María Ibarzábal Murphy, la alquimista que convierte el caos libertario en normas

María Ibarzábal Murphy no es una funcionaria cualquiera. Su rol como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo está lejos de pasar desapercibido en el día a día de la gestión libertaria. En los papeles, su función es la de “modernizar” el Estado y ordenar la arquitectura jurídica del Gobierno. En la práctica, es la verdadera secretaria Legal y Técnica de Javier Milei y la persona que intenta convertir en derecho todo con lo que Santiago Caputo sueña en su despacho. Si el asesor presidencial es el ideólogo de las grandes apuestas normativas del oficialismo, Ibarzábal es la alquimista que las vuelve técnicamente posibles.

De caminata rápida y perfil bajo, esta abogada que ronda los 40 años se mueve cotidianamente de una punta a la otra del primer piso de la Casa Rosada. Su oficina en el Salón Martín Fierro, lindante con la de Caputo, es el epicentro de la ingeniería legal del Gobierno. Allí, gracias a un equipo de jóvenes letrados que trabajan a muy pocos metros de ella, en el Salón de los Próceres, se delinean estrategias que buscan tensar al máximo los márgenes de la institucionalidad establecida.

Desde el polémico decreto que limitó el acceso a la información pública hasta la intención de Milei de hacer desaparecer los registros de quienes ingresaron al blanqueo, pasando por los distintos vetos presidenciales, no hubo gesto controvertido por parte del oficialismo en el que Ibarzábal no haya estado detrás. Incluso supo orbitar, cuando todavía no era parte del gabinete libertario, los estudios de abogados en los que se cocinaron la ley Bases y el DNU 70/23. Recientemente, sus apuestas más novedosas fueron el cambio en la Ley de Identidad de Género y el mega-DNU que se publicaría este lunes.

Si bien desembarcó en Balcarce 50 en tiempos de Nicolás Posse, su línea directa siempre fue con Milei —la Secretaría que dirige es una de las pocas que está por encima de la Jefatura de Gabinete— y, sobre todo, con Santiago Caputo. Es él quien la eligió para el cargo y quien confía en su capacidad para sortear los límites constitucionales sin que el plan libertario pierda legitimidad. Es que el trabajo de Ibarzábal es tan concreto como profesionalmente desafiante: destilar cada idea en una norma posible, filtrar cada propuesta hasta que encaje dentro del ordenamiento jurídico sin perder su filo político.

Pero nadie llega a su posición sin conocer las reglas del juego. Antes de sumarse a la gestión libertaria, Ibarzábal pasó por el estudio Cassagne, uno de los más influyentes en materia administrativa, donde se moldean los argumentos legales que defienden los intereses de las grandes corporaciones. A lo largo del último año, un secreto a voces retumbó en los pasillos del poder: que tanto el proyecto de ley Bases como el polémico DNU 70/23, firmado por Milei a los pocos días de llegar a la Casa Rosada, fueron confeccionados con la colaboración de ese y otros grandes estudios jurídicos del país, como Bomchil, Marval, Bruchou y O'Farrell & Mairal, a los que la actual funcionaria habría estado vinculada.

Sin embargo, Ibarzábal tampoco es una recién llegada a la función pública. Durante el gobierno de Mauricio Macri, trabajó junto a Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro. Además, aunque su apellido no resuene en las declaraciones públicas del vocero Manuel Adorni, los nombres de varios de sus familiares dan cuenta de una cercanía estrecha con lo que fuera la gestión de Cambiemos. Es prima de Emilio Basavilbaso, exdirector de la ANSES, y hermana de Santiago Ibarzábal Murphy, quien ocupó un alto cargo en el mismo organismo.

Dar la cara

En abril, la incursión de Ibarzábal en la primera línea del mileísmo fue, en parte, una respuesta al fracaso inicial de la primera versión de la ley Bases. Cuando la estrategia de imponer el proyecto sin concesiones se desplomó en el Congreso, el Gobierno decidió cambiar de táctica y también de interlocutores. Fue entonces cuando la abogada empezó a ganar cada vez más protagonismo en tándem con el hoy vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, ahora en la cuerda floja por estar en la mira de Karina. Mientras él encabezaba las conversaciones con legisladores, ella se convertía en su sombra. Computadora en mano, aprobaba o rechazaba modificaciones en función de su viabilidad legal.

El momento de mayor exposición de Ibarzábal tuvo lugar en mayo, cuando participó de un plenario de comisiones en el Senado. Su presencia allí tuvo como objeto principal la explicación de las modificaciones a la Ley 19.549 de procedimiento administrativo incluida en la extensa normativa. La funcionaria no se anduvo con vueltas: señaló que la reforma tenía como espíritu que “la relación del Estado con los particulares no puede ser regida por criterios y parámetros del siglo pasado”. En esa línea, defendió la idea de que la estructura estatal está “sobredimensionada” y que “la gestión es ineficiente”, además de argumentar que “las reformas tienden a modernizar el procedimiento y a generar mayor seguridad jurídica con el único fin de incentivar la inversión y el desarrollo del sector privado”.

La réplica opositores no tardó en llegar. Fue el senador Oscar Parrilli quien apuntó sin rodeos contra los dichos de Ibarzábal al señalar que la redacción del proyecto “la hicieron estudios jurídicos que se han dedicado a litigar contra el Estado y que muchas veces se han encontrado con fallos de la Justicia que han invalidado su reclamo”. Y dirigiéndose directamente a la funcionaria, insistió: “Esto es para acorralar al Estado. Este es el lobby de las empresas que litigan contra el Estado que se colaron atrás de esta ley”.

Varios meses más tarde, es evidente que el papel que cumple Ibarzábal puertas adentro de la Casa Rosada va mucho más allá del título que figura en su nombramiento. En un gobierno que desafía constantemente los límites del derecho, ella es quien traduce el caos en normas, quien encuentra el atajo cuando la Constitución parece un obstáculo. Cada vez que un decreto o una reforma enfrenta resistencia, su oficina en el Salón Martín Fierro se convierte en un laboratorio donde la alquimia jurídica opera en tiempo real, bajo la atenta supervisión política del joven Caputo.

Se trata de una dinámica que funciona aceitadamente. Este lunes, sin ir más lejos, el Boletín Oficial publicará un nuevo mega-DNU confeccionado bajo su pluma: un golpe de profundidad en la reestructuración del Estado que promete la eliminación o fusión de más de 60 organismos. Un ajuste que lleva el sello inconfundible de Federido Sturzenegger y cuyo texto Milei está dispuesto a firmar sin titubeos. Mientras tanto, Javier Herrera Bravo, el secretario Legal y Técnico en los papeles, sigue a la sombra de Ibarzábal, cada vez más opacado, reducido a un espectador de lujo en un cargo donde las decisiones se toman en otra oficina.

PL/MC