Entre dudas y recelo interno, el Gobierno ensaya la “migración” de planes sociales a empleos

Claudio Moroni trabaja sobre el texto último, la letra fina, de un decreto para darle marco legal y soporte político al programa de migración de planes sociales a puestos de empleo. La normativa, que inicialmente sería un decreto, y que antes de aterrizar en la secretaria Legal y Técnica circuló entre Trabajo y Desarrollo Social la cartera que conduce Juan Zabaleta, tiene un marco similar al del proyecto que días atrás presentó Sergio Massa.

En simultáneo, en estas horas, Alberto Fernández firmará un convenio con empresarios y sindicalistas del sector de la gastronomía y la hotelería para que beneficiarios del plan Potenciar puedan incorporarse a la actividad privada en puestos de empleo de esa actividad. Están vigentes, actualmente, convenios similares con UOCRA, de la construcción, y con la UATRE, de trabajadores rurales.

Ese rubro, que empezó a rebotar luego de la crisis de la pandemia y que estiman que generaría 100 mil nuevos puestos de trabajo, puede convertirse en un caso emblema del modelo de migración de planes a empleo, aunque hay varias discusiones cruzadas sobre el formato tanto en el gobierno como en el mundo gremial. La foto es dramática: en la pandemia, los empleos formales según la UTHGRA cayeron de 57 mil a 35 mil en CABA, con una baja de 22 mil puestos de trabajo.

Matices y disputa

La música es parecida: la “transformación” de planes sociales, que están concentrados en el Potenciar, en empleos formales y de convenio. Pero la letra tiene matices y refleja visiones en algún punto antagónicas. O, de mínima, interpretaciones sobre los alcances reales de esa iniciativa y los riesgos de que no se convierta en una herramienta “flexibilizado”, según apuntan en sectores del oficialismo.

Massa apuró la semana pasada un proyecto que elaboró su equipo económico y tiene dos capítulos. Uno vinculado con la migración de planes a empleos registrados, mediante el cual un beneficiario de un plan Potenciar se incorpora a un trabajo formal y hasta doce meses, sigue cobrando ese aporte del estado mientras el privado debe pagarlo hasta llevar su salario al mínimo del convenio, algo que varía según la actividad. El otro título grueso del plan Massa es el blanqueo de trabajadores, un formato que remite a un sistema que instauró Cristina Kirchner en el 2009 y que permitió, según el registro de entonces, que se “blanqueen” más de 530 mil trabajadores. La dinámica legislativa de ese proyecto está en zona gris, en parte por las tensiones entre el oficialismo y la oposición, y cruzado por la tensión propia de la previa electoral. Pero, además, “el proyecto Massa es de Massa”, según define una voz oficial a elDiarioAR, no fue consensuado con el Ejecutivo ni tuvo el OK de las áreas involucradas.

Antagonismos

Así y todo, el decreto que prepara Moroni tiene similitudes con el proyecto aunque intenta, señalan fuentes oficiales, ser más riguroso para evitar un riesgo: que los empresarios usen ese marco para cambiar trabajos formales actuales por trabajadores con el beneficio del Potenciar. Es sobre ese punto que aparece unas de las objeciones más fuertes y viene del sector gremial. En Gastronómicos dicen que antes de incorporar a beneficiarios que requieren capacitación, se debería priorizar a aquellos trabajadores del sector que perdieron sus puestos durante la pandemia. “Primero habría que apuntar a los que vienen del sector y quedaron en la calle, antes de ir a formar gente”, apuntó una fuente sindical. No hay, afirma una fuente de Gastronómicos, universos compartidos entre los ex trabajadores de la actividad y los beneficiarios del plan Potenciar. Distinto es lo que ocurre, por caso, con la UOCRA que reservó el 10% de su bolsa de empleo -donde están registrados unos 70 mil trabajadores- como un “cupo” para planes Potenciar.

Pero el ruido más fuerte tiene una matriz conceptual y, a la vez, política sobre el alcance real de un programa de migración de planes a empleo. Lo conceptual se vio en la presencia de Fernández, hace una semana, en un encuentro con organizaciones sociales junto a Máximo Kirchner. Parece de léxico pero es filosófica: la diferencia entre trabajo y empleo, una idea que se alimenta en las críticas a los “planeros”.

“Se comete un error grave cuando desde el propio gobierno se habla de convertir planes en trabajo. La mujer que recibe un Potenciar y cuida chicos en una guardería comunitaria o está en una cooperativa, trabajan. Esa gente trabaja y cobra por ese trabajo que le permite, a veces, subsistir. Lo que no tiene es un empleo formal”, apunta un dirigente involucrado en el debate sobre los planes.

Se cruzan, de fondo, otros dos asuntos. Uno que agita la política y supone que las organizaciones sociales se resisten a la conversión de planes en empleos porque eso supone que pierdan poder político. Otro, que plantean desde las organizaciones como el Movimiento Evita y la UTEP, que hablan de los “límites” de la migración de planes a empleos a partir de la incapacidad del sector privado de generar una cantidad de puestos para cubrir un universo de varios millones de argentinos con problemas de empleo.

Emilio Pérsico relató en alguna ocasión que el plan Empalme de la era de Mauricio Macri, un formato similar al que se propone con el Potenciar, solo incorporó a 6 mil trabajadores, una cifra ínfima sobre el universo de personas con problemas de empleo que según la UTEP ronda los 12 millones. De esos 12 millones solo 1 millón recibe planes Potenciar mientras 2,5 millones de mujeres cobra la AUH o la tarjeta Alimentar.

En el registro de la Economía Popular figuran casi 3 millones de personas y hay 5,8 millones de trabajadores privados registrados. No se avisora proyección posible que permita incorporar a ese universo a esquemas convencionales de empleo. Por ese motivo, Pérsico minimizó el sistema “puente” y lo comparó con el “empalme” de Macri. Por eso mismo, Moroni apura un decreto para evitar que el formato termine, en algún punto, siendo “flexibilizador”.

PI