Trump, petrodólares y el oleoducto que amenaza con hundir a Greenpeace y los activistas climáticos

Kelcy Warren es el CEO, fundador y máximo accionista de Energy Transfer, la empresa que sentó en el banquillo a Greenpeace para exigirle 300 millones de dólares. El ejecutivo es, además, uno de los grandes donantes de las campañas de Donald Trump.

Existe un hilo que une una cosa y la otra: de lo primero que hizo Donald Trump al ser elegido por primera en vez en 2016 fue acelerar los permisos para el oleoducto DAPL planeado por Energy Transfer en Dakota del Norte contra el que protestaba Greenpeace. El proyecto había sido pospuesto por Barack Obama para revisar su impacto ambiental. Tras recibir de Warren unos 100.000 dólares para la campaña y otros 250.000 para el comité inaugural, Trump dio el visto bueno al oleoducto el 24 de enero de 2017, apenas cuatro días después de tomar posesión. El republicano mandó “revisar y aprobar de manera urgente (...) las autorizaciones para construir y operar el DAPL”.

En el momento en el que Donald Trump firmaba sus instrucciones aún estaban en plena actividad los campamentos de protesta contra el proyecto en Stand Rock. Solo un mes más tarde de la orden presidencial, la guardia nacional y la policía desmantelaban el último reducto de manifestantes “de manera militar”, según describió The Guardian.

“Considero que la construcción del oleoducto es de interés nacional”, redactó Trump en enero de 2017. La mayoría del tubo estaba ya completa, así que tras las órdenes presidenciales, el primer bombeo de petróleo de prueba se realizó el 14 de mayo de 2017 y estuvo operativo comercialmente el 1 de junio de ese año. En agosto, Energy Transfer demandó, entre otros, a Greenpeace ante un tribunal federal invocando la ley contra organizaciones criminales por las protestas. En junio de 2020, Kelcy Warren montó un acto para recaudar fondos para Donald Trump en el que obtuvo 10 millones de dólares –él y su mujer ya habían puesto 1,7 millones–.

El oleoducto DAPL siguió funcionando desde su bombeo inaugural en 2017 a razón de más de 500.000 barriles al día. Incluso después de que los jueces ordenaran en 2020 que la agencia gubernamental encargada de las autorizaciones para estos proyectos (el Cuerpo de Ingenieros Civiles del Ejército) preparara una evaluación de impacto ambiental de la parte del oleoducto sobre la que protestaba la tribu sioux y Greenpeace. Ese Cuerpo decidió en 2021 que el bombeo de crudo se mantendría mientras se redactaba el documento. En mayo de 2024, su director admitió que la evaluación se alargaría hasta 2025. Mientras, el petróleo sigue viajando de los yacimientos a las refinerías.

Suma y sigue

¿Abandonar el petróleo? “Una locura”, afirmaba Kelcy Warren en un acto en 2021 al reflexionar sobre el impacto que los objetivos de emisiones netas cero de CO2 de las empresas podría tener en su empresa. “Mientras yo esté en este negocio, me preocupa más, para ser sincero, el suministro. Creo que la demanda va a continuar”, resumía en un turno de preguntas durante una conferencia en la Asociación de Petróleo y Gas de Texas en Dallas.

Además, el CEO de Energy Transfer se destacó en este tiempo como parte del tridente de oposición a una regulación de transparencia climática impulsada por Joe Biden para que las empresas tuvieran que revelar cuáles son sus emisiones de CO2 y sus planes para recortarlas. El grupo estuvo compuesto por Warren, Chris Wright (de Liberty Energy), Harold Hamm (de Continental Resources).

Ayuda a comprender el contexto sobre este asunto de las emisiones de gases que están provocando la crisis climática, el argumentario que distribuye Energy Transfer para describir su oleoducto DAPL: el listado incluye que, según su visión, el tubo que transporta petróleo ahorra emisiones de gases de efecto invernadero porque, de otra manera, ese crudo viajaría igualmente, pero en camión: “3.000 containers al día”.

Sin embargo, esa normativa –impulsada desde el regulador bursátil– fue aprobada en marzo de 2024. Para entonces, Kelcy Warren seguía donando dinero a la campaña de Donald Trump (además de otros candidatos republicanos y al propio partido). La revista Forbes calculó que, finalmente, ha puesto unos 5,8 millones de dólares.

Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, los intereses de Warren salieron beneficiados otra vez. De entrada, su co-lobista contra la normativa de transparencia climática, Chris Wright, fue nombrado secretario de Energía. El anterior gobernador de Dakota del Norte –donde se celebra el juicio contra Greenpeace “no por azar”, según contaba a elDiario.es el abogado ambientalista Scott Badenoch–, Douglas Burgum, ahora es el secretario del Interior. Burgum ofreció su residencia oficial de gobernador para que la Asociación del Petróleo de ese estado diera su cena de homenaje a los ejecutivos del fracking en 2024.

Finalmente, el 11 de febrero pasado, el mismo regulador que la impulsó –ahora bajo la administración Trump– suspendió la norma: “Tiene graves defectos y podría causar daño a los mercados y a nuestra economía”, justificó el director en funciones de la agencia, Mark Uyeda. Habían transcurrido poco más de 20 días desde la toma de posesión de Donald Trump.

El mismo mes en que se permitió que las empresas no tengan que explicar cuáles son sus riesgos climáticos, ha comenzado el juicio multimillonario que amenaza con acabar con Greenpeace en EEUU y succionar al movimiento climático.