El vocero del juez Rosatti declaró ante diputados en una reunión con insultos y tensión, pero sin avances concretos

Cabizbajo, contenido y decidido a no pisar sobre vidrios rotos, Silvio Robles, vocero, mano derecha y director de la vocalía del juez Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia, declaró este martes ante la comisión de Juicio Político. Fue una nueva jornada en la investigación contra los cuatro jueces del máximo tribunal por supuesto mal desempeño, en la que se esperaba una tensa reunión entre el testigo, los diputados del oficialismo y los de la oposición. Así fue. La declaración se extendió por casi cuatro horas.

Sin embargo, el balance final de este martes es que la comisión sigue sin hallar pruebas contundentes para elaborar una acusación formal contra los magistrados por el caso de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, también conocida como el fallo de la coparticipación.

“Testigo renuente”, “manifiestamente reticente”, “mentiroso compulsivo”, fuera de micrófono“ y ”operador“ de Rosatti fueron algunas de las frases utilizadas por los diputados del Frente de Todos para describir a Robles durante el interrogatorio. 

Una opción del oficialismo era solicitar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que ordene la detención del testigo por haberse negado a responder la mayoría de las preguntas del interrogatorio, pero no fueron por la opción máxima. También podrían haber denunciado penalmente por falso testimonio. 

En cambio, el Frente de Todos votó por mayoría que se le solicite a la Corte la eximición de la confidencialidad como funcionario judicial para volver a citar a Robles y que no pueda apelar al artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional para no responder gran parte de las preguntas. También ordenaron un careo con Daniel Marchi, ex administrador de la Corte y uno de los hombres más poderosos en el tribunal hasta abril último, cuando los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz ordenaron su traslado en medio de una interna ya extendida con el juez Ricardo Lorenzetti.

En la mayoría de las preguntas, las respuestas del funcionario judicial fueron las mismas: “No intervengo en cuestiones jurisdiccionales” y “no voy a contestar”, en base al artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a no autoincriminarse al declarar; y del “artículo 8 del Reglamento de la Justicia Nacional”, que obliga a los funcionarios judiciales a guardar reserva de los asuntos vinculados con las funciones de los tribunales.

Robles es uno de los protagonistas de los “supuestos chats” filtrados tras el hackeo al teléfono del exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien también estaba citado este martes a declarar en la comisión parlamentaria, pero solicitó reprogramar la fecha. Si no se presentaban o no justificaban su ausencia, el oficialismo podría haber pedido la detención de ambos.

Estas dos declaraciones —la de Robles y la de D’Alessandro— se debían realizar en el marco de uno de los capítulos centrales de la avanzada oficialista contra la Corte: el fallo de diciembre de 2022 a favor de la Ciudad en el reparto de los impuestos nacionales coparticipables para el financiamiento de la policía porteña. Es el pedido formal de juicio político que presentó el presidente Alberto Fernández junto a gobernadores oficialistas.

“Me siento hostigado”, dijo Robles —un hombre conocido por su vehemencia, la que no afloró durante la declaración— luego de que el diputado Germán Martínez (Frente de Todos) perdiera la paciencia y le recriminara su reticencia a responder las preguntas, y le recordara: “Usted es funcionario público”. “He recibido acusaciones sin fundamentos reales”, afirmó Robles en la comisión de Diputados. También sostuvo que los oficialistas en la comisión le “faltaban el respeto” y “le imputaban delitos” durante el interrogatorio.

Testigo o acusados

El interrogatorio giró en torno de cuestiones que Robles entendió que si las respondía podían incriminarlo penalmente. Los testigos están obligados por ley a declarar la verdad pero no a declarar contra sí mismos o autoimputarse la comisión de delitos sin presencia de su abogado defensor y en el marco de una declaración indagatoria, en la que puede negarse a declarar. 

Robles no es blanco de la investigación de la comisión ya que por su cargo no puede ser sometido a juicio político, pero sí puede ser denunciado nuevamente por delitos penales en el ejercicio de su función, como, por ejemplo, presunto tráfico de influencias.

