El Evita quiere influir más en el Gobierno y salir de la mera contención social

La orga del albertismo decidió jugarse un pleno. Bancar al Gobierno en la calle, en los barrios, en los medios y en el Congreso. El Movimiento Evita resolvió hacerlo en un momento especialmente sensible para la suerte del maltrecho Frente de Todos: cuando el FMI se encuentra a punto de sentarse nuevamente, por vez número 22 en la historia argentina, en la mesa de toma de decisiones del poder local. El acuerdo con el Fondo cuenta con dos apoyos garantizados en Diputados. ¿Cuáles? Los votos de Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, los dos legisladores nacionales que militan en esa organización social. 

El martes 1ª de marzo, el Evita ya escenificó sobre avenida Rivadavia su respaldo al Presidente. Con Máximo Kirchner y La Cámpora ausentísimos en el acto, el Evita fue por lejos la agrupación más convocante en la manifestación de aval a Fernández. A Alberto Fernández. El resto de las tribus presentes en las afueras del Congreso, tanto políticas, como sociales y sindicales, aportó pelotones aislados y menos nutridos. 

Una de las más visibles fue Somos Barrios de Pie, coordinada por el funcionario Daniel “Chucky” Menéndez y aliada táctica del Evita. La orga albertista cuenta con dos directores de peso. Ambos tienen cargo en el frente oficialista. Son Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, y Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.

Pérsico y el Chino Navarro no son los únicos jefes del movimiento con un puesto en el Estado. En febrero del 2021, Alberto Fernández premió al Evita con la designación del sociólogo Alexandre Roig en la presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Además de Grosso y Toniolli, el Evita tiene 13 diputados bonaerenses propios y decenas de concejales. Y cuenta con representación formal e informal en las villas y asentamientos de la Capital y el conurbano. En las elecciones recientes del barrio Mugica (ex Villa 31), el ME salió segundo. Fue la fuerza que obtuvo más delegados por manzana detrás del PRO. Cada semana, las 17 personas que integran la mesa ejecutiva del movimiento se reúnen en su local de avenida Entre Ríos. Según se jacta el dirigente del Evita y la UTEP, Gildo Onorato, “hoy podemos movilizar más de 300 mil personas a nivel nacional”.

El apoyo del Evita al Presidente, en el contexto de arreglo inminente con el FMI, es la contracara perfecta de la postura que ensaya La Cámpora. El colectivo que lidera Máximo Kirchner rechaza el acuerdo con el Fondo por dos motivos encadenados. Considera que implica un ajuste inaceptable y, por lo tanto, está destinado al fracaso. Para el espacio conducido por Pérsico y Navarro, en cambio, representa el mal menor. “Es muerte o agonía. Así al menos tenemos una chance”, dramatiza una dirigente social. 

El contraste entre LC y el ME potencia la pica histórica que existe, desde hace unos 15 años, entre ambas agrupaciones. El choque de miradas excede largamente la polémica sobre la conveniencia de pactar o no con el FMI. Las diferencias son estratégicas y hasta de perfiles socio-económicos. Mientras La Cámpora se hizo fuerte en los centros urbanos, entre los jóvenes de clase media, el Evita exhibe un despliegue más territorial y basista. 

“Estamos en una etapa de salto de calidad, desde lo social a lo productivo. Nos vimos obligados a enfrentar lo social por la crisis, porque administramos comedores y merenderos. La asistencia la vamos a seguir haciendo. Ayudamos a las familias en los barrios, contenemos a pibes y viejos, a jóvenes adictos, a chicas golpeadas cuando el Estado llega tarde. Pero buscamos ir por la política productiva del trabajo. No queremos que siga habiendo planes”, asegura ante elDiarioAr Fernando “Chino” Navarro. 

En su speech de apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández se puso un objetivo parecido. “Mientras alguien la necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos que puedan hacerlo vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales”, planteó el Presidente. Una frase que, por demasiado voluntarista, no cayó del todo bien entre algunos dirigentes sociales del oficialismo.

En la Argentina, alrededor de 1,2 millones de personas cobran 16.500 pesos del programa Potenciar Trabajo. A cambio trabajan medio día, haciendo tareas de limpieza, textilería, albañilería, pequeñas obras y agricultura, entre un sin fin de rubros. Los beneficiarios agregan changas, cuando el ciclo macroeconómico lo permite, para superar el umbral de la subsistencia. 

