“La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita avances sobre nuestros derechos en el presente”

Hernán Confino y Rodrigo González Tizón son dos historiadores nacidos en democracia, especializados en historia argentina reciente. En Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta, recientemente editado por Fondo de Cultura Económica, procuran desarmar las falacias argumentativas de las narrativas de la llamada “memoria completa”. Este libro explica con rigurosidad y de forma amena por qué la Argentina no sufrió una guerra civil en los setenta, qué se conoce respecto del número de desaparecidos y por qué los crímenes de la guerrilla no pueden ser considerados de lesa humanidad. En diálogo con elDiarioAR, los autores ponen en debate la manera en que se ha abordado hasta el momento la violencia de Montoneros y el ERP y sostienen que “los intentos de reconocimiento de las víctimas civiles de la guerrilla, que consideran legítimos, no pueden partir jamás de la equiparación de la violencia de las organizaciones armadas a la desplegada por el Estado”.

—¿Cuáles fueron los principales desafíos de salir a discutir desde las ciencias sociales con los discursos que relativizan, banalizan e incluso reivindican la represión clandestina?

Hernán Confino (HF): —Como explicó el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, cuyos padres murieron en Auschwitz, hay una diferencia entre discutir con los negacionistas y acerca de ellos. Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos. Es muy difícil establecer parámetros comunes con personas a quienes no le genera ningún tipo de estupor que una mujer haya parido arriba de una mesa mientras la picaneaban. Lo que buscamos es ofrecer una explicación desde la historia que esté fundamentada y que pueda permitirle a quienes están interesados en la temática detectar dónde está la falacia de aquellos grupos que reivindican o banalizan la represión clandestina en los setenta. 

Rodrigo González Tizón (RGT): —En un momento en que los debates se corrieron tan a la derecha, decidimos salir a defender los consensos de la democracia, con rigor histórico y sin esquivar ningún tema. Observamos que las ultraderechas aprovechan los flancos débiles de las políticas de memoria y derechos humanos para elaborar sus estrategias. Por ejemplo, la decisión de establecer desde 1966 la periodización para definir quién es una víctima del terrorismo de Estado, puede generar que alguien diga: “Al final víctima del terrorismo de Estado fueron todos, entonces no fue nadie”. Además, buscamos dar respuestas a preguntas genuinas que la sociedad se hace, por ejemplo, alrededor del número de los 30.000. Que un pibe de 16 años nos pregunte cuántos desaparecidos hubo no lo vuelve un negacionista de la dictadura, es una pregunta legítima y, con este libro, ofrecemos herramientas para poder responder a esa inquietud sin caer en simplificaciones. 

Nosotros no discutimos con Nicolás Márquez, Agustín Laje o Victoria Villarruel personalmente, sino que discutimos acerca de estos discursos

—El libro expone algunos temas espinosos de la narrativa hegemónica construida hasta el momento, por ejemplo, el cuestionamiento a las prácticas concretas de la militancia armada o los reclamos por las víctimas civiles de la guerrilla. ¿Cómo se puede hablar de estas cuestiones sin caer en los discursos de las ultraderechas?

HC: —El presente nos terminó demostrando de una manera bastante dolorosa que los debates que no se dieron, se nos volvieron en contra. Nosotros procuramos construir un debate amplio que pueda dar lugar a consensos, quizás más pequeños, pero más sólidos. Consensos que puedan ser sentidos como propios por la mayor cantidad posible de personas. En las gestiones kirchneristas, en lo que fue una política de derechos humanos y memoria muy amplia, con muchos aciertos, también hubo errores no forzados. Por eso nos preguntamos: ¿Cuál tiene que ser el discurso del Estado sobre nuestro pasado y qué lugar deben tener en esa construcción las organizaciones de víctimas? Discutimos, por ejemplo, con la idea de que las acciones de quienes militaron en los setenta son imposibles de criticar porque fueron realizados por personas que empeñaron su vida en ello. 

