El vaciamiento de las políticas de DDHH pone en riesgo las pruebas del genocidio en Argentina

El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales. “Quedó una sola persona a cargo de la conservación de cinco kilómetros lineales de documentos ubicados en 14 depósitos, lo mismo que para dar respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad. Para la atención de la sala de consultas, no quedó nadie”, afirmaron algunos trabajadores consultados por elDiarioAR que prefirieron no dar sus nombres y apellidos.

A ese panorama se le suma que solo dos personas continúan trabajando en el área de digitalización de documentos y apenas una en la oficina de Recursos Humanos. Además, al frente del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado permanecen solo tres personas, quienes tiene la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones de víctimas y Centros Clandestinos de Detención (CCD), al igual que para la actualización de legajos de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

La Comisión, presidida por el escritor Ernesto Sábato, presentó hace poco más de 40 años ante la Justicia el informe “Nunca Más”, que dio cuenta de las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos de hombres, mujeres y niños, así como también del robo de bebés a mujeres embarazadas secuestradas en centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. Uno de los soportes materiales que permitió ordenar y organizar las declaraciones testimoniales de sobrevivientes y familiares de desaparecidos para el informe fue un fichero metálico que agrupó una gran cantidad de fichas enumeradas con el nombre y apellido de personas desaparecidas y de sobrevivientes y con categorías como “cese arresto”, “liberado”, “expulsado” y “desaparecido” para cada uno de ellos.

Aquel fichero forma parte forma parte del fondo “CONADEP” que resguarda la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del ANM y, sujeto a técnicas de protección y conservación, se encuentra exhibido en el edificio del Archivo.

Allí también se encuentran preservados, entre otros documentos, agendas, afiches, actuaciones judiciales, álbumes fotográficos, anotaciones y recursos de amparos legales presentados para obtener información o conocer el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas por el régimen militar. Una de las anotaciones rescata el recuerdo que relató una detenida ilegal, de nacionalidad española, tras recuperar su libertad: “Menciona que vio a un detenido que cantaba en francés”.

El Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti fue creado en 2008, bajo administración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos abierto a la comunidad. El nombre del Centro rinde homenaje al escritor, docente y periodista Haroldo Conti, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976 por la última dictadura militar cuando tenía 51 años. El Conti, como otras instituciones dedicadas a la preservación de la memoria, se encuentra ubicado en el predio donde funcionó durante el régimen dictatorial uno de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT) más emblemáticos: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estuvieron secuestradas cerca de 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de 200. Desde hace más de 16 años se ofrecen allí obras de teatro, cine, conciertos de música, danza y exposiciones de arte. Además, se llevan a cabo seminarios de políticas de la memoria y encuentros internacionales sobre derechos humanos. Uno de los objetivos del Conti es transformar en un espacio de arte y resignificación de lo que antes fuera un sitio emblemático de privación, exclusión y muerte. 

El cierre, por ahora provisorio, del Conti impidió esta semana, por ejemplo, que los visitantes pudieran recorrer la 35º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que expone más de 140 fotografías registradas en 2023 por unos 85 autores. Organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), la muestra es considerada la más importante de la región.

La primera nieta recuperada, despedida

Como varias decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, Tatiana Sfiligoy llegó este jueves a la puerta del Conti y se encontró con que su nombre estaba en el listado de despedidos. Sfiligoy es la primera nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo y lleva más de 12 años como contratada en la Secretaría. “Veíamos venir los despidos, pero no sabíamos que sería tan ‘motosierra’. La lista de despedidos es enorme y horrible. Nos hace acordar a otras listas siniestras de otras épocas del país”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos. Sfiligoy, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos en 1976 por represores de la última dictadura, consideró que los despidos de trabajadores “no tienen ningún asidero lógico, más allá de la postura del Gobierno de liquidar la política de derechos humanos” vigente en las últimas décadas. “Me llama la atención el coraje que han tenido para hacer semejante salvajada”, sostuvo.

Ante la presunción de que los despidos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos iban a ser anunciados con el nuevo año, los trabajadores se manifestaron el viernes 27 de diciembre en la puerta del predio donde funcionó la ESMA. Ese día, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se llevaron a cabo “tareas ilegales de inteligencia” con motivo del “monitoreo de la represión a la protesta social”.

La CPM registró la “presencia de personal policial de civil sin identificación que deambulaba entre los convocados y luego interactuaba con efectivos de la Policía de la Ciudad” en el predio situado en Avenida Del Libertador al 8100, en el barrio de Núñez. La Comisión advirtió que el mismo día “hubo agentes de fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio” del Conti.

“Me preocupa que la sociedad no tome conciencia de esto porque venimos en un retroceso de derechos”, destacó Sfiligoy. 

La “reestructuración” que el secretario Alberto Baños plantea llevar a cabo en el Conti “es una señal de alarma importante”, dijo a elDiarioAR Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para Torras, la decisión tomada por el Gobierno nacional “manifiesta una voluntad de cierre al menos temporal hasta que se pueda llevar adelante una reestructuración que no queda clara, aparentemente tanto de personal como de programas y de actividades”. Sin embargo, resaltó, es necesario “tener en cuenta que este es un Estado liquidador que no dejará nada en pie salvo que lo considere estrictamente indispensable. Por otro lado –sostuvo–, es evidente que no existe interés de este Gobierno en sostener un proyecto como el del Conti, que está en las antípodas de su perspectiva política e ideológica, y que seguramente asumirán como antieconómico”.

