Les pibes están en peligro
Les pibes están en peligro por muchas razones. No sólo porque la comida y los útiles escolares que deberían llegar a comedores y barrios se pudren en galpones. También porque se desmantela la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y con ella una pluralidad de políticas de inclusión y acompañamiento.
Están en peligro por la falta de trabajo y precarización que golpea ferozmente a las juventudes en particular y a las familias en general, vulnerando los derechos más básicos.
Ahora, también están en peligro porque desde los ministerios de Seguridad y de Justicia se agita, una vez más, una salida punitivista a los problemas de las adolescencias y juventudes con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 13 años .
Este verdadero despropósito desconoce los tratados internacionales que nuestro país ha incorporado como parte de su legislación, así como toda la evidencia que muestra que este tipo de medidas sólo sirve para profundizar la violencia institucional, sin solucionar ningún problema de fondo. Existen muchas ideas instaladas en el sentido común, con los medios de comunicación tradicionales operando para ello, que no se corresponden con las estadísticas reales sobre delitos cometidos por menores de edad, y que sólo reproducen la estigmatización y exclusión de aquellxs que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Desde Fundación SES podemos compartir nuestra experiencia de acompañamiento y trabajo concreto junto a adolescentes y jóvenes infractores o posibles infractores de la Ley Penal. Desde 2018 llevamos adelante diversas iniciativas que hicieron foco en propuestas integrales que buscaron ofrecerles herramientas, la oportunidad de encontrarse con nuevos modos de conocimiento, con nuevos saberes que no formaban parte de sus itinerarios de vida habituales. Las propuestas buscaron acompañar, imaginar y planificar otros proyectos impensados para ellxs hasta ese momento.
Para que esto resulte posible, es necesario abrir canales de articulación entre los diferentes actores de la sociedad que, parados desde el paradigma de la corresponsabilidad, trabajen mancomunadamente para tender redes de sostén y acompañamiento en la construcción de nuevos trayectos de vida.
Se trata de reconocer, de hacerse cargo e intentar reparar las condiciones estructurales que marcaron las vivencias de esos adolescentes y jóvenes: la vulneración de derechos y la violencia sufrida en forma sistemática desde la más temprana infancia, que podríamos sintetizar en la escena terrible de que su contacto más tangible con el Estado ha sido a través de sus aparatos represivos y del encierro.
En esta línea, se hace necesario entrelazar esta cuestión con la crisis de cuidados, ya que revela cómo las estructuras sociales y económicas desatienden las necesidades de las y los jóvenes y sus familias, especialmente de aquellas lideradas por mujeres, en las que se espera que asuman el peso del cuidado y la crianza sin el apoyo necesario. Al abordar el problema de adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal, es vital reconocer que muchos ellxs son producto de entornos donde la falta de acceso a recursos, educación y apoyo emocional es crónica. Es en este sentido que urge plantear respuestas desde la idea de la corresponsabilidad social, que implica no solo responsabilizar al Estado y la comunidad en la educación y el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sino también valorar y redistribuir el trabajo de cuidados.
En 2023 —con el apoyo de la ahora desmantelada SENAF— llevamos adelante también un proceso participativo a nivel federal para relevar la situación de adolescentes y jóvenes infractores o presuntos infractores de la ley penal y la mirada intersectorial sobre el abordaje de dicha problemática. Con la participación de un amplio abanico de instituciones, tanto estatales como de la sociedad civil, profesionales, jóvenes y comunidades logramos sintetizar un diagnóstico, acuerdos y recomendaciones para las políticas públicas.
De nuestro trabajo e investigación se desprendieron algunas propuestas que hay que llevar adelante con urgencia:
Se necesita una política pública y un sistema de promoción y protección de derechos que debe contar con equipos capacitados en forma específica.
A la vez, es necesaria la profesionalización del personal que trabaja con los y las jóvenes infractores de la ley penal. Capacitación desde una perspectiva socio-educativa y estabilidad laboral que permita una intervención eficaz en las trayectorias de vida de los y las adolescentes.
Desde luego, se debe asignar presupuesto para políticas públicas que acompañen la intervención en la prevención, atención y políticas de egreso y promover en todo el proceso intervenciones interministeriales, en particular con las áreas educativas, de salud y de desarrollo social.
Lejos del limitado y erróneo enfoque punitivista que se reduce a la idea de la “baja de la edad de imputabilidad” como solución mágica a todos los problemas, desde estas experiencias, se identifica que urge la necesidad de problematizar el actual régimen de responsabilidad penal juvenil.
Es necesario contar con una legislación a nivel nacional en consonancia con la norma internacional suscripta por nuestro país que permita armonizar las distintas normativas jurisdiccionales a una legislación de fondo adecuada. Una nueva legislación que sea de carácter integral y que pueda poner en el centro la perspectiva de derechos.
La autora pertenece a Fundación SES, una organización de la Sociedad Civil que desde 1999 trabaja en Argentina y América Latina por la promoción y restitución de derechos de las adolescencias y juventudes.
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