Liberaron a los ambientalistas que estaban detenidos en Andalgalá

Siete ambientalistas fueron liberados este lunes en la localidad catamarqueña de Andalgalá, después de que permanecieran privados de su libertad desde el pasado 10 de abril, tras los incidentes producidos en medio de las protestas de grupos antimineros, que finalizaron con destrozos en las oficinas de la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y de la sede del Partido Justicialista. 

La fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, Marta Nieva, hizo lugar al pedido del abogado Juan Figueroa y accedió a bajar la caución que impuso de 300.000 a 150.000 pesos para liberar a los detenidos. Familiares lograron garantizar el pago del monto y los ambientalistas Matías Paz, Walter Mansilla, Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Enzo Brizuela, Augusto Brizuela y Damian Abel recuperaron la libertad pasado el mediodía, según informa El Ancasti.

Entre otras medidas, la fiscal Nieva dispuso que deberán presentarse cada 10 días en las oficinas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial y no podrán ausentarse de sus domicilios sin la autorización judicial. Además, no se les permitirá mantener contacto con los denunciantes. Por su parte, Aldo Flores, Sara Fernández y Ailen Diamante Saracho, también detenidos en ocasión de los incidentes en Aldalgalá, permanecen con prisión domiciliaria.

Por su parte, la asamblea El Algarrobo, emitió un comunicado, a través de las redes sociales.

¿A qué se oponen los ambientalistas con las protestas que ya llevan 585 semanas?

“Agua Rica, que también se le dice MARA, es un proyecto de minería a cielo abierto ubicado en la cuenca del río Andalgalá, más cerca del río Minas, que es uno de sus afluentes principales, en una zona de glaciares y periglaciares, a 14 kilómetros del centro de Andalgalá”, explica Melina Zocchi, integrante de la Asamblea El Algarrobo. “Pero más allá de las ubicaciones, es un proyecto que es inviable por ser megaminero, porque lo que es inviable es la megaminería a cielo abierto. Esto está demostrado en todos los casos del mundo”, dice Zocchi.

Se refiere al hecho de que la megaminería no solo consume gran cantidad de agua, en este caso además en una zona semiárida, sino que contamina esa agua por lo que se llama drenaje ácido minero, que es la formación de aguas ácidas, ricas en sulfatos y metales pesados, que se infiltra en las napas subterráneas y contamina los suelos, la flora y todo el ecosistema. 

En Andalgalá, que se encuentra a 40 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital de la provincia, saben de qué se trata, porque allí se instaló el primer proyecto de megaminería a cielo abierto de Sudamérica, Bajo la Alumbrera, hace más de veinte años. Por lo tanto, los vecinos de la zona están informados.

“En el caso de Agua Rica, además, el proyecto no tiene aprobados los primeros estudios de impacto ambiental, viola un montón de leyes, la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley general del ambiente, además de la ordenanza 029/16, que fue aprobada de forma unánime con firma plena de todo el Concejo Deliberante, de todas las fuerzas políticas que lo componen, y que prohíbe las actividades antrópicas en la cuenca del río Andalgalá”, añade Zocchi, que destaca que existen alternativas de desarrollo para la zona.

“Pero ellos no tienen la voluntad de ponerse a trabajar en un desarrollo inclusivo en serio, porque eso no implica un negocio para pocos”, asegura. “Tenés mil otras maneras de generar más puestos de trabajo, además de una apuesta en serio a las actividades productivas de la zona que son las originales y las típicas y las que la gente distingue y que tienen que ver con lo agropecuario, con lo agroindustrial e incluso con industrias que no tengan este impacto. Porque nada justifica que para que algunos tengan trabajo, los pueblos se queden sin agua”.

La Asamblea El Algarrobo, de la que forma parte Melina Zocchi, nació a fines del 2009. En ese entonces trascendió información que indicaba que máquinas vinculadas a la empresa minera estaban por avanzar en la exploración, aún sin el estudio de impacto ambiental aprobado.

“Ante esta situación uno de nuestros compañeros, Aldo Flores, que es uno de los detenidos ahora, junto con otros, se planta en el camino que va de Chaquiago a Potrero, uno de los accesos al portón de Agua Rica. Ese bloqueo fue poblado de toda la comunidad enseguida y duró varios meses”. El 15 de febrero de 2010, las fuerzas especiales Kuntur de la policía de Catamarca reprimieron ese acampe con balas de goma y gases lacrimógenos. También la plaza del pueblo, donde se había reunido mucha gente.

El conflicto ahora estalló por un motivo similar: máquinas perforadoras de la minera fueron vistas ingresando a la zona por un camino alternativo custodiadas por Gendarmería. Por eso, el 10 de abril la caminata por el agua y por la vida contó con más participación de la habitual: más de 4.000 personas. 

En respuesta al conflicto, hace una semana, el Gobierno de Catamarca emitió un comunicado asegurando que desde hace una década garantiza la participación ciudadana en proyectos mineros. “El procedimiento de evaluación del informe de Impacto Ambiental y la Participación Ciudadana son mecanismos que están regulados desde hace más de una década por normativa nacional y provincial, y de los cuales puede participar todo aquel que tenga un interés directo o indirecto en la materia”, señaló la ministra de Minería, Fernanda Ávila. 

“En el caso concreto del proyecto Agua Rica”, asegura el comunicado, “se dispuso la consulta pública, abierta y sin restricción, del Informe de Impacto ambiental, en tres espacios geográficos a la vez, con el objetivo de posibilitar acceso a la información a interesados ubicados en diferentes localidades, pudiendo requerirse copia digitalizada del expediente. De igual modo, se invitó a distintos actores a intervenir de las instancias de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se llevaron a cabo”. 

Para Zocchi: “Las consultas públicas en pandemia por YouTube dando unos minutos para leer documentos de 3.000 páginas, son una vergüenza y un mamarracho. El 'como sí' no es el 'sí'. Sabiendo que no tienen licencia social y que no son viables, ni siquiera pueden ofrecer de una manera seria la información que ellos mismos tienen sobre el proyecto”.

Mientras tanto, la movilización continúa, con vigilias y manifestaciones en diferentes puntos del país y una visibilidad cada vez mayor del conflicto.

La de Catamarca es la tercera rebelión que se produce en poco tiempo contra nuevos planes mineros, uno de los pilares del desarrollo productivo por los que apuesta el Gobierno nacional. A comienzos de 2020, fue el pueblo de Mendoza el que se movilizó contra una reforma que hubiera habilitado la minería metalífera con el uso de cianuro y ácido sulfúrico. En marzo de 2021, en Chubut el gobernador Mariano Aricioni tuvo que dar marcha atrás con su proyecto de rezonificación minera que hubiera habilitado la explotación química de plata, cobre y plomo.