Señales desconcertantes en una coalición que se tilda con Maduro y elude la agenda real

Juntos por el Cambio encontró finalmente un eje unificador. ¿Un programa de libre mercado que no tropiece con abismos sociales, fuga de dólares y capitalismo de amigos? ¿Un sendero republicano que prescinda de tours a Lago Escondido, espionaje a cuñados, stornellis y supremos vergonzantes? ¿Un mecanismo efectivo para resolver disputas internas y trazar un cordón sanitario con la ultraderecha? Nada de eso. La concepción líquida de la política impone otras urgencias.

Desde la semana pasada, la alianza apuntada como favorita para las elecciones de octubre centra su atención en tres “dictadores” latinoamericanos convocados para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La cita con representantes de 33 países es el martes próximo en el Hotel Sheraton de Retiro. Una eventual foto de Alberto Fernández estrechando la mano de Nicolás Maduro ya tiene reservado un lugar estelar en los medios que se brindan como altavoces de ese tipo de causas.

Si la alianza de derecha se muestra remisa a hablar de sus planes de Gobierno más allá de un par de generalidades, la elección de un blanco en Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba) exhibe problemas en múltiples dimensiones: históricos y futuros, de coherencia y conveniencia.

Un sello se aventura

La ausencia de memoria es un componente esencial de la modernidad líquida descripta por Zygmunt Bauman hace más de dos décadas. El legado del sociólogo polaco da lugar a debates, pero su descripción de una práctica política fugaz, endogámica y sumisa es ilustrativa de las formas que adquiere la discusión de los asuntos públicos en muchas democracias.

La corta experiencia de la comunidad nacida en 2010, con el objetivo de crear un ámbito de coordinación de los países americanos con exclusión de Estados Unidos y Canadá, sirve de respuesta al cúmulo de indignaciones proclamadas por los dirigentes de JxC y las siglas de ultraderecha LLA y AL, de Horacio Rodríguez Larreta a Javier Milei, de María Eugenia Vidal a Patricia Bullrich.

En principio, no son esperables órdenes de detención que pondrían a la Argentina en situación bélica con tres países.

No todo fueron declaraciones y tuits contra el eje del mal latinoamericano. El sello Foro Argentino por la Democracia y la Región (FADER), integrado por exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri (Jorge Faurie, Paula Bertol), legisladores de JxC (Waldo Wolff, Karina Banfi, Sabrina Ajmechet, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro), la venezolana Elisa Trotta y conductores de Radio Mitre (Eduardo Feinman, Marcelo Birmajer, Alfredo Leuco), presentó una denuncia por presuntos delitos de lesa humanidad contra los jefes de Estado de Venezuela, Cuba y Nicaragua (de ellos, llegarían a Buenos Aires Maduro y Díaz-Canel, ya que Ortega rara vez sale de su país). La causa, a la que se sumaron dos querellantes venezolanos que reclamaron la indagatoria de Maduro, quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

En principio, no son esperables órdenes de detención que pondrían a la Argentina en situación bélica con tres países. El criterio del juzgado es que deben analizarse presuntas pruebas de violaciones a los derechos humanos, a la vez que la admisión de la jurisdicción universal supone la ausencia de investigaciones en los países de origen o en tribunales internacionales. Las horas que restan hasta el fin de la cumbre no parecen suficientes para tamaña tarea, amén de que el Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional estipula el respeto a la inmunidad de los mandatarios.

“Bienvenido, don Raúl”

El primer presidente pro-témpore de la CELAC fue Sebastián Piñera, referente del centroderecha latinoamericano y afiliado a uno de los dos partidos creados por el pinochetismo. En la cumbre fundacional del bloque (Caracas, diciembre de 2011) también se designó a quien sucedería a Piñera: Raúl Castro. “Bienvenido don Raúl Castro, lo felicito y le entrego el mando”, le dijo el chileno al cubano durante el traspaso en Santiago, el 28 de enero de 2013. El primer Piñera ensayaba lo que también prometía Macri en ese momento. Una derecha menos dogmática, capaz de convivir con gobernantes de otro signo.

Hace seis años, Gabriela Michetti viajó a Quito en representación de la Argentina. La entonces recién asumida vicepresidenta celebró “la unión en la diversidad” de la CELAC. A diferencia de sus colegas de FADER, Michetti no propugnó la detención de Díaz-Canel y Maduro, quienes la escucharon con atención en la sede de la extinta Unasur antes de sacarse la foto de rigor junto a Dilma Rousseff, Rafael Correa, Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto (México) y otros catorce presidentes del continente.

