El Gobierno apela al miedo y avisa en las estaciones de tren que la Policía “va a reprimir todo atentado contra la República”
Lejos de cualquier sutileza y apelando al miedo como herramienta para disuadir a los manifestantes, además de reforzar su imagen de “mano dura”, el Gobierno inundó este miércoles las estaciones de tren con carteles en las pantallas con la inscripción: “Protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República”. El mismo mensaje era transmitido por los altoparlantes.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció por su canales oficiales que “premiará” con una recompensa de $10 millones “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”.
Además, informó que el pago de la recompensa será canalizado a través del Programa Nacional de Recompensas, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. Las personas con información podrán comunicarse de manera anónima con la línea gratuita 134. “El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”, dice la comunicación.
La medida, formalizada a través de la Resolución 357/2025, se enmarca en la investigación de la causa N° 1000/2025, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del juez subrogante Sebastián Casanello.
Los fundamentos de la recompensa que ofrece Bullrich
- “Es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y ”barras bravas“ de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”.
- “Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas, una vez que arribaron a la zona del Congreso Nacional, comenzaron a agredir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego”.
- “Los precitados grupos violentos, incendiaron una moto policial y un patrullero, pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dañaron bienes públicos -entre los cuales se cuentan NUEVE (9) vehículos- y lesionaron a más de una docena de efectivos policiales”.
- “Resulta claro y evidente que los referidos grupos ejercieron actos de violencia de extrema gravedad, de forma premeditada y organizada, puesto que arribaron a la zona del Palacio del Congreso de la Nación munidos de instrumentos contundentes, armas blancas, armas de fuego, clavos de tipo ”miguelito“, elementos para iniciar incendios, entre otros objetos inequívocamente destinados a agredir, a causar daños y a lesionar”.
- “La movilización, orquestada previamente para actuar en forma gravemente violenta, buscó impedir el libre ejercicio de las facultades constitucionales del PODER EJECUTIVO NACIONAL, del modo que lo tipifica el artículo 226 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, y constituyó una ”reunión de personas armadas“ que, bajo el pretexto de ”atribuirse los derechos del pueblo y peticionar a nombre de éste“, tuvo por objeto impedir a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el libre ejercicio de sus facultades legales, tal como lo prevén los artículos 229 y 230 del precitado CÓDIGO PENAL”.
- “Los hechos descriptos encuadran prima facie en los delitos de sedición, asociación ilícita agravada, y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, sin perjuicio de una mejor calificación que resulte de la investigación penal”.
- “Resulta necesario y urgente identificar a los autores de los mencionados delitos, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”.
- “Por las características de los hechos descriptos, resulta dable considerar que se trata de un caso de seguridad nacional que amerita una rápida y contundente respuesta del Estado”.
- “Es de vital importancia para el PODER EJECUTIVO NACIONAL garantizar el orden público y la estabilidad institucional, previniendo y sancionando cualquier acto de violencia que atente contra el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y que proteja a la ciudadanía”.
- “En caso de registrarse nuevas manifestaciones con características similares a las descriptas, el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá adoptar medidas análogas, a fin de preservar la paz social y asegurar el respeto a las normas vigentes”.
- “Atendiendo a la gravedad de los hechos y la posibilidad de reiteración de situaciones de violencia organizadas, el PODER EJECUTIVO NACIONAL evaluará la ampliación de la presente resolución con el objetivo de reforzar las acciones tendientes a la identificación, sanción y prevención de este tipo de delitos”.
El operativo que planificó Seguridad
Más de 2.000 efectivos, entre policías de la Ciudad y fuerzas federales, se dispondrán este miércoles en el Congreso y sus alrededores, de cara al operativo de seguridad que se llevará a cabo durante la movilización de los jubilados.
A los 900 policías de la fuerza porteña que pondrá el Gobierno de la Ciudad se sumarán 720 policías federales y unos 400 entre miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Por lo tanto, la cifra de uniformados superará los 2.000 efectivos.
En relación a la Policía Federal, para esta ocasión “prácticamente se duplicó” la cantidad de efectivos, algo que también copiarían Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.
El Congreso y los alrededores estarán blindados, ya que permanecerán vallados a unos 100 metros a la redonda, por lo que no podrán circular los automóviles ni pasar las personas.
Por su parte, la Policía de la Ciudad desplegará unos 900 uniformados y 600 agentes de tránsito para llevar a cabo el control vehicular. a unas seis cuadras a la redonda.
De esta manera, predominó la idea que tenía la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, de evitar que los manifestantes pudieran llegar a las adyacencias de la Plaza del Congreso.
Con información de agencias.
IG
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