Vialidad: la fiscalía presenta nuevas pruebas del supuesto direccionamiento de las obras hacia Báez
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola continuarán este viernes con el alegato en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de cerrar la primera línea de la acusación: cómo se orquestó el supuesto direccionamiento de 51 obras viales a las empresas de Lázaro Báez, entonces socio de la familia Kirchner, en la provincia de Santa Cruz.
Durante la tercera audiencia del alegato, que tendrá lugar este viernes, Luciani expondrá durante la mañana y Mola, por la tarde. El alegato de la fiscalía comenzó el lunes de esta semana, cuando Luciani sostuvo que “al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elisabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de la provincia de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.
Durante esta semana, funcionarios, legisladores y organismos públicos publicaron en comunicados y redes sociales mensajes de apoyo a la vicepresidenta por una presunta “campaña” o “embestida judicial” en su contra en este juicio.
Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez.
La vicepresidenta se había conectado vía Zoom a la audiencia virtual, ya que el tribunal exige a los imputados escuchar el alegato de los acusadores, pero a pesar de haber estado habilitada para conectarse a la segunda audiencia no lo hizo.
La acusación en el caso de presunta corrupción en la obra pública de la provincia patagónica, también conocido como Vialidad, se extenderá por al menos dos semanas más. Las audiencias se retomarán el lunes, martes y viernes a las 8.30 de la mañana y serán transmitidas por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.
Las defensas de los trece imputados, que incluye al ex ministro Julio De Vido, además de a López, Báez y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del organismo de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, tendrán unas 39 audiencias ante el Tribunal Oral Federal número 2 para responder a la acusación de la fiscalía.
Lunes
En la primera audiencia del lunes, el fiscal Luciani expuso también mensajes de texto y de Whatsapp extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Francisco López que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta y el empresario Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015 y en torno a un presunto “plan de huida” para “limpiar todo” lo relacionado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Los mensajes nunca habían salido a la luz. Forman parte de las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López en “la causa de los bolsos”, en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito.
Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada” y ante la consulta de elDiarioAR a su abogado Carlos Beraldi respecto a los mensaje exhibidos este lunes en el juicio, el letrado respondió que la defensa esperará que finalice el alegato de la fiscalía antes de pronunciarse. Fernández de Kirchner sostiene que se trata de una “causa fraudulenta” y que los jueces ya tienen “la sentencia escrita y firmada”.
Martes
Durante la segunda audiencia, Luciani y Mola expusieron ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso sobre el direccionamiento de las 51 obras viales bajo investigación en esta causa. Ambos fiscales sostuvieron que se modificaron normativas, resoluciones y reglas oficiales para “dar apariencia de legalidad a la maniobra” que favorecía “a un empresario amigo”.
Luciani expuso cuatro ejemplos -los “más burdos”, dijo-, para afirmar que “las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, aseguró, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos los jefes de Estado, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.
El fiscal expuso extractos de documentos, normas, convenios, resoluciones, expedientes administrativos y un informe de auditoría interna de Vialidad Nacional de 2013 para fundamentar la acusación, junto con las declaraciones de los testigos de la fiscalía durante el juicio.
El caso
Vialidad acumula más de tres años de audiencias, 600 horas de juicio y más de tres toneladas de documentación, afirmó una fuente directa del caso a este medio.
La vicepresidenta es juzgada junto a exfuncionarios de sus gobiernos -como el exministro Julio De Vido- y el exsocio de su familia, Báez, por supuesta defraudación a la administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión- en la adjudicación de 51 obras viales a las empresas del patagónico en la provincia de Santa Cruz. Todos los acusados han negado siempre la comisión de delitos.
Estos delitos también pueden implicar inhabilitación para ejercer cargos públicos por lo que una condena eventual a Fernández de Kirchner le impediría, una vez firme, ocupar cargos públicos.
La sentencia condenatoria o absolutoria llegaría a finales de este año, según las estimaciones del tribunal.
ED
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