Más adelante, la avanzada de Macri en Argentina, Jeanine Añez en Bolivia, Iván Duque en Colombia, el segundo Piñera en Chile y Lenín Moreno en Ecuador procuró bajarle el precio a la CELAC. Brasil, el miembro más importante por PBI y población, se autocanceló durante el mandato de Jair Bolsonaro. La derecha latinoamericana se desenamoró de la diversidad y se afincó en sellos como Prosur y el Grupo de Lima, esta vez sí, con un blanco único: Maduro.

Débil en su armado institucional, sin requisitos de permanencia por apego a formas democráticas, la CELAC hibernó hasta que Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández aprovecharon el declive conservador y la reflotaron. Aun con su escasa operatividad, una cita con casi todos los países del continente no deja de convocar a potencias globales. De allí que la Casa Blanca enviará a la reunión del Sheraton a Christopher Dodd —un exsenador de larga relación con la Argentina y con gobiernos peronistas en particular— y que la cancillería china haya prometido un video de salutación de Xi Jinping.

Más allá del sinsentido de procurar vetos en un cuerpo como la CELAC y dar rienda suelta a la incoherencia de condenar a unos (el trío del mal), pero no a otros sobre los que pesan denuncias de similar tenor (los gobiernos anteriores de Honduras, el actual de Nayib Bukele en El Salvador, o el de Dina Boluarte en Perú, que lleva contados 46 manifestantes asesinados en un mes), la carrera por el extremismo en JxC demuestra la pobre concepción sobre el papel que le toca a la Argentina en el ámbito regional.  

Lula por el gas, Scholz por el hidrógeno verde

La presencia más trascendente para los intereses nacionales no es la de ninguno de los tres presidentes que entretienen al macrismo estos días. Luiz Inacio Lula da Silva llega esta noche al Aeroparque de Buenos Aires.

Además de haber decidido el reingreso de Brasil a la CELAC como una de sus medidas inaugurales del tercer mandato, el brasileño retomó una costumbre previa al vandalismo bolsonarista y eligió a la Argentina como primer destino extramuros. “La visita a Buenos Aires constituirá la oportunidad de relanzar la relación bilateral al más alto nivel, después de un período de distanciamiento entre los gobiernos y una reducción en la dinámica de la integración estratégica”, escribió ayer Itamaraty.

El lunes, la agenda de Lula incluye una reunión con Alberto al mediodía y, casi seguro, otra con la vicepresidenta por la tarde-noche. El líder brasileño desplegará su capital político ante sus pares latinoamericanos, pero particularmente entre los Fernández, a quienes conoce como pocos fuera de la Argentina.

La carrera por el extremismo en JxC deriva en una pobre concepción sobre el papel que le toca a la Argentina en el ámbito regional.

En el acotadísimo albertismo dan crédito a la versión de que Lula le habría dicho al Presidente que lo quiere ver en Casa Rosada en 2024. Ambos mandatarios deberían confirmar el diálogo. En cualquier caso, está claro que Lula no ahorra gestos de cercanía con su par argentino. Retribución de aquella visita de Alberto, en 2019, a la cárcel de Curitiba a la que el líder del Partido de los Trabajadores había sido condenado por el exjuez Sergio Moro y la íntima colaboración del exfiscal e integrista evangélico Deltan Dallagnol, hoy senador y diputado opositores, respectivamente.

Además del despliegue político, Lula anunciará con Fernández que el banco de desarrollo brasileño BNDES financiará la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner desde la provincia de Buenos Aires a Santa Fe.

El primer tramo de esa infraestructura clave, entre Tratayén, en Vaca Muerta, y Salliqueló, en Buenos Aires, estará concluido en junio próximo, si el Estado argentino y los constructores Tecpetrol Ingeniería, del Grupo Techint, y SACDE, de Marcelo Mindlin, cumplen con lo pautado. A fines de junio, el gasoducto Néstor Kirchner comenzará a transportar once millones de metros cúbicos de gas y, tareas de compresión mediante, el volumen llegará a 22 millones en diciembre.

