Qué supone para Netanyahu el revés del Tribunal Supremo y qué relación tiene con la guerra en Gaza

El Tribunal Supremo de Israel dio comienzo al nuevo año con una decisión que desafía al Gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu y abre un nuevo conflicto para el Ejecutivo, sumido en la guerra de Gaza desde hace casi tres meses. La polémica reforma judicial que Netanyahu impulsó hace un año y la ofensiva en la Franja serán cuestiones fundamentales en la identidad israelí durante mucho tiempo y ambos están relacionados.

La más alta instancia judicial del país anuló este lunes una ley que el Parlamento había aprobado en julio casi con rango constitucional y que arrebataba al Poder Judicial la capacidad de revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a su “razonabilidad”. Contra esa ley y otras que el Gobierno planeaba aprobar estuvieron manifestándose cientos de miles de israelíes en las calles durante meses, desde principios de 2023 hasta el 7 de octubre, cuando estalló la guerra.

“Es una crisis porque Israel no tiene Constitución, sino que la construye sobre una serie de leyes básicas con una categoría y protección superior, pero por eso se someten a una revisión judicial”, dice a Oren Yiftachel, experto en Derecho de la Universidad Ben-Gurion. “Además, Israel nunca estableció cómo legislar una ley básica, cuando en la mayoría de países democráticos se pide una mayoría reforzada o incluso un referéndum. Aquí se sigue el proceso de una ley normal. Por eso el Tribunal Supremo y esta decisión son tan importantes”, añade.

Se trata de la primera vez que este tribunal anula parte de una ley básica. Pero el portavoz del Parlamento o Knéset, Amir Ohana, afirmó que “el Supremo no tiene autoridad para anular leyes básicas”, a pesar de que votaron en ese sentido 13 de los 15 jueces de la institución.

Un fallo judicial en tiempos de guerra

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, lanzada en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre, la atención en torno a la reforma judicial del Gobierno que partía a la sociedad en dos disminuyó. Por ello, el Ejecutivo de Netanyahu utilizó el argumento de la guerra en la Franja para arremeter contra la decisión del alto tribunal.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, afirmó que el momento elegido para hacer pública la decisión va en contra de “la unidad necesaria en estos días para el éxito de los soldados en el frente”. “El fallo, sin equivalentes en cualquier democracia occidental, no debilitará nuestra determinación. Mientras el conflicto continúa en diferentes frentes, continuaremos actuando con moderación y responsabilidad”, agregó, sin especificar los próximos pasos. También el partido de Netanyahu, el Likud, señaló que la decisión del Tribunal Supremo “se opone a la voluntad del pueblo de estar unido, especialmente en tiempos de guerra”.

La primera reacción de Levin, artífice de la reforma judicial, indica que aún podría tratar de revertir la decisión del alto tribunal y seguir adelante con sus planes. “Prometió intentarlo de nuevo”, afirma el analista Yossi Verter en el periódico israelí Haaretz. “Si él y sus compañeros de la terrible coalición de 64 legisladores no son derrocados después de la guerra (en Gaza), existe la posibilidad de que tengan éxito la próxima vez”, advierte Verter. La ley anulada este lunes fue aprobada por el Parlamento israelí o Knéset con los 64 votos a favor de los diputados de esa “terrible coalición”, que apoya a Netanyahu.

Yiftachel señala que esa coalición no representa a todo el pueblo: “Este Gobierno recibió el 48% del voto. Sólo tiene mayoría en el Parlamento porque dos partidos de la izquierda no alcanzaron el porcentaje mínimo para entrar en la Cámara. La izquierda perdió siete escaños. Hablan del deseo del pueblo, pero no es cierto”.

“La decisión llega en el contexto de dos guerras cruciales: una es la que se libra entre democracia y autoritarismo por mantener el Estado de derecho y la separación de poderes; y la otra es la guerra en Palestina”, explica el profesor. “Toda la gente que apoya al Gobierno, apoya la guerra y la opresión de los palestinos. Está claro que ambas cosas están relacionadas. Si [como pretendía la reforma] no se pueden apelar las decisiones del Gobierno, como por ejemplo deportar a la gente de Gaza, entonces [el Gobierno] puede hacerlo”. En este sentido, Yiftachel explica que, aunque el Supremo no fue exitoso a la hora de frenar los abusos de los derechos de los palestinos, “impidió su destrucción absoluta”.

