Formosa, los derechos humanos y el periodismo

Me interesa situar el presente candente de Formosa en un tiempo más largo que concierne a los derechos humanos. Hay una historia, un poco sesgada (todas lo son, pero hay que poder pensar en qué sentido) que se representa la cuestión de los derechos humanos en la Argentina desde el Estado y erige sus héroes en consecuencia: Alfonsín en la Plaza de Mayo recibe el Informe de la Conadep, los jerarcas de la dictadura desfilan mansamente ante el Tribunal que los juzga, Kirchner hace descolgar el retrato de Videla. Las escenas son varias, hay para elegir; y por supuesto detrás de la elección hay opciones políticas, afiliaciones e intentos de reescribir el pasado. 

Me interesa, como en otros temas, abordar el problema desde otro plano, lo que nace y se despliega en la sociedad. Hacia mediados de los 70, aproximadamente, nacieron organizaciones autónomas que defendían los derechos de las víctimas, la APDH, luego el CELS. Esa acción, hay que recordarlo, se anticipaba a los políticos en la resistencia a la dictadura,  incluso enfrentaba la defección de la política en los tiempos en que las dirigencias buscaban negociar una “salida” que no incluía el juzgamiento de los crímenes. Alfonsín no estaba entre esos dirigentes, integraba la APDH y, como es sabido, elaboró su programa de justicia transicional mayormente por fuera de su partido. En todo caso, llevaba a la política y al Estado una experiencia nacida en la sociedad y en la solidaridad con las víctimas. Todo esto es historia conocida pero vale la pena repasar esos comienzos para abordar la escena de las protesta social, la represión estatal y la situación de los derechos ciudadanos en Formosa. No es posible saber hoy cómo va a terminar, pero en todo caso ¿qué se puede decir a la luz de esa experiencia? 

La violencia institucional es palpable, hasta el gobierno ha debido admitirlo ¿El problema es sólo la policía “brava”? Si algo hemos aprendido es que en estos casos las instituciones juegan un papel más importante que los hombres. Un régimen que gobierna la provincia desde hace casi 40 años (con un gobernador que lleva 25 en el cargo), que concentra los poderes, sin justicia ni, casi, prensa independiente, sin rotación ni respeto de las minorías, con escaso desarrollo de la sociedad civil ¿puede tener una policía formada y entrenada para dirimir los conflictos a partir del respeto de los derechos? Esa es la primera cuestión, para colocar el episodio en un marco de sentido que no quede limitado a un argumento, muy gastado en la Argentina, que admite los “excesos” (incluso está dispuesto a sancionarlos), mientras pone todo su esfuerzo y su capacidad estatal en mantener las cosas como están. 

Un par de apuntes sobre el discurso, o la cultura, de los derechos humanos. Primero, hay agravios a los derechos que son incondicionales y cuya violación no puede ser justificada. O sea, no se puede justificar la violencia de un régimen (y no hablo sólo de la violencia policial, sino de la que afecta derechos políticos, de asociación, libertad de expresión, de minorías sexuales o étnicas..) con el argumento de que los que se oponen son peores. Es el argumento de Verbitsky que postula, detrás de las protestas, una compleja trama conspirativa que reúne a contrabandistas de soja con Milei y Patricia Bullrich.

Al menos hay que reconocerle que en su defensa del orden en Formosa ya no pretende hablar en nombre de los derechos humanos sino como enunciador “faro” de un grupo político. Y no hay nada nuevo en el uso miliciano de los derechos y de la justicia. En la vieja URSS, al igual que en Cuba hoy, los fieles del régimen rechazaban cualquier denuncia porque pensaban que el retorno del capitalismo era peor. Seguramente no hay proporción en la gravedad de las denuncias, pero el razonamiento es el mismo. 

Segundo, lo que se pierde en esa reducción de los derechos a los combates de facción es la posición de las víctimas o de los ciudadanos de a pie. El objetivo del resguardo de los derechos fundamentales aspira a ampliar libertades y garantías; y se sostiene en un impulso reformista. Por supuesto, el contenido de lo que debe ser cambiado, en orden a los derechos, ha dependido de condiciones históricas, luchas previas, organizaciones y agentes. Pero ninguna acción en nombre de los derechos humanos puede apuntar simplemente a justificar lo existente, que es lo que sucede cuando el asunto se convierte en objeto de prácticas gubernamentales dictadas por las conveniencias del poder. Es lo que se advierte en los pronunciamientos de la Secretaría o en las voces oficialistas que no muestran otro objetivo que el de preservar el statu quo en la provincia.