“Es hora de reconocer, visualizar y registrar las actividades de la economía popular. Debemos avanzar en su productividad y crecimiento construyendo nuevas generaciones de derechos. Necesitamos dotarla de créditos para que la producción impulse hacia arriba a los sectores más postergados. Debemos facilitar que el Estado compre sus insumos y haga partícipes a las cooperativas de trabajo en las pequeñas obras públicas, que el Estado realiza. Es necesario impulsar su inclusión a través de un monotributo productivo que simplifique su formalización”, prometió Fernández el martes pasado. El párrafo se traducirá en una serie de proyectos de ley, según revelan en la Casa Rosada. El del monotributo productivo sería el primero.

¿La pretensión de que los adjudicatarios del medio salario básico que ofrece el Potenciar Trabajo sean absorbidos por el mercado laboral es algo más que una expresión de deseos por parte del Presidente? “Primero es importante que Alberto haya reconocido a la economía popular. No es menor. El crecimiento no resuelve per se la crisis, porque con la teoría del derrame no alcanza. Tenemos que apostar a crecer de abajo para arriba, a partir de medidas como el monotributo productivo y muchas otras políticas”, se ilusiona Navarro. 

El jefe del Evita hace esa afirmación desde San Juan, donde un grupo de militantes armó una cooperativa para producir salsa de tomate. Los compañeros del Chino realizan desde el cultivo del tomate sobre 20 hectáreas hasta el embotellado. En esa provincia además se realizó este fin de semana un Congreso regional del movimiento. El encuentro sanjuanino es la antesala del Congreso Nacional que el Evita concretará en mayo, posiblemente en Córdoba, para definir una estrategia política rumbo al 2023. Los representantes del ME fueron recibidos el sábado por el gobernador peronista Sergio Uñac.

Sobre las fricciones con La Cámpora, Navarro opina con cautela pero sin ocultar las internas: “Bancamos al Gobierno que integramos y votamos en el el 2019, con el que tenemos diferencias y matices. No somos obsecuentes, pero una cosa es ser parte de la solución en la crítica y otra es atentar contra la unidad”.

Desde el camporismo evitan polemizar con sus adversarios internos. Pero a la vez le achacan su condición de oficialistas permanentes, ya sea bajo la presidencia de Cristina Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández. Esa chicana encierra el riesgo de la apuesta que realiza la organización social preferida del presidente. Un riesgo del que Navarro y Pérsico son perfectamente conscientes. ¿Cuál? Que la crisis económica se lleve puesto al gobierno de Fernández en 2023, junto a los planes que tiene el Evita de tallar más en el Frente de Todos. 

Por eso el respaldo blindado del Evita cuenta con un pliego de condiciones no escrito. El ME tiene una agenda propia dentro de la coalición oficialista. El principal reclamo del movimiento es que el Estado reconozca y formalice al batallón de trabajadores de la economía popular. Se trata de un universo de 4, 5 ó 6 millones de personas (no existen registros fiables) que viven adentro y también a pesar de ese sistema. Son mutualistas, cooperativistas, trabajadores de empresas recuperadas, recicladores de residuos, vendedores ambulantes, feriantes, artesanos, agricultores familiares, plomeros, carpinteros y demás cuentapropistas subempleados. Se trata del sector destacado por Fernández en su discurso del 1ª de marzo. 

“Nuestro planteo no es sólo en favor de los que tienen planes, sino de los que realizan trabajos no valorizado”, opina ante elDiarioAr Alex Roig, titular del INAES y referente del ME. Y agrega: “No se va a lograr que esos millones de personas entren al empleo formal. Pero hay que valorizar ese trabajo. Ese requiere herramientas, crédito productivo, circuitos comerciales y mejorar el compre estatal. Defender la economía en pesos no es en contra de la economía exportadora”, analiza Roig.

La lista de planteos del Evita incluyen un pedido de máxima: que la llamada Economía Popular cuente con un ministerio específico. El ME fogonea esa posibilidad desde hace al menos ocho años. La jefatura de la agrupación espera que Fernández finalmente ordene la creación de esa cartera, una vez que se cierre el acuerdo con el FMI.

AF