La conservación de la Amazonia en Brasil genera más crecimiento que el modelo actual de explotación

La conservación de la selva no sólo es vital, sino que puede generar un gran beneficio económico a la Amazonia brasileña: 7.400 millones de euros extra para el PIB de 2050 respecto al escenario de referencia y 312.000 empleos más de los actuales.

Así de contundente es la conclusión del último estudio del World Resources Institute (WRI) Brasil titulado 'Nueva Economía para la Amazonia'. La conservación de la selva no sólo permitiría a Brasil cumplir con los Acuerdos de París sobre el calentamiento global, sino que provocaría crecimiento económico.

El estudio describe qué ocurriría en 2050 si se conservara la selva Amazónica brasileña y se recuperara parte del bosque degradado: se evitaría, entre otras cosas, la deforestación de 59 millones de hectáreas y las emisiones de carbono caerían un 94%.

De esta manera, se esquivaría el punto de no retorno de la Amazonia, que los científicos fijan en 2029. Si no se hace nada por remediarlo, en esa fecha la selva no conseguirá garantizar las lluvias necesarias para su propia existencia, hecho de consecuencias desastrosas para todo el planeta.

La bioeconomía

El estudio de WRI se centra en una actividad pujante que no había sido tenida en cuenta hasta ahora y denominada bioeconomía. El cultivo de azaí, una fruta energética que se exporta a todo el mundo, es un buen ejemplo: “La bioeconomía no se define por el producto, sino por el proceso. El azaí producido con monocultivo es una commodity [materia prima]. El azaí producido en sistemas agroforestales, diseminado en tierras con otros usos y rica en selva, es bioeconomia”, asegura a elDiario.es Fernando Barbieri, economista de WRI Brasil, uno de los coordinadores del informe.

Las prácticas de la Cooperativa Agrícola de Tome Açu (C.A.M.T.A), en el estado de Pará, visibilizan el funcionamiento de la bioeconomía. “Tenemos recetas para que el agricultor tenga cosecha continua. Cupuazú durante seis meses. Después se comienza a producir cacao. Luego, pimienta negra. Se acaba el año con azaí”, afirmaba Alberto Oppata, presidente de C.A.M.T.A, al programa televisivo Globo Reporter.

Además, la bioecomomía no es incompatible con la agropecuaria: “El agricultor es bienvenido en la Amazonia siempre que no deforeste y que trabaje en áreas infra aprovechadas”, señalaba al mismo programa Beto Veríssimo, cofundador del Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

La economía indígena tiene especial peso en la bioeconomía: del cultivo de alimentos a la distribución de hierbas medicinales, pasando por productos textiles o artesanales, el estudio contempla una economía “indígena basada en elementos comunitarios y en el reparto de los beneficios”.

Una economía que suele estar organizada en asociaciones, cooperativas, grupos de productores o iniciativas familiares y está usualmente liderada por mujeres. “La economía tradicional no reconoce nuestra forma de trabajar. Nuestros procesos tienen una escala menor, diferentes a los de la producción industrial”, afirma la antropóloga indígena Braulina Baniwá, una de las autoras del estudio.

Para Baniwá, el territorio pertenece tanto a los humanos como a los otros seres vivos y su biodiversidad merece respeto. “Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva”, asevera.

Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva

En el estudio se apunta otro problema: la balanza comercial. La Amazonia brasileña tiene un déficit de 20.934 millones de euros (exporta 65.200 millones e importa 86.125 millones). A pesar de que el 75% de población amazónica vive en ciudades, la región cuenta con poca capacidad industrial, con la excepción de la Zona Franca de Manaos.

Muchos de los productos amazónicos se empaquetan en ciudades del sur y sudeste de Brasil. “Aumentar la capacidad de industrializar sus propios productos sería revolucionario. Provocaría la generación de riqueza para la región sin necesidad de deforestación”, reconoce Barbieri.

Por otro lado, el estudio de WRI revela que las demandas del resto de Brasil y el comercio internacional son responsables del 83% de la deforestación de la Amazonia legal (un territorio que excede a la Amazonia selvática).

La transición energética es otra de las recomendaciones del informe de WRI. “Los paneles fotovoltaicos, ya sea en sistemas flotantes sobre hidroeléctricas existentes o en pastos degradados, generarían el 55% de la electricidad de la región en 2050. Si los subsidios a los combustibles fósiles de Brasil en la última década se redireccionaran para las energías limpias, estas financiarían el 60% de la transición energética”, asegura Caroline Rocha, gerente de clima del WRI Brasil.

