Piñera se enfrenta a un juicio político por los Pandora Papers en plena campaña electoral chilena

En Chile, más que una revelación, los Pandora Papers fueron un bofetón al conjunto de la opinión pública a las puertas de las elecciones del 21 de noviembre. Buena parte de la información que publicó el reportaje de Ciper Chile y LaBot, dos de los 150 medios que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ya había sido revelada en 2017 en un reportaje de radio Biobío. En aquel entonces, nadie reparó en la información: no provocó, ni de lejos, la sacudida que ha causado ahora. 

Las filtraciones publicadas el pasado fin de semana ponen el foco en la venta de acciones propiedad de la familia del presidente Sebastián Piñera en las Islas Vírgenes Británicas en 2010. El comprador fue Carlos Alberto Délano, amigo de la infancia y de la universidad del mandatario, condenado en 2018 por evasión fiscal, quien compró la participación de un proyecto minero –Dominga– que se pretende instalar en el norte de Chile, en la zona de La Higuera, ubicada en la región de Coquimbo, donde se encuentra uno de los ecosistemas más ricos del mundo. 

La polémica se encendió con fuerza porque se dio a conocer que la transacción se realizó en un paraíso fiscal y aporta los documentos. En las Islas Vírgenes Británicas se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas, la última de las cuales dependía de que la zona donde se emplazara la minera no fuese decretada como área de protección ambiental. Esta condición estaba sujeta a las decisiones que tomaría el primer Gobierno del propio Piñera (2010-2014), por lo que, según apunta la investigación periodística, puede generar un conflicto de intereses. A pesar de la presión de los grupos ecologistas, la zona no fue declarada de protección ambiental y Délano cumplió con el tercer pago.

Dos impactos: judicial y político

El efecto de Pandora, cuyo eco resonó durante toda la semana en Chile, tiene al menos dos aristas destacadas: la política y la judicial. En 2017, la Fiscalía investigó los hechos, pero terminó por cerrar la causa que también fue sobreseída por la Corte de Apelaciones y la Suprema. “Al terminar la investigación, la Fiscalía recomendó terminar con la causa porque la venta se ajustaba plenamente a derecho por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este presidente de cualquier cargo relacionado con la mencionada operación”, dijo Piñera este lunes durante una comparecencia pública para dar explicaciones sobre las revelaciones periodísticas.

Sin embargo, durante el juicio de 2017 no se analizó la transacción que tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas, ya que no había conocimiento público de este antecedente hasta este fin de semana. Ahora, el fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó a la Unidad Anticorrupción volver a analizar los documentos de la venta de la minera. Si se despeja la existencia de posibles delitos, se podría iniciar una investigación penal de oficio.

En el flanco político, la noticia llegó cuando falta un mes y medio para las elecciones presidenciales y parlamentarias. El impacto de las revelaciones se prevé largo. Los grupos de oposición anunciaron este miércoles que presentarán una acusación constitucional (juicio político o impeachment) contra Piñera en el Congreso. Será el segundo de su mandato. El primero –que no prosperó– se intentó a finales de 2019 por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social de octubre de ese año. Este otro será por haber infringido el principio de probidad [conducta intachable y desempeño honesto del cargo] y por “comprometer gravemente el honor de la patria”, ambos puntos establecidos en la Constitución.

Ante este escenario, Piñera dijo en su rueda de prensa que la acusación constitucional “no tiene absolutamente ningún fundamento” porque se hará “por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía y en que los máximos tribunales de justicia en forma unánime se pronunciaron descartando toda irregularidad y delito”. Este argumentario ha sido repetido en los últimos días por varios miembros del Gobierno. “Es una acusación basada en una falsedad, porque, según ellos [sus impulsores], habría información que no habría sido conocida en el pasado, en el juicio que se hizo en el año 2017″, dijo el portavoz del Ejecutivo, Jaime Bellolio.

La candidatura de la derecha, amenazada

En La Moneda no esperaban que la decisión de impulsar el juicio político avanzara de forma tan rápida, sobre todo, porque no imaginaban que la Democracia-Cristiana (DC), de centroizquierda a pesar de que suele respaldar al Gobierno en muchos de sus posicionamientos, se sumara tan pronto. De hecho, según fuentes citadas por la prensa, miembros del Ejecutivo trasladaron a la DC que si mantienen su apoyo al impeachment no respaldarán a su candidata presidencial, Yasna Provoste, en una eventual segunda vuelta contra la izquierda, una información que el Gobierno desestima. En el Partido Socialista también recibieron comentarios acerca del impacto en la dinámica electoral o la “distorsión de los resultados” que el juicio político podría suponer. 

Se considera que las revelaciones periodísticas pueden enturbiar la carrera presidencial del candidato de la derecha, Sebastián Sichel. “Como el presidente no va a estar en la papeleta electoral, la gente traslada el costo de su malestar a quien representa al presidente, que es el objeto de castigo”, dice Marco Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central. “Sichel es el candidato de La Moneda y no parece razonable que pueda deshacerse la marca Piñera porque, sencillamente, la gente no le va a creer”.

Además de haber tenido cargos en el actual Gobierno –como ministro y antes como presidente del Banco Estado–, Sichel representa a la coalición de derecha Chile Podemos Más. Para evitar el coste electoral, el candidato optó por tomar distancia del presidente. “Se requieren más aclaraciones de las que ha habido”, dijo. Aunque no respalda la acusación constitucional, sí apela a que se conforme una comisión investigadora.

El abogado y analista político Jorge Navarrete coincide en que Sichel es el “candidato de la continuidad”. “Sus esfuerzos para promoverse como independiente y procedente de un mundo distinto al de la derecha lo terminan acercando a Piñera”, dice. Para el sociólogo y director de la encuesta Data Influye, Axel Callis, el problema del candidato es que “su propio sector no lo identifica como alguien que los represente, ni les dé certezas sobre lo que viene, porque no tiene ni definiciones políticas ni programáticas claras”.

Qué dicen las encuestas

Hasta hace poco, Sichel era quien tenía más posibilidades de pasar a una segunda vuelta y competir contra Gabriel Boric, candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio y del Partido Comunista, que lidera por ahora los sondeos. Sin embargo, desde la semana pasada y a raíz de otros errores cometidos en la campaña que se suman a la situación actual, esa tendencia empezó a cambiar y el candidato de ultraderecha José Antonio Kast (Partido Republicano) se colocó en segundo lugar.

“Frente a los actuales niveles de polarización, con una política y campaña cada vez más binarias, el candidato de la extrema derecha es quien capitaliza el potencial derrumbe de Sichel”, dice Navarrete. Moreno, en cambio, cree lo contrario. “Es muy difícil que Kast pase a segunda vuelta, él tiene un problema de techo. Con doblar su votación respecto al 2017 es un avance importante, pero quien mejor puede capitalizar lo que pase con Sichel es Yasna Provoste, desde el centro”. 

Los impulsores del juicio político estiman que se iniciará antes de la primera vuelta electoral, prevista para el 21 de noviembre. En el Gobierno confían que, aunque se apruebe en la Cámara de Diputados, no avance en el Senado, donde se requiere un cuórum mayor, de dos tercios. “Que un presidente no termine su mandato es algo muy extraordinario y grave en Chile, por lo mismo, no solo la derecha votará en contra, sino que es también un escenario que muchos ciudadanos miran con distancia y recelo por la incertidumbre institucional que aquello generaría”, dice Navarrete, quien también duda de su aprobación en la Cámara Alta.

Sea como sea, la votación en el Senado se celebrará antes de la segunda vuelta, prevista para el 19 de diciembre.