Bullrich quiso capitalizar un desalojo que no fue: mapuches abandonaron antes su comunidad para evitar la represión
El Gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad y la Administración de Parques Nacionales, consiguió este jueves que la comunidad ancestral mapuche tehuelche Paillako abandone los territorios en disputa en la zona del Parque Nacional Los Alerces, Chubut. Fuerzas de seguridad ingresaron en horas de la mañana al lugar con intención de proceder al desalojo ordenado por el Juez Federal Guido Otranto, pero las cuatro familias que integran la comunidad ya habían dejado el territorio.
La ministra Patricia Bullrich, el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se hicieron presentes y celebraron la resolución del conflicto. En el lugar la funcionaria de Javier Milei aseguró a la prensa: “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”. Larsen dijo a través de su cuenta en X: “Acabamos de recuperar la seccional El Maitenal del Parque Nacional Los Alerces que Cruz Cárdenas y su séquito autoproclamado mapuche usurpaban desde 2020. Continúa el operativo. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, referentes de la comunidad, son cuarta generación de mapuches que viven en la zona. Sus respectivos bisabuelos nacieron en el lugar que ahora la Justicia les ordenó desalojar. La “Investigación e informe antropológico” sobre la “formación histórica y territorial del Lof Paillako” –incorporado al expediente judicial por usurpación, y al que accedió elDiarioAr– da cuenta de la presencia ancestral mapuche en toda la zona y de, por lo menos, cuatro generaciones de las familias Cárdenas y Salinas, integrantes del lof Paillako.
“Fue posible –dice el documento– demostrar la ancestralidad en el territorio de diversas familias que componen la Lof Paillako, hasta por lo menos cuatro generaciones atrás, comprendiendo el periodo anterior a la conformación de la actual Administración de Parques Nacionales. En efecto, es el caso de Lemu Cruz Cárdenas y Belén Salinas, cuyos bisabuelos ya se encontraban asentados en el lugar”.
El informe de septiembre de 2023 –de 141 carillas– fue realizado por el Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA), dependiente de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET).
La presencia ancestral, según se demuestra en dicho trabajo académico, es anterior a la conformación del Parque Nacional Los Alerces, en 1937. A principios de 2020 la comunidad Paillako anunció la “recuperación” territorial y desde entonces mantiene un enfrentamiento con las autoridades del Parque Nacional. A través de un proceso administrativo, Parques Nacionales resolvió la expulsión de las familias –bajo la figura de “intrusos”, de acuerdo a normativa creada durante la última dictadura militar, que no fue modificada hasta la actualidad–, medida que fue ratificada por el juez Otranto. Las distintas instancias de apelación no encontraron eco y la Justicia había fijado para este 9 de enero la fecha del desalojo. En paralelo, se sustancia una causa penal, cuya resolución aún está pendiente.
En noviembre del año pasado se estrenó el documental Pailako-Cosmovisión en Resistencia (disponible en YouTube), de los realizadores Tatiana Conde y Ezequiel Menevichian, donde se revela la historia y mirada de la comunidad, profundizando la línea de que la Lof Pailako Futalafken Mew es una comunidad en proceso de reivindicación de territorio ancestral que lucha, no solo por la defensa de los bienes comunes, sino también por las infancias y su derecho a la vida.
Ya el miércoles, en horas de la tarde, una veintena de vehículos de distintas fuerzas de seguridad comenzaron a acercarse a la zona, mientras que varias decenas de uniformados se desplegaron para participar del operativo. Pero al momento de iniciar el desalojo las familias no estaban en el lugar. Desde la Gremial de Abogados, representantes de la comunidad en la causa penal, informaron a este medio que la decisión buscó evitar hechos de violencia, teniendo en cuenta que entre quienes viven allí hay niños y bebés.
A través de un comunicado, el ministerio de Bullrich señaló que “el operativo, realizado bajo protocolos estrictos de seguridad, a cargo de la Policía Federal Argentina, marcó un hito al ser el primer desalojo en 18 años, con el objetivo de restaurar el orden en la zona”. La información que brindó la cartera libertaria es errónea. El 4 de octubre de 2022 un operativo bajo las órdenes del por entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández, desalojó a la comunidad Lafken Winkul Mapu del territorio en Villa Mascardi.
Bullrich, en contacto con la prensa, repasó este jueves que “durante 18 años, en Argentina se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado. La propiedad privada había perdido su valor. Luchamos durante muchos años para poner fin a la Ley 26.160, y este gobierno lo logró. Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, planteó.
La ministra insistió: “Venimos a reafirmar nuestro compromiso con el pueblo argentino, que pone como prioridad el orden, la defensa de las libertades y la propiedad privada, con la Constitución Nacional y las Leyes como faro. Este es el primero, pero vamos a hacer tantos procedimientos como sean necesarios, siempre defendiendo al ciudadano de bien que quiere hacer de este país una patria grande, productiva, y con futuro. Con nuestro Gobierno, la tierra es de su dueño legítimo y no de quien se autopercibe su propietario”.
En una misma línea se expresó el gobernador de Chubut, quien ya había cargado contra quienes, dijo, “se autoperciben mapuches” y reclaman la restitución territorial. La gobernación provincial difundió que “la ocupación de estas tierras generó múltiples inconvenientes, entre ellos ataques físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales y un grave perjuicio al derecho de la propiedad del Estado Nacional”.
De hecho, hace un año Torres acusó a Cruz Cárdenas y la comunidad de ser responsables de los incendios del Parque Nacional Los Alerces. La investigación judicial no encontró ningún indicio que avale esa denuncia.
Por su parte, Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAr que este accionar “dejará su recuerdo en el pueblo mapuche”. Y destacó: “Tuvimos acompañamiento de todas las comunidades. Es algo que no olvidaremos. No va a ser gratis la devolución”.
Millán concluyó: “Una forma que tenemos de responder a estas decisiones de muerte es vivir. Es el antagonismo: seguiremos existiendo como pueblo, como comunidades. Seguramente volverá Paillako, seguramente volverá Winkul”.
MC
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