Inversiones para salvar la Amazonia

Pero para que el escenario del informe sea una realidad en 2050, se necesita una inversión equivalente al 1,8% del PIB de Brasil, frente al 1% en la actualidad. De los 470.000 millones de euros adicionales que se calcula que harían falta, 274.00 millones irían destinados a la mejora de la infraestructura (transporte fluvial y conexión a internet principalmente); 217.000 millones a la bioeconomía y a la restauración de la selva (22 millones de hectáreas); 81.200 millones a la agricultura y pecuaria de baja emisión de carbono y 75.300 millones a la transición energética.

“Las inversiones necesitan de dinero público (ya sea en forma de créditos o de subsidios), bancos de desarrollo, bancos privados, filantropía... El desafío es que ese capital llegue a las comunidades locales. Por otro lado, el coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas”, alerta Carolina Rocha.

El coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas

También se necesita el capital internacional para salvar la Amazonia. Por ese motivo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está intentando reclamar el dinero prometido por el G7 en la COP celebrada en Dinamarca en 2019 por un monto de 100.000 millones de dólares.

Al mismo, tiempo el mandatario ha resucitado el Fundo Amazonia, programa estatal que antes de ser congelado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro destinaba capital internacional a proyectos de conservación.

La diplomacia verde de Lula ha conseguido que los financiadores históricos vuelvan a apoyar el fondo (Noruega y Alemania) y que se sumen nuevos países (Estados Unidos y China, entre otros). Sin embargo, a día de hoy, el Fundo Amazonia es insuficiente.

“Los recursos necesarios para la transición son cien veces mayores que la financiación del Fundo Amazonia. No obstante, es revolucionario. Por un lado, el fondo financia proyectos de conservación, restauración, fortalecimiento comunitario, investigación y desarrollo. Por otro lado, actúa como señal de lo que debe ser hecho para la transición, funcionando como un seed money [dinero semilla] que consigue más inversiones públicas y privadas”, asegura el economista Barbieri.

Sin ir más lejos, Francia, Reino Unido y España ya han mostrado interés en el Fondo Amazonia.

¿Explotar el petróleo de la selva?

El petróleo y su explotación es una de las amenazas para la Amazonia. Recientemente, el propio Lula declaró que quiere seguir “soñando” con la explotación de petróleo amazónico. La aparición de importantes yacimientos en la desembocadura del río Amazonas ha colocado al Gobierno brasileño frente a sus contradicciones.

Sin embargo, el gubernamental Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negó a la empresa pública de petróleo Petrobras la licencia ambiental para la perforación del primer pozo cerca de la desembocadura del Amazonas, pero la petrolera ha recurrido la decisión.

Mientras Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, se opone a la extracción, un sector poderoso del Gobierno (ministerio de Minas y Energías y el súper ministerio de la Casa Civil) ha defendido públicamente la explotación de este recurso.

En los diálogos Amazónicos que tuvieron lugar durante la Cumbre de la Amazonia, celebrada en Brasil, grupos de la sociedad civil pidieron el fin de la explotación petrolífera. La declaración que salió de esa cumbre, firmada por los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), eludió mencionar el petróleo y de los dirigentes de esos Estados, el colombiano Gustavo Petro fue el único que propuso el fin de la explotación petrolífera.

Un punto de inflexión para la región podría llegar tras el referéndum de este domingo en Ecuador sobre la explotación petrolífera en la reserva natural de Yasuní, en plena Amazonia. La victoria del 'Sí' significaría aparcar la explotación del petróleo de Yasuní, hogar de pueblos indígenas aislados y del ecosistema más diverso del planeta (601 especies de aves, 140 de anfibios, 83 de reptiles y 20 de mamíferos).

En 2007, el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso la creación de un fondo internacional para compensar a Ecuador la no explotación del Yasuní. La compensación fue cifrada en 3.600 millones de dólares (más de 3.300 millones de euros), pero la comunidad internacional acusó a Correa de chantaje y el presidente enterró su propuesta en 2013, afirmando que el mundo no había estado a la altura.

“En el primer Gobierno de Correa se trató de llevar adelante. Luego, el propio Gobierno boicoteó la propuesta porque había intereses petroleros que presionaron fuertemente”, explica a elDiario.es Juanma Crespo, coordinador de investigaciones de la alianza de organizaciones indígenas Cuencas Sagradas Amazónicas.

El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia

“El referéndum del 20 de agosto es consecuencia de que Correa decidiera finalmente explotar el Yasuní. Se trata de una movilización ciudadana que podría lograr algo sin precedentes en el mundo: mantener el petróleo bajo tierra por voluntad popular”, afirma el ecuatoriano. “El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia”, agrega.

La sociedad civil, de la que había surgido la iniciativa de una compensación económica, lleva meses preparando la campaña del 'Sí' de cara al referéndum del 20 de agosto, día en el que los ecuatorianos están llamados a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.

El resultado del referéndum podría alterar la postura de otros gobiernos de los países amazónicos, divididos entre los que están a favor y en contra de explotar el petróleo, y todos profundamente dependientes de él.