“Fuimos torturadores”: La política migratoria de Trump desgarró a 5.500 familias

La política del Gobierno de Estados Unidos de desintegrar las familias migrantes, separando a los hijos e hijas menores de sus madres y padres, continúa provocando estragos e infligiendo dolor y sufrimiento en los últimos meses de la presidencia de Donald Trump, con padres aún desaparecidos, reunificaciones bloqueadas y familias reunidas que luchan por recomponer una vida hecha pedazos.

Deshacer los entuertos la política de separaciones de Trump, que desde su inicio había sido globalmente condenada, es uno de los mayores y más urgentes desafíos que tiene por delante la nueva administración. Los mismos grupos de activistas de derechos civiles que durante años militaron para reunir a miles de familias desgarradas están ahora haciendo presión para que Joe Biden dé una respuesta rápida y audaz al problema: reclaman que reunifique a todas las familias de  las víctimas, les otorgue asilo y protección en Estados Unidos, y las indemnice económicamente.

“A estas familias nosotros las torturamos, les secuestramos sus hijas y sus hijos”. Así lo expresó Carol Anne Donohoe, la abogada que coordina las presentaciones judiciales de Al Otro Lado, un grupo que trabaja para que padres y madres que sufrieron la deportación puedan reunirse con sus hijos e hijas menores que quedaron en suelo norteamericano. “Algunas familias desgarradas perdieron contacto durante más de tres años. Es una situación aberrante que requiere de acción inmediata, y es fundamental que exijamos que los funcionarios responsables den cuenta de sus acciones, para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder nunca más”.

Es fundamental que exijamos que los funcionarios responsables den cuenta de sus acciones, para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder nunca más

Un paso crítico, dicen los defensores, será establecer un registro completo que permita observar el alcance total de las separaciones familiares ordenadas, y que obligue al reconocimiento por parte del gobierno de las consecuencias a largo plazo de las que debe hacerse cargo por la ejecución de esta política.

La crueldad y el caos de la “tolerancia cero”

En abril de 2018, la administración Trump anunció una política de “tolerancia cero” en las fronteras para combatir todos los ingresos no autorizados al país, sin exceptuar a quienes solicitaban asilo político ni a las familias con menores. Esto trajo como resultado que los agentes migratorios estadounidenses separaran por la fuerza a padres y madres de sus hijos e hijas, y que les iniciaran causas penales a miles de migrantes que buscaban asilo en Estados Unidos para huir de una muerte segura por la violencia en sus naciones de origen. Los mayores de las familias iban a prisión mientras duraba un proceso judicial que iba a terminar con la deportación, mientras que los menores eran tratados como si fueran “menores no acompañados” y ubicados en cárceles y albergues para jóvenes migrantes.

“Simplemente, vivimos en un caos”, recordó Roberto López, responsable del enlace con la comunidad en el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP). López trabajó en los tribunales del sur de Texas donde cientos de padres y madres, separados de sus hijos e hijas, eran acusados penalmente en masa por haber cruzado la frontera sin autorización, en procesos que avanzaban veloces hacia la condena, como en una línea de montaje. “Fue un enjuiciamiento masivo… —resume López—. El sufrimiento era insoportable. Una y otra vez nos preguntaban: '¿Dónde están mis hijos? ¿Cuándo los veré?’ Y una y otra vez teníamos que decirles: ‘No lo sabemos’”.

En Phoenix, Arizona, Vanessa Pineda, del Centro Young para los Derechos de la Infancia Inmigrante, se encontró de golpe con que los refugios infantiles para migrantes estaban llenos de niños y niñas de muy corta edad. El Centro Young, por lo general, trabajaba en esos refugios con personas de más edad, adolescentes que habían llegado en soledad hasta la frontera, y la habían cruzado. En cambio, estos niños y niñas muchas veces pensaban que habían sido abandonados por sus progenitores —informó Pineda—, porque, una vez separada la familia por las autoridades, no había manera de establecer la comunicación entre las partes desgarradas por la fuerza.