—¿Cómo se explica que esas voces que justifican la represión clandestina hayan avanzado tanto en la agenda mediática y política en los últimos años? 

HC: —Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo. Por otro lado, no podemos pensar en el momento actual sin considerar los diques que rompió el gobierno de Mauricio Macri para diferenciarse del kirchnerismo, con un enfoque más pragmático que ideológico. 

RGT: —Nuestra hipótesis es que la discusión sobre el pasado se inscribe en una disputa mucho más amplia que empieza a ganar volumen a partir de la construcción de la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo. En la actualidad, esta discusión es parte de la mentada “batalla cultural” de la que hablan estas extremas derechas que están pululando en distintas partes del mundo. Una batalla contra el progresismo, el comunismo, el colectivismo, el movimiento feminista, la militancia por la diversidad de género, etc. 

Entre el 2009 y el 2013, se puede observar todo un sector progresista no peronista que cuestionó profundamente el tratamiento de los setenta que hizo el gobierno kirchnerista y que, de hecho, encontró bastante intolerancia de parte del oficialismo

—¿Qué efectos pueden tener estos discursos sobre el pasado en el presente? 

HC: —La aceptación de la violencia estatal del pasado habilita nuevos avances sobre nuestros derechos en el presente. En 2024, vivimos cómo personas que fueron a una manifestación en contra de la ley Bases, fueron señaladas como terroristas que querían atentar contra la democracia y terminaron detenidas en un penal federal. Patricia Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, pretende requerir a las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, como sucedió con Macri. Y hace apenas unas semanas, Milei firmó un decreto para modificar la Ley de Defensa Nacional que tiene que preocuparnos. Por otro lado, a nivel judicial, hay grupos que están buscando revertir la jurisprudencia argentina de que las organizaciones armadas no cometieron delitos de lesa humanidad. Para eso, apelan al Estatuto de Roma, que en 1998 planteó la posibilidad de que este tipo de delitos sean cometidos por actores no estatales. Sin embargo, este estatuto no está pensado para agrupaciones como Montoneros o el ERP, sino para organizaciones que tuvieron políticas sistemáticas de ataque generalizado contra población y controlaron porciones del territorio. Sabemos que la violencia guerrillera argentina no tuvo esas características, sino que fue más bien selectiva. Con esto no buscamos justificar los delitos cometidos ni negar que hayan asesinado a civiles, sino subrayar que, en la Argentina, las guerrillas no estructuraron una política armada sistemática que tuviera esa finalidad. Por ende, cometieron delitos comunes, susceptibles de prescripción. 

—El 19 de diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó la reapertura de la causa por la bomba en el comedor de la entonces Superintendencia de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976 y citó al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, a declaración indagatoria. ¿Cómo se explica esta decisión desde la mirada de la historia?

HC: —Primero, tenemos que entender quiénes están detrás de esas querellas y cuál es su estrategia judicial. La agrupación de abogados Justicia y Concordia tiene como referentes a Laura Olea y Ricardo Saint Jean, familiares directos de represores, uno que estuvo en Río Negro en la Escuelita y el otro, Ibérico Saint Jean, fue interventor de la provincia Buenos Aires, autor de aquella frase “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. Esa gente es la que hace los “habeas corpus” para poder liberar a los perpetradores de terrorismo de Estado y son los mismos que patrocinan la reapertura de la causa del comedor de la policía, de Rucci, de Larrabure y de Viola. Son organizaciones que en sus redes sociales reivindican en pleno a Astiz. Incluso la justicia aceptó como querellante a Eduardo Kalinec, un represor condenado a perpetua cuya hija es miembro del colectivo Historias Desobedientes. Me parece que es bastante cristalino, ¿no? La estrategia es: “¿No podemos liberar a los represores? Entonces hay que condenar a los militantes”. Desde su lógica, cuando haya una buena cantidad de militantes presos, quizás podrán presionar por una amnistía.  