“Usted tiene el cargo más alto en la vocalía del doctor Rosatti”, le recordó la diputada Mabel Brawer (Frente de Todos) cuando Robles se negaba a responder sus preguntas sobre el funcionamiento de la vocalía y cargos de otros funcionarios.

“”Si alguien piensa que hay oscuridad o poca transparencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, usted lo ratificó ampliamente aquí. La verdad es que es tan oscura la Corte como su presencia en este lugar. No nos ha dicho absolutamente nada“, le dijo el diputado Juan Manuel Pedrini (Frente de Todos) al testigo antes de interrogarlo. Sus dichos desataron gritos de queja de los diputados de Juntos por el Cambio. ”Me ha discriminado“, le respondió Robles, y con su usual ironía agregó: ”Quiero que conste en acta que un hombre del peronismo me acaba de discriminar diciéndome oscura presencia“.

¿Por qué se las preguntaban entonces? Porque Robles es uno de los platos fuertes de este proceso contra los jueces de la Corte y una de las variables que motivaron el pedido de juicio político que presentaron el presidente Fernández y gobernadores tiene justamente que ver con los chats o supuestos chats entre Robles y D’Alessandro. El Presidente lo negó en entrevistas a principios de año y dijo que la denuncia contra los jueces de la Corte era previa a la filtración, pero la presentación fue justamente posterior a que se dieran a conocer las conversaciones o supuestas conversaciones. 

Estos chats o supuestos chats se filtraron el 30 de diciembre, Fernández anunció el 1° de enero de 2023 que denunciaría a Rosatti y sus colegas Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda; y la denuncia de Presidencia es del 4 de enero.

El oficialismo quiere probar que el fallo contra el Gobierno Nacional se debió a una decisión partidaria, no política o jurídica, aunque demostrar que la decisión jurídica de uno o cuatro jueces es causal de juicio político o motivo de mal desempeño no es fácil; pero es menos difícil demostrar que hubo un presunto tráfico de influencias entre Rosatti y el gobierno de Larreta, vía Robles y D’Alessandro. Eso sí sería causal de mal desempeño de un juez. 

D’Alessandro y el fallo

Luego del fallo cautelar -que el Gobierno de Alberto Fernández nunca cumplió-, se filtraron chats o “supuestos chats” en los que Robles y el entonces ministro de Seguridad porteño intercambiaban información sobre fallos de la Corte, entre ellos el que se centra en el reparto de la coparticipación. Las conversaciones virtuales -según D’Alessandro los chats son falsas-, muestran una supuesta familiaridad y complicidad entre la mano derecha del juez Rosatti y el entonces ministro de Horacio Rodríguez Larreta, previo al fallo a favor de la Ciudad.

Robles se negó a responderle al diputado Leopoldo Moreau (Frente de Todos) —el encargado de mantener la calma y principal interrogador en la reunión— sobre si conocía a Marcelo D’Alessandro. “Hay cuestiones que están judicializadas”; “no voy a responder a esa pregunta”, afirmó el funcionario judicial.

Al inicio de su declaración, Robles sostuvo sobre Rosatti: “Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales. A pesar de ello, seré veraz en mis dichos”.

Luego Robles pidió autorización para leer un texto de una carilla en el que dijo que había sido injuriado por integrantes de la comisión, Leopoldo Moreau le señaló que estaba “victimizando al doctor Rosatti”, quien “aún no está formalmente acusado por la comisión de Juicio Político”; e insinuó que el testigo estaba propiciando “un show periodístico”.

“La única causa [penal] que se le inició [por los supuestos chats] está cerrada. Otras denuncias fueron acumuladas material y jurídicamente a la causa. Están todas acumuladas, todas cerradas”, planteó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos).

“La causa está archivada, no cerrada, lo que no significa cosa juzgada o terminada, no hay sobreseimiento”, lo contradijo Juan Manuel López (Coalición Cívica, Juntos por el Cambio). “Puede ser reabierta por cualquier prueba o hecho que surja posteriormente”, aclaró el diputado opositor.

“Cada vez que una persona interpreta que algo que pueda decir lo incrimine, tiene derecho a no declarar”, dijo Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio).

ED/JJD