Las jubilaciones van camino a consolidar su pérdida de poder de compra

En Argentina, de manera recurrente, se discute la fórmula de movilidad previsional. El motivo de este eterno retorno no es otro más que la importancia que tiene el gasto jubilatorio sobre el total del presupuesto del Sector Público Nacional. En promedio, entre 2017 y 2023, las jubilaciones y pensiones representaron el 37% del total de erogaciones, con importantes oscilaciones: pisos de 28% y picos de 48%. Constituye, por lejos, el gasto más importante del Estado, y por ello, el cálculo para su actualización deviene un asunto central en todos los gobiernos.

En el caso de Javier Milei, el tema fue puesto en agenda muy rápidamente y fue incluido en la primera versión de la ley ómnibus (que bien podría llamarse “Argentina en venta”). Allí, el Poder Ejecutivo Nacional pretendía suspender la fórmula vigente, guardarse para sí la atribución de diseñar una nueva y en el mientras tanto “realizar aumentos periódicos” (a discreción del Ministerio de Economía liderado por Caputo). 

La versión II de la mencionada ley proponía que en marzo se realice una última actualización por la fórmula vigente y a partir de abril, mensualmente en base al último dato de inflación disponible (esto es, de 2 meses atrás). Finalmente, en un hecho inédito en el Congreso Nacional, en el que el Secretario Parlamentario leyó a viva voz los artículos que se eliminaban del dictamen que se estaba tratando en el recinto, la fórmula quedó excluida del debate legislativo, que concluyó de manera abrupta una semana después con el retiro del proyecto.

Mientras tanto, con una inflación que en el primer trimestre de Milei superó el 70%, los jubilados veían mes a mes deteriorarse su poder adquisitivo: en dicho período los haberes previsionales perdieron 30% de capacidad de compra (25% en el caso de la mínima por efecto del bono). 

En ese contexto, el 13 de marzo se convocó una sesión especial en Diputados, desde el bloque Hacemos Coalición Federal, para tratar un proyecto que pretendía seguir la línea del gobierno (aumentos mensuales por inflación) pero con una recomposición inicial del 20,6%. Dicho intento fracasó por la falta de apoyo oficial de La Libertad Avanza y el PRO.

Desde el Ejecutivo volvieron a la carga con una nueva versión de ley Bases en la que insisten con modificar la fórmula atándola a inflación, con una recomposición inicial de 10%. Amparándose en su enfrentamiento ya cotidiano con el Congreso, ahora lo harán por decreto, con una recomposición “de entre 12 y 14%”.

Sin adentrarnos en las negociaciones políticas respecto de la ley Bases III y/o de la movilidad previsional, lo que resulta indudable es que si el Gobierno hubiera querido tratarlo en el Congreso, el oficialismo habría ocupado sus bancas el pasado 13 de marzo en la sesión convocada a tal efecto. 

Ahora vamos a la discusión de fondo: ¿qué pasaría con los ingresos de los jubilados si el Ejecutivo avanza con su propuesta? Confirmado el bono de $70.000 para la mínima, si la recomposición fuera del 12%, tanto los haberes mínimos como los que estén por encima de dicho piso, en abril recuperarían poder de compra si se confirmaran las estimaciones de inflación que realizan las consultoras privadas (REM, BCRA). Sin embargo, aún se encontrarían 10 puntos por debajo del nivel que tenían cuando asumió Milei.

En un sendero de inflación decreciente como el que estiman las consultoras, hacia fin de año, los haberes podrían alcanzar el poder adquisitivo de noviembre de 2023. No obstante, al atarse a inflación, quedarían congelados en ese nivel, que resulta sumamente bajo en términos históricos. De modificarse entonces la fórmula de movilidad, las jubilaciones no podrían nunca más recuperarse, de modo tal que se consolidaría la pérdida de 30 puntos de su poder adquisitivo.

Así, se alcanzaría, con creces, lo postulado por Caputo en diciembre pasado: recortar 0,4% del PBI en jubilaciones y pensiones. A pesar de que discursivamente se sostenga que el objetivo es mejorar el poder adquisitivo de los jubilados, el objetivo es diametralmente opuesto: una vez licuadas las jubilaciones, congelarlas y evitar que se recuperen.

En este punto, es preciso recordar que el superávit que se festeja en Casa Rosada se alcanzó a costa de los adultos mayores: del total del ajuste del gasto realizado en febrero por parte del Estado, el 35,4% lo aportaron las jubilaciones y pensiones, con una caída real de 38% en términos interanuales. 

En contextos de alta inflación como los que atravesamos en Argentina, es deseable que el Estado compense vía ingresos la pérdida que esto genera en los sectores que más lo necesitan. Por eso, si el objetivo es mejorar las jubilaciones, podría ampliarse el universo de quienes están alcanzados por el bono, incrementarse el monto, o incluso mensualizar los aumentos para que lleguen antes. ¿Es deseable que este instrumento de los bonos se vuelva cotidiano? Claro que no. Pero tampoco es deseable atar a inflación los aumentos de los haberes que consolidarían jubilaciones de miseria y, en caso que la inflación siga un sendero creciente, continuarían perdiendo poder adquisitivo (por el rezago que genera que el aumento se efectivice con la inflación de dos meses atrás). Esto último sucedió durante el macrismo: se postuló una fórmula creyendo que la inflación bajaría, ocurrió lo contrario y los haberes perdieron poder de compra. 

Si el gobierno apuesta a bajar la inflación, ¿por qué ligar los haberes a ésta? Las fórmulas no son infalibles. Y las herramientas de compensación están al alcance de la mano del Poder Ejecutivo. Si no las utiliza, es porque no tiene la voluntad política de hacerlo.

CB/JJD