“Yo trataba de averiguar dónde estaban los padres, los chicos ni tenían ni les daban ninguna información”, dijo Pineda. “Era todo demasiado horrible”.

Después de que los efectos reales de esta política se hicieron públicos y fueron mejor conocidos, incluido un audio donde se oía el llanto sollozante de los niños detenidos, el contraataque opositor se hizo más intenso y, en junio de 2018, Trump firmó un decreto que dio marcha atrás y puso fin a las separaciones familiares. Significó un giro completo en una política administrativa, algo poco muy común durante su presidencia, y el mandatario lo dio justo antes de que un juez federal en San Diego ordenara al Gobierno reunir a las familias desgarradas.

Sin embargo, esto no frenó las separaciones. Estados Unidos continuó secuestrando chicos en la frontera invocando causales imprecisas y no probadas, como que sus padres eran un peligro para ellos o que esos progenitores tenían prontuario y pasado con antecedentes penales. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) tuvo oportunidad de citar, a lo largo de los procesos judiciales, algunos ejemplos escandalosos de estos pretextos para separar familias, como el de un hombre que fue considerado un mal padre porque no le había cambiado los pañales a su hija, otro que fue separado de sus tres hijas porque tenía VIH, y el de una niña de 3 años separada de su padre porque los agentes migratorios ponían en duda que la paternidad fuera real (finalmente, resultó confirmada por una prueba de ADN).

Estos niños y niñas muchas veces pensaban que habían sido abandonados por sus progenitores

Mientras tanto, la demanda judicial impulsada por la ACLU y una serie de otras investigaciones paralelas lentamente han comenzado a poner al descubierto cuáles eran el rango y la magnitud de esta política antimigrante. Esto incluyó la revelación de que ya en julio de 2017 Estados Unidos estaba separando activamente a las familias en las fronteras bajo un programa “piloto” secreto. El Gobierno admitió que sus sistemas de seguimiento de las familias separadas son deficientes y también se resistió a compartir la información con las que cuenta, pero en el estado presente de la investigación los registros sugieren que más de 5.500 familias fueron desgarradas desde 2017. Menores de 5 años, o más pequeños, y aun bebés, se contaban por centenares dentro de ese número.

La ACLU y otros grupos ayudaron a reunir a miles de familias; no obstante, muchas de ellas siguen separadas. Muchos padres que fueron deportados sin sus hijos se vieron obligados a enfrentar una elección devastadora: o deportar a sus hijos para que regresen con ellos, lo que podría ponerlos en peligro, o permanecer separados indefinidamente.

Algunos siguen desaparecidos, y un comité designado por la Justicia no pudo localizar a los padres separados de 628 niños.

La mayoría de los padres desaparecidos fueron deportados y algunos de ellos enviados a Guatemala, y otros a Honduras, El Salvador y México. Las organizaciones sin fines de lucro designadas utilizan los registros limitados que recibieron del Gobierno para intentar localizar a los padres por teléfono, lo que a veces es una tarea imposible cuando los padres deportados residen en áreas remotas y rurales.

Temor

Cuando los defensores se comunican con los padres, las llamadas telefónicas son un desafío. A algunos padres les preocupa que el gobierno de Estados Unidos trate de deportar a sus hijos o encontrar una manera de detenerlos una vez más: “La gente se muestra realmente temerosa y desconfiada, y tienen 100% de razón para comportarse así, pero esta es una barrera enorme”, dijo Leah Chavla, de Comisión de Mujeres para las Mujeres y los Niños Refugiados, uno de los grupos que realizan las llamadas.