“Netanyahu utilizará esta decisión para movilizar a su gente al estilo Trump y Bolsonaro, que dicen que los tribunales van a por ellos”, dice. “No es el final del camino e intentarán aprobar otra ley quizá un poco más suave. Además, el tribunal cambiará su equilibrio de poder próximamente con la jubilación de dos jueces que se supone que son más liberales”.

También la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv, Ronit Levine-Schnur, apunta que el Gobierno podría intentar reescribir la ley, pero eso puede tener lugar sólo cuando termine la ofensiva en Gaza porque, mientras dure el conflicto, el Ejecutivo se comprometió a no seguir adelante con la reforma en un acuerdo que selló con parte de la oposición para crear un 'gabinete de guerra' tras el 7 de octubre. Levine-Schnur agrega que no hay una institución judicial más elevada que el Tribunal Supremo, así que “el Gobierno no tiene ninguna vía [judicial] de cuestionar su decisión, pero eso no quiere decir que muchos de sus miembros no lo intenten”.

¿Y después de la guerra?

Sin ir más lejos, Benny Gantz, exministro de Defensa israelí y miembro de ese gabinete de guerra junto a Netanyahu, pidió a través de la red social X (exTwitter) que se respete el veredicto. “Estos no son días para discusiones políticas, hoy no hay ganadores ni perdedores. Hoy sólo tenemos un objetivo común: ganar la guerra juntos”, escribió. “Después de la guerra, se nos pedirá que regulemos la relación entre las autoridades y promulguemos una ley básica que fije el estatus de las leyes básicas”, prometió, agregando que será aprobada con diálogo y un amplio acuerdo y que “también será parte de la victoria como país y como sociedad”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, fue más allá advirtiendo en redes sociales de las consecuencias de rechazar el fallo de este lunes. “Si el Gobierno israelí empieza de nuevo una batalla contra el Tribunal Supremo, no aprendió nada. No aprendió nada del 7 de octubre, no aprendió nada de los 87 días de lucha en casa”, afirmó en referencia a la duración de la guerra en Gaza, apuntando a que las divisiones y enfrentamiento en la sociedad israelí por la reforma judicial llevaron “al peor desastre de su historia”.

Ni los políticos ni los analistas pueden separar la decisión del Tribunal Supremo del conflicto militar, que aparcó momentáneamente las tensiones y divisiones por la reforma judicial. Si el alto tribunal hubiera emitido su fallo antes de la guerra, “los israelíes se habrían preparado para una guerra civil. Pero el mundo es diferente después del 7 de octubre”, afirma Dahlia Scheindlin, columnista en Haaretz. Ante los llamamientos a la unidad de los miembros del Gobierno, Scheindlin se pregunta: “¿Unidad? Cualquier miembro del Gobierno de Netanyahu que llame a la unidad entre el pueblo es más tonto de lo que cree que son los ciudadanos. Este Gobierno destrozó al país con su mal llamada 'reforma judicial'”.

La profesora Levine-Schnur espera que después de la guerra en Gaza haya “rendición de cuentas por lo que hizo el Gobierno durante este terrible año, desde su falta de preparación ante la masacre cometida por Hamas hasta la reforma judicial que impulsó” hace exactamente doce meses. También desea que el fallo del Supremo anime a los israelíes a ser “más y más activos, y a confiar menos en las intenciones del Gobierno”, porque con su decisión el tribunal “aseguró a la gente que es importante poder revisar las acciones y los planes del Gobierno” y eso se podrá aplicar a la guerra en Gaza.

“El hecho de que el Tribunal Supremo se haya posicionado del lado de los manifestantes [contrarios a la reforma judicial] es inspirador para el público, para entender que su respuesta frente a los planes del Gobierno fue importante”, agrega la profesora de Derecho. “Durante nueve meses los israelíes protestaron y fueron muy activos para reivindicar sus instituciones democráticas, a pesar de los intentos de destruirlas” pero “no tenían claro si podían influir en las decisiones públicas de su país”. Ahora pueden ver el fruto de sus movilizaciones y pueden confiar más en esas instituciones que han defendido en las calles.

FC/JBA