La ampliación que se proponen Lula y Alberto extiende la capacidad de ese caño a 39 millones de metros cúbicos. Ya la primera parte del gasoducto reducirá al mínimo el déficit de la balanza energética el año que viene (el rojo fue de US$ 5.000 millones en 2022). Si las cosas se hacen medianamente bien, infraestructuras en gas y petróleo en vías de ejecución transformarán la ecuación en superavitaria a partir de 2025.

Lula tiene dos objetivos estratégicos para financiar el gasoducto. Por un lado, necesita que el gas de Vaca Muerta se acerque a Brasil para reemplazar la acelerada declinación del combustible que vende Bolivia a la industria de San Pablo. Los yacimientos de gas del oriente boliviano se están agotando y Vaca Muerta tiene recursos abundantes y a precios muy competitivos. Además, el crédito del BNDES será para Confab, la filial de Techint en Brasil que produce el acero con las pulgadas necesarias para transportar el gas de Vaca Muerta en grandes trayectos.

Queda en la desmemoria de la política líquida aquella ocurrencia de Cristina de que esos caños de acero debían ser fabricados en la Argentina. Fue hace sólo siete meses, durante un acto en Tecnópolis. No había ni hay una planta con esa capacidad en el país. Tampoco había tiempo para construirla porque la licitación del gasoducto llevaba años de retraso y los dólares para pagar las importaciones se agotan. “Alberto, te pido que uses la lapicera”, le dijo la vicepresidenta al Presidente en esa noche de otoño. La frase quedó para la militancia. La construcción de los tubos, para la filial de Techint en Pindamonhangaba.  

La obscena predilección de Trump y Bolsonaro por el macrismo resulta problemática para una coalición cuyo superyó le dice que es liberal e institucionalista

Si Patrcia Bullrich, Macri o Rodríguez Larreta quieren gobernar la Argentina a partir de diciembre, deberán negociar intereses con Lula. La relación con el mexicano López Obrador, el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro (el primero sale poco de México y el segundo y el tercero estarán en el Sheraton) también será crucial para la articulación latinoamericana. Está visto que las aventuras con los Áñez y los Bolsonaro de la vida para cumplir el denigrante papel de ser un espadachín contra un apuntado por Washington tienen poco vuelo.

La que comprendió lo inconducente de apostar a políticos de cartón es la Casa Blanca. El “luchador por la libertad” Juan Guaidó pasó a ser una figura incómoda para los países que lo crearon, máxime cuando los propios colegas de la Asamblea Nacional (todos, como Guaidó, con mandato vencido) lo destituyeron con poca honra el pasado 4 de enero. Si Waldo Wolf —flamante incorporación de campaña de Horacio Rodríguez Larreta— logra su cometido y Maduro es arrestado, la Casa Blanca quedará en un brete luego de haber enviado a funcionarios de alto nivel a Caracas para tratar de recomponer la industria petrolera de Venezuela. ¿Enviará Washington negociadores al penal de Ezeiza para hablar con Maduro? ¿Qué sería del mundo, qué habría sido de la cumbre del G20 en Buenos Aires apuntada por el macrismo como su máximo logro de gestión, quien alojaría a monarcas qataríes en su estancia patagónica, si tribunales locales dispusieran arrestos de jefes de Estado acusados de violaciones a los derechos humanos?

Pocos días después de recibir a Lula, otra visita de máximo interés para las relaciones internacionales aterrizará en Buenos Aires. El canciller alemán Olaf Scholz estará en Argentina los días 28 y 29 de enero junto a unos veinte empresarios. La histórica relación industrial y comercial de ambos países se ve desbalanceada por un tema urgente: la locomotora europea es la mayor importadora de energía del continente, su histórico proveedor de gas (Rusia) dejó de serlo por completo, necesita reemplazar el carbón por una razón ecológica y de gobernabilidad, y Argentina tiene recursos de todo tipo, fósiles para la transición y alternativos. Scholz y Fernández buscarán dar otro paso en el proyecto de producir hidrógeno verde en las costas de Río Negro, del que ya hablaron en encuentros anteriores.

El superyó acechado

A esta altura del partido, ¿alguien consigue un voto por pedir el arresto de Maduro? La obsesión de la derecha política y mediática con Venezuela encuentra razones no fácilmente asumibles. Cuando la Cancillería se precipitó a validar la destitución de Rousseff y reconocer a Michel Temer como presidente de Brasil (Argentina fue el primer país del mundo en hacerlo), el relato del macrismo asumió un tono de didáctica pragmática porque había que cuidar la relación con un país clave, más allá de nombres en el Planalto. Luego, el ala honestista del macrismo recibió con los brazos abiertos el proceso contra Lula, estrategia coronada con aquella recordada visita del juez Moro auspiciada por el ministro Germán Garavano, el cortesano Ricardo Lorenzetti y una asociación de abogados de grandes estudios.