Para quienes no pueden contactar por teléfono, grupos como Justicia en Movimiento acuden a redes de defensores en el terreno que realizan búsquedas minuciosas en Centroamérica. “Estas familias están tan devastadas y se sienten tan abandonadas, por lo que se quedan atónitas cuando uno de los defensores entra por la puerta y les dice que podemos ayudar”, expresó Cathleen Caron, directora ejecutiva de esta organización.

Este año, todas esas tareas se han visto obstaculizadas significativamente, primero por el Covid-19, que forzó una importante desaceleración en las búsquedas, y después en noviembre por los arrasadores huracanes que sufrió la región.

Qué puede hacer Biden

Los grupos de activistas pro-migrantes esperan que Biden actúe rápidamente para reunificar a las familias. El presidente electo se ha comprometido a revertir las políticas de separación de las familias en la frontera y a poner en operaciones a un grupo de trabajo para identificar a los padres desaparecidos.

Sin embargo, los militantes quieren que Biden vaya más allá y use sus poderes ejecutivos para brindar estatus legal y protección a todas las familias, asegurando que puedan reunirse y permanecer en Estados Unidos. Los padres que ya han sufrido daños insondables no deberían tener que enfrentar largos juicios de asilo o procesos que podrían resultar en denegaciones o detenciones, argumentan.

“Estas familias, independientemente de lo que las haya traído a nuestra frontera, fueron luego sometidas a una violación masiva de derechos humanos”, manifestó Jennifer Nagda del Centro Young para los Derechos de los Niños Inmigrantes. “La respuesta correcta es permitirles regresar y vivir seguros aquí, gracias a lo que hicimos”.

Aun si todavía quedan 628 padres pendientes de ubicación en el proceso judicial abierto, aunque se encontraron muchos más. Pero la administración Trump les prohibió reunirse con sus hijos en Estados Unidos, porque es un derecho que se les niega a los deportados, dijo Donohoe, de Al Otro Lado. Los juicios en tribunales federales no proporcionaron alivio a la mayoría de los padres deportados.

Donohoe representa aproximadamente a 30 familias separadas a las que se les ha negado la reunificación y cuya mejor esperanza es que una política expansiva de Biden permita vivir en Estados Unidos a esas familias. “No me hago ilusiones pensando que esto vaya a ser fácil. Pero exploraremos todas y cada una de las vías legales hasta que se puedan reunir”.

Los abogados defensores también siguieron detectando en los informes federales constantes discrepancias acerca de la cantidad de niños separados de sus padres. En sólo un tribunal de Texas, el TCRP identificó a 939 niños que fueron separados de sus familias después de que terminó la tolerancia cero, y más de 500 de ellos habían llegado a Estados Unidos acompañados por adultos que no eran considerados padres, como hermanos mayores y padrastros.

Las familias reunidas también lidiarán de por vida con daños y traumas psicológicos. Después de evaluar a familias que vivieron separadas por la fuerza entre 30 y 90 días, el grupo Médicos por los Derechos Humanos llegó meses atrás a la conclusión de que la política de tolerancia cero de Trump constituía “tortura”. Los niños víctimas sufren de trastorno de estrés postraumático severo, ansiedad por separación y otras afecciones de salud mental, y sus asesores legales y abogados defensores dicen que necesita recursos y deben ser indemnizados económicamente.

Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (Asap), dijo que su grupo conectó a más de 200 familias con abogados que se encargarán de reclamar judicialmente compensaciones monetarias por los daños sufridos. Cruz tiene la esperanza de que la nueva administración pueda resolver este tipo de demandas de una manera que brinde protección e indemnice a las víctimas, así como que se exija que los funcionarios responsables den cuenta de su accionar: “Tiene que haber un costo por este tipo de abuso”.

Sin embargo, nunca se sabrá el verdadero costo de la política, afirmó Nagda, y señaló que las revelaciones del gobierno fueron incompletas: “Siempre tendremos que vivir con el hecho de que habrá niños y familias que no conocemos. Y esto es simplemente inaceptable”.

Traducción del inglés: Alfredo Grieco y Bavio