El Gobierno anunció que este jueves habrá una reunión con una comitiva del FMI y no descartó diálogos con la CGT

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará el próximo jueves al país para renegociar el acuerdo alcanzado con la anterior gestión por el pago de una deuda estimada en alrededor de 45.000 millones de dólares, entendimiento que se considera “virtualmente caído”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana -en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno- que el objetivo de la visita es renegociar el acuerdo que el FMI suscribió con la anterior administración y que está “virtualmente caído” debido a que el país “no cumplió” las condiciones acordadas.

Esta tarde, el FMI confirmó que un equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja arribará el próximo jueves a la Argentina con el objetivo de continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa acordado por el organismo con la anterior administración.

“Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente. También podemos confirmar que las autoridades han ejercido su derecho como miembro del FMI de agrupar las recompras que vencen en enero y abonarlas a finales de mes”, señaló un portavoz del organismo.

Los funcionarios del FMI serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló Adorni.

En la víspera del año nuevo, el Banco Central emitió un informe de objetivos para 2024 en el que afirmó que “se ha progresado rápidamente en el dialogo formal con los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional”.

Según el Banco Central, un “objetivo central es despejar la incertidumbre en torno a los desembolsos pactados con vistas a atender los futuros vencimientos de capital”.

Esa incertidumbre, continua el documento que está publicado en la página web del BCRA, “responde a la obligación que enfrenta la Argentina de iniciar el proceso formal de solicitud de una dispensa (waiver) por el incumplimiento de las metas acordadas en agosto de este mismo año”, precisó la entidad que preside Santiago Bausili.

Adicionalmente, señaló que “el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para restablecer la vigencia del acuerdo firmado con el FMI y llevará a cabo negociaciones adicionales que considere contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento vigentes”.

Esta mañana, en el tradicional contacto con la prensa, Adorni no dio detalles sobre qué aspectos se pondrán sobre la mesa de negociaciones que se abrirá en los próximos días entre el FMI y el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre pasado.

Días atrás, el ministro Caputo negó que se haya acordado la llegada de fondos frescos provenientes del FMI.

También ratificó el cumplimiento de los compromisos de deuda, en el marco del acuerdo pactado por la gestión anterior.

Por lo pronto, en enero Argentina debe abonar unos 1.900 millones de dólares de vencimientos y, aunque no lo comunicaron formalmente, en el Gobierno dejaron trascender que harán uso de la posibilidad de extender el plazo hasta fin de mes.

Esta tarde el portavoz del FMI confirmó esta última posibilidad, que es la de reagrupar los vencimientos del corriente mes y abonarlos a fines de enero.

El viernes pasado comenzó a regir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que apunta a la desregulación de la economía argentina, a partir de la modificación y derogación de cientos de leyes.

El documento significa una profunda reforma del Estado y sus funciones, a la vez que pone fin a la ley Alquileres, de límite a la tenencia de tierras de parte de extranjeros, y de la ley de Abastecimiento, entre otras iniciativas.

También prevé la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre varias reformas que fueron explicitadas en los 366 artículos

Además, Milei envió un paquete de medidas bajo el paraguas de una ley ómnibus, que incluye al DNU, establece una delegación de facultades del Congreso a favor del Poder Ejecutivo, entre otras cuestiones relevantes.

El proyecto de ley ómnibus deberá ser tratada durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.

El DNU, por su parte, deberá ser analizado inicialmente por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.

El DNU puede ser rechazado u aceptado por mayoría absoluta de los presentes, y no se pueden introducir modificaciones ni agregados.

Si ninguna cámara lo trata, quedará vigente. Si una cámara lo acepta y la otra lo rechaza, continuará vigente.

En tanto, si es rechazada por ambas cámaras, puede quedar nula, o bien eventualmente podría expedirse sobre el asunto la Corte Suprema.

Los términos del DNU y de los lineamientos contenidos en el proyecto de ley ómnibus significarían un ajuste en el gasto más severo que el que pide el FMI para continuar con el acuerdo vigente.

Otro elemento que el Fondo puso sobre la mesa es la necesidad de exista apoyo político para poder llevar adelante el programa.

Asimismo, el vocero aseguró que el Gobierno nacional mantiene con la CGT “una canal de diálogo abierto”, aunque advirtió que en esa instancia no está dispuesto a negociar una “Argentina libre” que incluya “terminar con la pobreza y la indigencia”.

“El canal de diálogo está abierto. Lo que no se negocia es la Argentina libre, querer terminar con la pobreza, la indigencia. Queremos ser un país normal y eso no se negocia”, respondió Adorni a una consulta

El portavoz se refirió así al anuncio hecho días atrás por la cúpula de la central sindical, que tras una masiva movilización concretada frente a los Tribunales porteños decidió llevar a cabo el 24 de enero próximo una huelga en rechazo a las medidas económicas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional.

También el vocero sostuvo que el presidente Milei, “cuando se lanzó a su carrera” por la primera magistratura, expuso “una visión de país” y “la gente lo eligió” para cumplirla, por lo que “todos los que quieran sumarse a su idea están invitados. O estás con la Argentina que queremos o estás con la Argentina del pasado”, aseveró.

Al respecto, señaló que 2024 será para el Gobierno “un año” para seguir “encarando los cambios”, y en ese sentido convocó a “toda la dirigencia política, sindical” a “formar parte de este cambio profundo, siempre en línea con la urgencia y la situación de extrema delicadeza que tiene la Argentina, especialmente en materia económica”, dijo.

Al respecto, instó al Poder Legislativo a darle tratamiento y respaldar las iniciativas contempladas en la llamada ley ómnibus, que incluye más de 600 proyectos que contemplan reformas económicas y políticas.

“Entendiendo que empezamos un proceso legislativo donde hay dos caminos: el cambio, una Argentina más libre, en la que quien quiera invertir, pueda hacerlo sin el peso del Estado. Y quien no acompañe será porque considera que la mitad del país pobre, que los cinco millones de indigentes, que la falta de empleo es el camino”, planteó.

En ese sentido, reiteró que el Gobierno se basa en “tres pilares: ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía”.

Por otra parte, Adorni justificó la decisión tomada por el Ministerio de Capital Humano de dar de baja más de 4.000 planes sociales Potenciar Trabajo después de que la Justicia encontró irregularidades en su implementación y cobro.

“Queremos que la ayuda social llegue solamente al que necesita porque estamos en una situación de emergencia”, indicó Adorni.

Con información de Télam.

IG/CRM