Luz verde definitiva: aprueban en España la ley de eutanasia

La ley de eutanasia en España ya es una realidad después de que el Congreso diera luz verde definitiva al texto procedente del Senado. A mediados de diciembre, la Cámara Baja ya había respaldado por amplia mayoría la norma que introduce un nuevo derecho en el país europeo, pero en su trámite habitual los senadores incorporaron algunas enmiendas y por ello requería de esta última ratificación. La aprobación, que fue con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, lleva a España a ser uno de los primeros países del mundo en permitir ayudar a morir dignamente ante sufrimientos irreversibles tras más de 20 años de intentos fallidos y de intenso debate social y político. PP, Vox y UPN votaron en contra.

El texto, impulsado por el PSOE, incorpora al ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, el derecho a la eutanasia, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento “que la persona experimenta como inaceptable y que no pudo ser mitigado por otros medios”. “Se ampara así la autonomía y la libertad del paciente”, razona la norma, porque “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” de la persona.

La votación en el pleno, que se produjo pasado el mediodía español, culminó con una larga ovación de la mayor parte de la cámara, que estalló en aplausos durante más de cuatro minutos. Al mismo tiempo, los diputados del partido de extrema derecha, también en pie, exhibieron el mensaje “la derogaremos” a través de sus notebooks y tablets en referencia a su anuncio de recurrirla ante el Tribunal Constitucional. La presidenta de la cámara, Mertixtell Batet, tuvo que interrumpir la escena recordando que “no se permite el uso de pancartas y que la libertad de expresión se ejerce mediante la palabra”.

Fue el gallego Ramón Sampedro el que en los años 90 le puso voz pública a la pelea por la muerte digna, pero los rostros de Luis de Marcos, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod o María José Carrasco, que pidieron hasta sus últimos momentos poder poner fin a su vida, están hoy más presentes que nunca. Sus familiares no pudieron ver la votación en directo desde las alturas de la tribuna de invitados, como suele ocurrir en las votaciones históricas, debido a las restricciones por la pandemia, pero la siguieron desde una sala del Congreso. Familias a las que los diputados quisieron nombrar y homenajear en su turno de fijación de posiciones y con las que se disculparon “por llegar tarde”.

La mayor parte de oradores defendió sus argumentos en apoyo a la ley y recordó que lo que implica es “la consecución de un derecho y no una obligación”, en palabras de Joseba Aguirretxea, del PNV, que foinalizó su intervención con un aplaudido “no hay nada mejor que vivir cuando se quiere vivir, pero no hay nada peor que vivir cuando se quiere morir”. “Hasta ahora las leyes condenaban a vivir a las personas que soportaban un sufrimiento inhumano e irreversible, pero por suerte esto hoy va a cambiar. Esta ley no obliga a nadie, lo único que hace es que se pueda elegir”, manifestó en la misma línea Carolina Telechea, diputada de ERC.

Que es una ley “garantista” es algo que también se reiteró en varias ocasiones a lo largo de la sesión, y también que “solo tiene como finalidad garantizar los derechos individuales y el ejercicio de la autonomía personal hasta el último momento de la vida”, proclamó desde Unidas Podemos Rosa María Medel. La socialista María Luisa Carcedo recordó los nombres de algunas de las personas que pidieron morir públicamente en los últimos años, personas que “decidieron contar su intimidad” para “lograr este nuevo derecho”. “Ellas y muchos familiares, que ya no pelean por los suyos porque se fueron con tristeza y con dolor, pelean por los demás, y son los verdaderos artífices de este nuevo derecho”.

Carcedo expresó: “Muchas gracias a todos los que de alguna manera apoyaron esta causa, que no es solo mía, sino de cualquier ser humano. Ojalá puedan tener esa salida si llegan a necesitarla”. La exministra de Sanidad fue despedida de la tribuna con una larga ovación y dio paso a la actual titular de la cartera, Carolina Darias, quien expresó su agradecimiento a los diputados, las familias y las asociaciones en defensa de la eutanasia “en nombre del Gobierno”.

Cómo es el proceso

Se prevé que en unos tres meses la eutanasia ya sea legal en España. A expensas del día exacto en el que el Boletín Oficial del Estado (BOE) la publique tras su aprobación –el viernes 19 es feriado en varias comunidades–, el texto estipula ese plazo para su entrada en vigor, a excepción del artículo referido a la creación de las Comisiones de Garantía y Evaluación de las comunidades, que será de aplicación un día después. El objetivo es que haya tiempo para ponerlas en marcha y no se dé un desajuste temporal. Este fue uno de los ligeros cambios que introdujo el Senado, junto a la inclusión del colectivo de enfermería en estos organismos, que hasta entonces solo incluían a personal médico y jurista. 

En la práctica, se trata de un marco legal que despenaliza el hecho de prestar ayuda para morir en acotadas situaciones, ya sea de forma activa, que es cuando un médico pone fin a la vida del paciente a petición de este, o en forma de 'suicidio asistido', que se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. Deberá ser mayor de edad y sufrir una enfermedad “grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause “un sufrimiento físico y psíquico intolerables”, lo que deberá certificar un médico. Además, tiene que ser “capaz” de obrar y decidir y hacerlo de “forma autónoma, consciente e informada”. Los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia.

La ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud de España y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. En cualquier momento, la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en ese país.

Deberá, además, pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Todo ello con unos plazos estipulados que solo pueden acortarse si la muerte es “inminente” y tras un “procedimiento deliberativo” entre sanitario y paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. Información que la ley obliga a que el solicitante reciba por escrito.