Hay allí un problema que va al meollo de las políticas en la materia. ¿Cuál es la autonomía de una dependencia del Ejecutivo para investigar y eventualmente controlar a sus mandantes? Ni España, ni Francia, ni Alemania (que yo sepa) tienen secretarías o direcciones de “Derechos Humanos”. Les alcanza con una justicia independiente y dispositivos penales para atender la seguridad y los derechos de un modo que seguramente envidiarían los ciudadanos de Formosa y de muchas provincias argentinas. Y por supuesto con el control ejercido por la acción independiente de una red de asociaciones y organismos no gubernamentales.

Vuelvo a las condiciones necesarias para una acción coherente y eficaz en las defensa de los derechos humanos desde la sociedad. En la Argentina, “derechos humanos” no es un enunciado abstracto, expone un programa encarnado en una experiencia histórica. Una acción inspirada en la vigencia de los derechos comienza por visibilizar a las víctimas, ponerlas en el espacio público, darles voz, contribuir a su organización y sostener eficazmente sus demandas frente al Estado. En la dictadura y la posdictadura era más fácil saber quiénes eran las víctimas y quiénes los victimarios. ¿Qué pasó después, cuando se trataba de enfrentar violencias ejercidas desde el Estado en un régimen democrático? 

Sobre eso hablé con Graciela Fernández Meijide, que desgranó algunos recuerdos para mí a partir de su experiencia de más de 20 años en el secretariado de la APDH. La primera condición, desde los orígenes, era mantener la autonomía del organismo, no subordinado ni al Estado ni a un partido, pluralista en su composición (la APDH reunía radicales, socialistas, peronistas, liberales.., sacerdotes, rabinos y pastores..). La segunda era la relación con la prensa para que esa acción llegara a la sociedad. Por supuesto, sobre todo al comienzo, estaba la función de los abogados del propio organismo para asesorar y eventualmente presentar las querellas ante el Estado.

Pero quiero detenerme en el papel del periodismo. Y prefiero decir “periodismo”, una profesión y una disciplina, una práctica social de las ideas, y no “medios”. Es claro que existen los “medios”, los canales, la industria; la desinformación, las operaciones y los negocios. Pero aun así, en las peores circunstancias, no desaparece el periodismo, nacido junto con la formación de la esfera pública moderna y asociado a las libertades que dieron nueva vida a la sociedad civil. No puedo extenderme. Pero cabe recordar esa distinción cuando se escuchan o se leen las diatribas y las groseras simplificaciones sobre el “poder mediático” que comienzan por borrar a los agentes de la información.

En el testimonio de Graciela, los periodistas estaban desde el comienzo, incluso cuando sabían, bajo la dictadura, que no podían publicar la información que recibían. Y estuvieron después, habitualmente, en los casos resonantes que llegaron a la opinión pública, como el asesinato del soldado Carrasco o de María Soledad Morales. Por supuesto, había de todo, sensacionalismo y prensa amarilla junto con trabajo de análisis y opinión. Pero lo mejor de ese periodismo había recibido una enseñanza que venía de la acción de organismos como la APDH y, lo supiera o no, contribuía a reforzar un lazo social con las víctimas y a implantar una nueva cultura de los derechos.

Formosa, provincia periférica, puede ser comparable a Catamarca: aunque las violencias no son equivalentes, los regímenes son homologables. En uno y en otro caso, sin la prensa nacional las violencias hubieran quedado invisibilizadas para la opinión pública y para los aparatos estatales, provincial o nacional, garantes del statu quo. Graciela viajó y se quedó en Catamarca, respaldó a la familia, a la Hermana Pelloni, a los organismos locales de defensa de los derechos. Lo recupero como un ejemplo virtuoso de convergencia de la acción humanista organizada, la sociedad civil y un periodismo dispuesto a informar.

¿Qué queda de esa convergencia en Formosa? Ya no existen organismos de derechos humanos autónomos, al menos a nivel nacional, dispuestos a esa tarea. Algunas figuras políticas locales han alcanzado repercusión y figuración gracias al periodismo; políticos nacionales han desembarcado y contribuyen a amplificar los conflictos. Las redes sociales se constituyen hoy en una plataforma de visibilización de las violencias estatales, de la disidencia y las resistencias, aunque también incorporan las tensiones exacerbadas de la lucha política, los clisés ideológicos y los alineamientos automáticos. No puedo juzgar los efectos de todo eso, sobre todo en el nivel de organización de la sociedad civil frente al poder.

Queda la prensa realmente existente, local y nacional. Seguramente no es la mejor, pero menos mal que está porque, como en el pasado, es la condición de una escena nacional en la que podamos decir, como comunidad política y moral, no sólo que los formoseños y las formoseñas “importan”, sino que lo que sucede en cada rincón del país afecta los derechos y las libertades de todos.