Cada uno es libre de tener su propia lectura sobre el perfil de Juntos por el Cambio. La de Bolsonaro y Donald Trump es inequívoca; lo dieron todo para evitar el regreso del comunismo a la Argentina.

La predilección obscena de ese dúo, con pocas equivalencias (el antimacrista Maduro sería un ejemplo en sentido contrario), resulta problemática para una coalición cuyo superyó le dice que es liberal e institucionalista. Dos autoritarios, promotores de la violencia paraestatal y la discriminación de las minorías, líderes de lunáticos funcionales que asaltan Congresos, no tuvieron un atisbo de duda sobre su preferencia política en la Argentina.

Aquí entra a jugar un vaso comunicante entre las diferentes derechas que pinta una era y desdibuja las geografías del denominado populismo. Su ascenso político en años recientes de dio de la mano de una ofensiva judicial contra opositores que prescindió del estado de derecho. Jueces designados o removidos ad hoc, pruebas originadas en una Inteligencia burda, arrepentimientos premiados y contubernios económicos dejaron huella en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Periodistas de los grupos mediáticos más poderosos, que fueron protagonistas de tramas de Inteligencia espuria, últimamente se dedicaron a poner el grito en el cielo cuando perciben que el hackeado es uno de sus cómplices

Desde que esa podredumbre quedó expuesta, el capítulo argentino ofrece una anomalía.

Jueces y fiscales que no sólo se valieron del espionaje ilegal que les ofrecieron células de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sino que lo organizaron y lo utilizaron en beneficio propio, dan carpetazos a causas que involucran a funcionarios de Macri o Larreta porque descubren, de buenas a primeras, la teoría del fruto del árbol prohibido. Magistrados que frecuentaban a Macri en Olivos antes de emitir fallos desmerecen denuncias sobre pares que frecuentaban a Macri en la quinta de Los Abrojos, porque ello no es prueba de parcialidad. El cajoneo de las causas inconvenientes ya es una institución en Comodoro Py. Martín Irurzun se olvidó de su propia teoría sobre la influencia residual de los exfuncionaros y el inmaculado Horacio Rosatti no ve necesario dar una explicación de por qué su secretario le dictaba estrategias judiciales a un ministro de la Ciudad de Buenos Aires.

Un elenco inconmovible de jueces, fiscales, periodistas y políticos tira de la cuerda y vacía de sentido al Poder Judicial. Hay cronistas en los grupos mediáticos más poderosos que fueron protagonistas de tramas de Inteligencia espuria y eludieron procesamientos gracias, precisamente, a la red a la que aportaron, y últimamente ponen el grito en el cielo cuando perciben que el presunto hackeado es uno de los suyos.

El viernes, Cristina definió a esta red como una “mafia mediática-judicial”. Otros la llaman lumpenaje, debacle institucional o lawfare. Son descripciones válidas, incluso en boca de alguien como la vicepresidenta, quien debe explicaciones sobre su relación y la de su marido con el régimen de Jaime Stiusso y operadores como Javier Fernández durante al menos una década, o su anuencia, todavía hoy, con personajes de baja calaña en los tribunales que quedaron fuera de la red que abastece a la derecha.

El Gobierno juntó el profuso material probatorio y lo llevó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El lunes expondrá el caso en una sesión especial en Ginebra. La secuencia en la que una representación estatal denunciará violaciones a los derechos humanos en su propio país será extraña, pero acaso siente un hito para mover el avispero de una dinámica que excede con creces las fronteras argentinas. Los dirigentes de Juntos por el Cambio encontraron en esa denuncia otro previsible motivo para la unidad y rechazaron la presentación como “una vergüenza”. Es entendible.

Si hablar de Brasil no conviene; si la visita de Scholz demuestra que los países centrales se relacionan con la periferia en función de sus intereses contantes y sonantes, por encima de ilusiones ideológicas; si el vínculo entre Rosatti y Larreta o el espionaje indiscriminado perpretrado durante gran parte de la vida política de Macri resultan imposibles de abordar, mejor pedir el arresto de tres presidentes extranjeros.

SL