre el apoyo militar –decisivo–  al gobierno. 

La apuesta fracasó antes de su fecha de vencimiento. Las iniciativas del 23 de febrero, que intentó hacer de la entrada de ayuda humanitaria desde Colombia una oportunidad para un golpe de Estado, y el 30 de abril, con un levantamiento en una base aérea que luego fue desarticulado, fueron los dos únicos eventos que se acercaron al desenlace esperado, y aún así siguieron estando lejos. 

El lunes Guaidó inició una consulta popular para recobrar el pulso de la oposición que ofrecerá preguntas acerca del rechazo al régimen de Maduro, la nulidad de las elecciones legislativas y el apoyo a las gestiones internacionales. La votación será virtual hasta el viernes –con canales de Telegram como una posibilidad– y presencial el sábado. La tasa de participación será el único dato a tener en cuenta, aunque no es claro quién y de qué modo se van a certificar y auditar los resultados.

La figura de Guaidó  es cuestionada desde hace tiempo por otros miembros de la oposición. Al fracaso de las iniciativas a comienzos del 2019 se le sumaron una serie de escándalos por corrupción y un intento fallido de incursión paramilitar en mayo con apenas una decena de efectivos, un episodio que fue tildado como una parodia de la Bahía de los Cochinos y en el que Guaidó fue involucrado. Su apoyo externo también peligra. Si bien Trump ya había expresado sus dudas sobre el carácter del líder opositor antes de las elecciones, aunque no le retiró el respaldo (algo que Biden por ahora también descarta), en Europa hay rumores de que tanto el gobierno español como la Unión Europea podrían estar abiertos a cambiar de posición, buscar una interlocución con algún sector de la oposición dentro de la Asamblea Nacional y articular un canal de diálogo con el gobierno de Maduro. Es probable, de todos modos, que eso lleve un tiempo. 

El sector opositor con mayor representación dentro de la Asamblea está nucleado en la coalición Alianza Democrática y cuenta con dirigentes como Javier Bertucci, Henri Falcón y Bernabé Gutierrez. Este sector, que es tildado por el resto de la oposición como “colaboracionista”, cobrará más protagonismo con la nueva Asamblea. Nace un nuevo criterio de demarcación dentro de la oposición: los que tienen voz –y recursos– en el Parlamento, y los que no. 

“La pregunta es qué representatividad tendrá este sector. Si va a ser simplemente una oposición testimonial o algo más. El gobierno hoy puede ceder en algunas cosas porque ya no está a la defensiva. Puede darle cierto margen a que la oposición pueda influir en la política pública, al menos performativamente. Esto, claro, no implica una cesión de poder, que lo va a seguir teniendo el gobierno y las Fuerzas Armadas”, dijo Patricio Talavera, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializado en Venezuela. 

Para distender la relación con Europa y Estados Unidos, el gobierno deberá normalizar al menos algunos aspectos de la situación institucional que fue denunciada en los informes de Naciones Unidas y recientemente de la OEA. Es la condición necesaria para un objetivo mayor: aliviar el cuadro de sanciones económicas.

El costo del aguante

El embate a Guaidó, que fue acompañado por una profundización de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos, tuvo costos significativos. La contracción del PBI en el tercer trimestre de 2020 en comparación al mismo periodo del año fue del 50%, según un informe de la Asamblea Nacional, que asegura que la destrucción del PBI durante todo la gestión de Maduro ha sido superior al 90%.  

“Las sanciones a PDVSA (la petrolera estatal) agravaron la situación, pero no fueron el origen. Para cuando empiezan a llegar las primeras sanciones fuertes, en 2019, Venezuela producía un millón de barriles de petróleo por día, dos millones menos que en 2012. Hoy la matriz productiva de Venezuela está completamente debilitada”, apuntó Rafael Ramirez, uno de los cerebros económicos del gobierno de Hugo Chávez que fue presidente de PDVSA hasta el 2013, en diálogo con ElDiarioAR. Según datos de noviembre, reportados por Reuters, hoy Venezuela produce 630 mil barriles de petróleo por día, un aumento de casi el doble respecto a octubre, que se explica principalmente por nuevas ventas a Rusia y la continuidad de aquellas a China. 

En octubre, el gobierno aprobó, a través de la Asamblea Constituyente, la “Ley Anti-bloqueo”, que le permite al Ejecutivo realizar transacciones y privatizaciones bajo confidencialidad. La ley, si bien asegura que las acciones de PDVSA deben quedar en manos del Estado, abre la puerta a la desnacionalización de la industria petrolera. La ley amenaza con desmontar una de las banderas económicas del chavismo. 

Otro de los efectos del aguante ha sido una paulatina dolarización de la economía venezolana. Para Victor Theoktisto, profesor de la Universidad Simón Bolívar y asesor económico del gobierno, “en estos momentos hay una seria discusión acerca de si debe haber una mayor dolarización o si su aumento fue una acción de guerra y es tiempo de recuperar soberanía y volver atrás”, dijo a ElDiarioAR.

En los últimos dos años han florecido también la explotación –en la mayoría de los casos ilegal– del oro (con Turquía como principal cliente) y otros minerales como el coltán y el uranio, en el sur del país. Se estima que esta actividad, que ha producido un alto daño ambiental, se ha consolidado como una fuente principal de ingresos para el Estado venezolano, si bien opera en canales informales. Allí se destacan, además del crimen organizado, los militares. “Hoy los recursos ya no están tanto en las arcas oficiales como en las ilegales, ya sea en las cadenas de distribución de alimentos conocidas como las CLAP o en el tráfico de oro y minerales. Y donde están los recursos están los militares. Esa es la condición de su apoyo”, dice Talavera. 

El regreso del madurismo a la Asamblea Nacional es el cierre simbólico de una etapa que duró dos años, que estuvo marcada por el liderazgo de Juan Guaidó al frente de la oposición y el apoyo principal de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump. Maduro sobrevivió a ambos. Recibirá el 2021 con una oposición quebrada, obligada a reinventarse, y con una nueva Administración Demócrata en Estados Unidos. Pero sin aire. 

JE