Torras opinó que el Gobierno de Milei “se encuentra por momentos en una posición bifronte, en la que no termina de asumir una hostilidad abierta con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia tal como se estructuraron o incluso tiene una retórica de aprobación, como la que manifestó Baños en la audiencia de noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde reivindicó, por ejemplo, que el Gobierno sostiene la ex ESMA, los sitios de la memoria, el rol como querellante en los juicios. En definitiva, sostuvo un discurso de defensa de estas políticas. El problema –destacó Torras– es que ese discurso no se sostiene en las decisiones que están tomando porque despiden a los trabajadores que llevan adelante las políticas, las dejan sin presupuesto, cierran los programas y los espacios.Y tampoco se sostiene en sus posicionamientos públicos en los que desprecian muchas veces lo que se ha construido en este campo y atacan a quienes han contribuido en ese proceso”, agregó.

Para Marina Franco, doctora en Historia e investigadora principal del Conicet, las políticas de derechos humanos “entran, en dos niveles, al dedillo en la lógica de la extrema derecha. Primero, en la destrucción de lo público y el desmantelamiento del Estado, en general. Y, segundo, en la eliminación de lo que le representa realmente sus enemigos ideológicos, en este caso las políticas de derechos humanos y todo aquello que el Estado ha hecho en las últimas décadas en ese sentido. El cierre provisorio del Conti y el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria forma parte de la destrucción del Estado focalizada en los mayores enemigos ideológicos”, consideró en declaraciones a elDiarioAR.

El Archivo, comentó Franco, es “el lugar de referencia fundamental de toda la documentación sobre derechos humanos después de la dictadura en adelante y, además, de la información que sirve para todos los juicios de lesa humanidad. Es gravísimo porque se trata de la destrucción del patrimonio histórico y de pruebas documentales sobre las violaciones de los derechos humanos en la Argentina”.

Las periodistas y escritoras Silvana Melo y Claudia Rafael encararon hace más de un año una investigación acerca de los padecimientos psiquiátricos que sufrieron los presos políticos en cárceles durante la última dictadura militar. Para obtener historias y testimonios de la época, recurrieron al Archivo de la Memoria; durante enero de 2023 trabajaron allí más de ocho horas diarias y obtuvieron la asistencia de entre seis o siete trabajadores. “Recibimos de ellos una ayuda imprescindible, porque nos guiaron en el camino de búsqueda de información a través de computadoras, documentos y expedientes judiciales. Aquella asistencia representó más de las 2/3 partes de nuestra investigación”, que será publicada en marzo próximo en formato de libro, contó Melo a elDiarioAR. En un sentido similar a Sfiligoy, Melo recordó que por segunda vez consecutiva se llevan a cabo desde el Gobierno de Milei despidos de trabajadores públicos un 31 de diciembre y por mensaje de WhatsApp. “La parálisis de la sociedad ante lo que está ocurriendo es tremenda”, agregó.

Fuentes judiciales recordaron a elDiarioAR que “gracias a un legajo” perteneciente a la documentación que preserva el ANM del trabajo hecho por la CONADEP se pudo descubrir que durante la última dictadura militar había funcionado, entre marzo y mayo de 1976, un Centro de Clandestino de Detención y Torturas en un inmueble ubicado en la calle Bacacay 3570, en el barrio de Floresta. El sitio estaba situado en la misma manzana donde, casi un año después, fue emplazado el Centro Clandestino “Orletti”. El legajo de la CONADEP “sobre el cual se trabajó fue el de Emma Le Bozec”, precisaron las fuentes judiciales consultadas. Le Bozec era maestra y poeta cuando el 30 de abril de 1976 fue secuestrada por un grupo de tareas y llevada al centro clandestino de la calle Bacacay. “Yo estaba preparando todo para festejar los cumpleaños de mis hijos (...) cuando irrumpieron estas bestias. Entraron encapuchados y con armas largas” contó años después acerca de su secuestro.

Los trabajadores del ANM consultados por elDiarioAR destacaron que a los 30 trabajadores despedidos hay que sumarle que otras 19 personas “están sin contrato y recién se están iniciando sus trámites” a tal fin porque les fueron cambiadas las condiciones del vínculo laboral. Además, otros trabajadores que pertenecen a las plantas transitorias y permanentes del Estado y que se desempeñan en el ANM sufrieron recortes en sus salarios que van del 40% al 60% porque se encontraban contratados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en el país y que, en los últimos años, se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia. Mediante ACARA, los trabajadores percibían una buena parte de sus salarios en concepto de incentivos.

Los despidos también alcanzaron a trabajadores a cargo de los sitios de la memoria. Uno de ellos es el Centro de la Memoria Virrey Cevallos, situado en el barrio porteño de Monserrat, donde funcionó durante la última dictadura un CCD. El edificio está ubicado en la calle Virrey Cevallos al 600, a pocas cuadras del Departamento Central de la Policía Federal Argentina, y fue un centro clandestino a cargo del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Se estima que un centenar de detenidos-desaparecidos pasaron por allí. El lugar quedó al borde del desmantelamiento tras el despido de cinco de los siete trabajadores que se desempeñaban.