Protocolo antipiquetes: piden ante Casación que el juez Casanello no sea apartado de la causa
La diputada porteña Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad) solicitó este miércoles que se reconozca la competencia del juez Sebastián Casanello en el hábeas corpus contra el “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El recurso fue presentado ante la Cámara de Casación Federal para revertir el fallo que le quitó al magistrado el expediente, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR.
Al menos cinco juzgados y tres tribunales han intervenido ya en el expediente y sólo el juzgado de Casanello había aceptado intervenir en el caso, en el que se solicitó declarar la inconstitucionalidad del protocolo del Ministerio.
La presentación ante el tribunal de revisión busca revertir el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, en el que los jueces decidieron apartar al magistrado de primera instancia, a pesar de que este se había declarado competente.
El habeas corpus preventivo llegó a los tribunales el 18 de diciembre. Fue el primer planteo de inconstitucionalidad del llamado “protocolo antipiquetes”. La resolución del Ministerio de Seguridad prevé la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial” cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.
La iniciativa prohíbe que sean cortadas calles y rutas. El protocolo establece que los efectivos de las fuerzas de seguridad “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” y que tendrán “especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”. La fuerza que utilicen los agentes “será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”, aclara la normativa.
Lo cierto es que la última aplicación del supuesto protocolo de orden público distó mucho de la letra escrita. Las fuerzas de seguridad que actuaron durante las manifestaciones por el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso actuaron de manera desproporcionada y abusiva, según surge de las imágenes tomadas por camarógrafos y fotoreporteros, además de grabaciones de manifestantes y transeúntes.
La aplicación del protocolo provocó castigos físicos y lesiones a los manifestantes, puso sus vidas e integridad física en riesgo y terminó con detenciones arbitrarias. Más de 20 periodistas y reporteros gráficos terminaron heridos con balas de goma disparadas de forma directa a sus rostros y cuerpos.
El 5 de diciembre último, Casanello dictó las primeras medidas y solicitó al Ministerio de Seguridad que expliqué los fundamentos jurídicos del protocolo.
Al día siguiente, el ministerio de Seguridad respondió la solicitud y en base a su respuesta el magistrado dictó una medida cautelar limitando el protocolo, solicitando a la ministra Bullrich que arbitre los medios necesarios para instruir a las fuerzas de seguridad a ajustar su accionar a la Constitución Nacional.
El juez fijó una audiencia entre las partes para el 14 de febrero. Ese día, Fierro, la fiscal Paloma Ochoa y el juez Casanello se reunieron en audiencia con Bullrich. El acto debía continuar a la semana siguiente pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones sostuvo que el caso debía ser tratado en el fuero contravencional penal nacional (no federal).
La Cámara Federal también declaró la nulidad de la medida cautelar que había dictado Casanello.
ED/JJD
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