RGT: —Además, una de las falacias absolutas que expresan estos grupos es decir que no ha habido investigaciones judiciales en relación con los crímenes de la guerrilla. Para poner en contexto, es importante saber, en primer lugar, que para los hechos más emblemáticos por los cuales se reclama, hubo en su momento investigaciones judiciales y varios de ellos tuvieron condenados. En segundo lugar, hay que recordar que tras cada atentado de las organizaciones armadas, el Estado desplegó acciones represivas que fueron absolutamente ilegales. Inmediatamente después del atentado al comedor, sucedió la masacre de Fátima, en Pilar, donde se dinamitaron 30 personas como represalia. Lo que ha realizado el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTY) de Victoria Villarruel es construir un reclamo en espejo al de los organismos derechos humanos convencionales para, a través de un discurso técnico y a la vez emocional, volver a construir un escenario de guerra interna, desprovisto de todo contenido histórico, y buscar la equiparación de las acciones de las organizaciones armadas con las acciones represivas llevadas de forma clandestina por el Estado.

HC: —Para entender la magnitud de la reacción hay que pensar en cuáles fueron los procedimientos que se hicieron desde el kirchnerismo en materia de política de memoria y de derechos humanos. Iniciativas como la del CELTY de Villarruel aprovechan el hecho de que la política de memoria del kirchnerismo que no brindó un reconocimiento para las víctimas de las organizaciones armadas. Desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es reconocer a estas víctimas, pero sin perder de vista las diferentes violencias que las generaron. Porque no es lo mismo que te mande una organización armada, a que te mate el Estado. No hay herramientas desde historia ni desde el derecho que permitan homologar esas violencias.

—Con las últimas noticias de desarticulación del Centro Cultural Conti en el predio de la ex ESMA, ¿se viene una nueva etapa en el avance sobre las políticas públicas en torno a la memoria y los derechos humanos por parte del gobierno de Milei?

RGT: —Venimos de un año de desgobierno con una intención muy clara de desarticular la estructura en la Secretaría de Derechos Humanos. En mi caso personal, trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria hasta que el año pasado, un día me avisaron que no aparecía más en el sistema y nunca recibí una explicación. Durante la gestión del actual secretario Alberto Baños, muchas áreas muy sensibles quedaron vacantes en sus conducciones. En el caso del Centro Cultural Haroldo Conti, fue perseguido en el momento de hacer el seminario que anualmente se realiza allí de políticas de memoria y estuvo sin autoridades todo el año, sin ningún tipo de interlocución de parte del secretario. Hoy el Conti está cerrado, con los trabajadores en esta figura perversa de la guardia pasiva y están echando a los que no se atuvieron el retiro “involuntario”. La situación es crítica y están en riesgo también otras áreas que el Ministerio de Justicia absorbió luego del cierre del Ministerio de Mujeres y del INADI.

—Como historiadores jóvenes, de una generación nacida en democracia, ¿sienten que pueden hacer preguntas diferentes sobre estas heridas de nuestro pasado?

HC: —Por un lado, contamos con la ventaja de haber ingresado a un campo de estudios que fue construido por colegas de generaciones previas que desbrozaron el camino. Por el otro, al no estar generacional o familiarmente implicados, buscamos un acercamiento lo más profesional posible. Eso genera libertad, también rispideces. 

RGT: —Durante mucho tiempo se planteó que abrir determinado debate era cederle terreno a la derecha. Eso se ha venido modificando en los últimos 15 años, y creemos que mientras uno lo haga desde una de una postura éticamente posicionada, hay que hacerlo. La clave está en la intención con la que se reabren esas cuestiones. Nosotros lo hacemos para comprender mejor el pasado, los referentes de la llamada “memoria completa” lo hacen para revivir el pensamiento contrainsurgente, para obtener la impunidad de quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos y para desprestigiar el proceso de memoria, verdad y justicia como un todo. En última instancia, lo que es más perverso, buscan trasladar la carga de la culpa a las víctimas.

MNA/JJD