El fallo de la Corte y la impotencia política de los Fernández

El fallo 4 a 0 de la Corte Suprema a favor de Horacio Rodríguez Larreta y en contra del gobierno nacional confirma que no hay emergencia que valga cuando la política es impotente para resolver los problemas, tanto los de la sociedad como los propios. Triunfo del republicano jefe de gobierno que había desoído un fallo judicial que no le gustaba y derrota (una más y van...) de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el máximo tribunal. 

El fallo se puede analizar en un doble plano. El primero y más importante a nivel social es el de la pandemia y el aumento de contagios, en un país que tiene casi 65 mil muertos, no cuenta con las vacunas que necesita y enfrenta la amenaza de la falta de camas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El gobierno queda ante la imposibilidad de avanzar con las medidas que busca tomar y depende en definitiva de la negociación política con el jefe de gobierno porteño, que tal vez pueda comenzar ahora. Larreta gana una partida de cortísimo alcance que le sirve para dopar a los halcones de Juntos por el Cambio que le gobiernan la coyuntura, pero juega con fuego: pese a que acaba de sumar 50 plazas, tiene ocupadas el 83,8% de las camas de terapia intensiva en los hospitales públicos de la Ciudad, 419 de un total de 500. 

Refugiados en el Palacio, los supremos no van a elecciones, son hasta nuevo aviso dueños de un poder imperecedero y no está claro que las encuestas que muestran al Poder Judicial como uno de los de peor imagen vayan a mejorar si la Corte lauda a favor del gobierno. En su voto diferenciado, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, afirma que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”, “está sujeta al derecho”, “no crea nuevos poderes” y “no implica en modo alguno que cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación sea, por esa sola razón, constitucionalmente admisible”. 

Unidos pese a sus diferencias intensas, los argumentos de la mayoría peronista que integran Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti también están sobre la mesa. En el fallo de los dos jueces que tuvieron un paso como funcionarios del PJ se destaca: corresponde a la Ciudad la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes y decidir sobre su modalidad; el Ejecutivo Nacional no brindó fundamentos idóneos y suficientes para sostener una potestad sanitaria federal; la decisión adoptada por el Tribunal es un criterio de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino; la Corte no analiza la razonabilidad de la medida cuestionada, sino que resuelve sobre la falta de competencia del Ejecutivo Nacional para dictarla; el AMBA no es una región en términos constitucionales y desde la reforma de 1994, Buenos Aires es Ciudad Autónoma. En su voto, Lorenzetti agrega 6 puntos entre los que se destaca que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto cuando puede constituirse en una causa de daños a terceros. 

La respuesta del Presidente “contra la decrepitud del Derecho” y de su vice contra “los golpes” de hoy expresan, una vez más, la impotencia de la política en cadena nacional. Solo Elena Highton de Nolasco, condicionada al máximo por su haber sobrepasado la edad de 75 años, se abstuvo a manera de gesto a la Casa Rosada, algo similar a lo que hacía durante el gobierno de Mauricio Macri.  

Por eso, el fallo supremo es más una derrota de los Fernández que una victoria de Larreta. Por eso, tanto la respuesta de Alberto como la de Cristina expresan una dificultad de largo plazo para la que no se advierte una solución: el gobierno nacional tiene una incidencia cercana a cero en la Corte Suprema, incluso en temas propios de un dramatismo que, tal vez, ameritaba alguna forma de clemencia por parte de los cortesanos. Que CFK vuelva a hablar de “golpes contra las instituciones democráticas” en el marco de un hilo que menciona el fallo a favor de Clarín indica que la asunción de Martín Soria no resolvió hasta ahora ninguno de los problemas que padecía el Frente de Todos en la esfera judicial. Cristina toma el fallo a favor de Larreta para actualizar su vieja pelea con los supremos y sólo así se solidariza a su modo con Alberto. De fondo, vuelve a escucharse la queja estéril de un gobierno que se delata sin herramientas para transformar la realidad en el plano de los tribunales, queda reducido al plano de la denuncia y está colmado de peritos en derrotas.  

Fundamentos constitucionales y ejercicios de retórica al margen, el déficit del pancristinismo es político. Rosenkrantz es el juez más cercano al modelo de país del gobierno de Cambiemos, Lorenzetti puede ser bien considerado por La Cámpora y por el Presidente pero defiende primero su propio lugar de poder y no piensa sacrificarse si no es en función de recuperar su liderazgo de cara a la batalla interna que viene en la Corte. Rosatti tiene una mala relación, casi de no retorno, con los Fernández y busca sobre todo preservar su sociedad con Maqueda. 

Con un frente social-empresario de enorme capacidad de veto, Fernández decidió interrumpir las clases ante la expansión de la segunda ola. Era lo primero que podía hacer porque la producción sigue adelante y no para porque, como se vio, no hay resto de ningún tipo para una nueva cuarentena estricta. Pasó por arriba de Larreta -al que le ofreció una oportunidad para ganar en el reino del corto plazo- y fue directo a una definición en el máximo tribunal donde lo esperaba la derrota.  

Si los jueces buscan hablar por sus sentencias, tal vez sirvan las definiciones de Rosatti en la entrevista que concedió para el libro “El Peronismo de Cristina”. El ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner afirma: “El político siempre se queja de que el juez frena el cambio y el juez dice que no se puede hacer cualquier cosa. Eso es natural y pasa en cualquier democracia. El político es un pintor de brocha gorda; el juez es un fileteador, tiene la Constitución y la ley que le ha marcado el político. Lo único que puede hacer es descalificar una ley por inconstitucional”. Después, da a entender que lo mejor que podría pasarle a la Corte sería no tener que intervenir en los conflictos que le resultan en principio ajenos: “Muchas veces el juez interviene porque el político no ha actuado. Cuando el problema llega acá y nosotros tenemos que resolverlo, ha pasado varias instancias judiciales antes porque hay un conflicto que los poderes representativos no han podido resolver. Está mal que lo que tiene que hacer el político lo haga el juez. El juez es muy mal político en general. Judicializar algo que debería haber sido resuelto en el mundo de la política. Cuando el juez tiene que actuar como un político, ponderando situaciones, se equivoca”. Acaba de pasar otra vez.